La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y, de esta manera, evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF. Con esta decisión, desde este jueves, los demandantes podrán comenzar los pedidos de embargos de activos ubicados en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Los demandantes son los fondos  Burford Capital y Eton Park.

El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de u$s16.100 millones, en septiembre pasado, por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF y tenía plazo hasta ayer para abonar o presentar avales de garantía. En tanto, había solicitado un nuevo aplazamiento de la fecha, pero fue rechazado hoy por la jueza Preska, dejando firme como límite el día de ayer.

De esta forma, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ocurrió tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad. En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y, para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior. 

El CEO de Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, transcribió en su cuenta de X parte del fallo de la jueza donde la misma indica en sus conclusiones que "se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le ‘recomienda’ que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF".

En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, los representantes de la República remarcaron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y, si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.

"Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por u$s16.000 millones", decía el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.

La juez Loretta Preska es quien decidió el pago de 16 millones de dólares

La jueza denegó el pedido

"El 26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de u$s16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó", indicó la magistrada.

Asimismo, añadió: "Pero esta vez la República busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional de 90 días. Por múltiples razones se desestima la moción. Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata".