¿Al final la deuda de los importadores no era tan grande?: recrudecen las sospechas tras la auditoría estatal
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Entre los respaldos de tipo político que el gobierno recibió del Fondo Monetario Internacional se destaca una insinuación sobre la corrupción que estaba asociada al anterior marco regulatorio de las importaciones.
El comunicado oficial del organismo califica como "un sistema opaco" al esquema de las SIRA y elogia el hecho de que se haya sustituido por "un régimen más basado en el mercado". También demuestra su conformidad con la fórmula propuesta para resolver, mediante un bono, el problema de los créditos impagos por parte de los importadores, y destaca que de esa forma se hará "un registro adecuado de las deudas comerciales".
Son palabras que suenan alineadas con el discurso de Javier Milei, quien durante la campaña electoral calificó al sistema SIRA como "un tongo" y una fuente de corrupción.
En definitiva, el FMI parece suscribir a las sospechas que desde hace tiempo penden sobre el marco regulatorio del comercio exterior, dominado por la discrecionalidad, y que daba lugar a situaciones de sobrefacturación para aprovechar el diferencial cambiario que generaba el cepo.
Pocas horas antes de ese comunicado, el ministro Luis Caputo había comunicado un nuevo paso en la desregulación del comercio exterior, al eliminar el "sistema de capacidad económica financiera", que basándose en criterios de fortaleza de cada importador podía restringir el acceso a los permisos para traer mercadería del exterior.
"Constituía una enorme barrera a la hora de importar, analizando un gran número de variables atinentes a la situación financiera de las empresas que no guardan relación con el nuevo sistema declarativo", explicó el ministro.
Ahora, según Caputo, "se impedirá que exista arbitrariedad de parte del Estado a la hora de intervenir en el proceso de compras en el exterior".
Diferencias sospechosas
Estos hechos pusieron una confirmación política a una sospecha que estaba instalada en el mercado desde que se difundieron los datos de la auditoría a la deuda importadora. Solamente se habían inscripto operaciones por u$s21.000 millones, cuando el total de la deuda estimada sobre la base de las licencias del sistema SIRA, que superaba los u$s60.000 millones.
La inscripción es obligatoria para poder recibir las divisas con las cuales cancelar las operaciones pendientes. El plazo, que originalmente vencía el 10 de enero, fue pospuesto hasta el 24 de enero, dadas ciertas complicaciones de trámite.
Los expertos del sector estiman que, cuando se agregue deuda anterior a la vigencia del SIRA y se habilite la carga para algunas operaciones como la del tipo "courier", el monto podría superar los u$s30.000 millones.
En todo caso, seguiría siendo una gran diferencia respecto de la estimación original, lo cual ha dado lugar a especulaciones respecto de qué es lo que explica esa situación.
Hay quienes apuntan que la explicación estaría en las deudas ya canceladas con fondos propios o por créditos de casas matrices, en el caso de firmas pertenecientes a grupos internacionales. Se estima que hasta un 60% de la deuda podría ser entre empresas de un mismo grupo.
Pero también se están intensificando las sospechas de corrupción en el otorgamiento de las SIRAs, lo cual llevaría a desalentar la inscripción voluntaria de parte de la deuda para acceder al mercado oficial de divisas. Entre quienes han denunciado esta situación figura Carlos Rodríguez, ex jefe de asesores del entonces candidato Milei durante la campaña electoral.
"Al final la deuda con los importadores parece que era un globo que se está desinflando desde que apareció la amenaza de auditoría", planteó el economista, que le sugiere al gobierno que a quienes tengan deuda vencida se los intime a comprar directamente divisas en el mercado del "contado con liquidación".
De hecho, hay analistas del mercado que creen que exactamente eso fue lo que disparó la cotización del dólar CCL en las últimas dos semanas, en coincidencia con el escaso nivel de adhesión que se generó en el arranque del Bopreal, el nuevo bono creado para saldar la deuda importadora, que hasta ahroa ha resultado un forma de financiación más cara que el mercado paralelo.
Los sospechados, sobreseídos
Lo cierto es que, desde que se difundieron las cifras de la inscripción en el padrón de la deuda de importadores, esas manifestaciones de sospecha se han multiplicado y empiezan a tornarse un tema de la agenda política.
Lo que no está tan claro es si el gobierno decidirá avanzar en la investigación para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios de la gestión anterior.
Las sospechas por el funcionamiento de las licencias SIRA habían sido objeto de denuncias contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, y otros funcionarios, por el delito de otorgamiento arbitrario de los permisos y por el cobro de sobornos. Hace dos semanas, la justicia federal sobreseyó a Tombolini y achivó el caso.
La decisión del juez Julián Ercolini estuvo fundamentada en que el sistema tiene procedimientos que garantizan la transparencia y trazabilidad en la operatoria de comercio exterior, y que por eso Tombolini no podía tener facultades discrecionales para otorgar permisos.
La situación generó críticas internas en el espacio de gobierno, por el hecho de que organismos como la Unidad de Información Fiscal, la AFIP o la Oficina Anticorrupción no hayan intervenido como parte querellante. De hecho, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió en el Congreso el argumento de que esos organismos deberían abstenerse de cumplir ese rol.