La trama de las apuestas que vincula a las provincias con el caso Insaurralde
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La desregulación de la economía que impulsa el presidente Javier Milei abarca casi todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, pero, por diferentes circunstancias, no impacta en el sector del juego, que mueve billones de pesos y tiene intereses cruzados entre el empresariado y la política.
Tanto el DNU 70/30 como la ley ómnibus, no se meten con el tema del juego en todas sus variantes dado que, por el sistema federal del país, este sector es manejado exclusivamente por cada provincia.
El último vestigio se consumió cuando Lotería Nacional pasó a ser Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, quedando en la órbita del Gobierno porteño. De esta forma, cada gobierno subnacional establece sus leyes y forma de explotación del juego, negocio que se multiplicó por millones con la irrupción de las apuestas on line, especialmente de casinos y deportivas.
Uno de los sectores involucrados es el turf que vive desde hace casi 20 años con el aporte del Fo.Pro.Jue en la provincia de Buenos Aires y del canon que pagan los slots instalados en el Hipódromo de Palermo.
Con estos fondos, se conforman los premios de las carreras en una proporción de 70% a 30%, siendo este último porcentaje producto del juego de turf propiamente dicho. En otras palabras, sin este flujo la actividad hípica no podría subsistir, dejando en la calle a unas 80 mil familias provenientes, en su gran mayoría, de los estratos más bajos de la sociedad.
El Fo.Pro.Jue se integra por un porcentaje de las ganancias de bingos y slots de la provincia de Buenos Aires y luego el 9% se reparte entre los Hipódromos de San Isidro, La Plata, Azul, Tandil y Dolores para que puedan pagar sus premios.
La caída de la recaudación provocó una fuerte merma en términos reales de estos ingresos y el cambio de Gobierno demoró los pagos, retenidos en algún escritorio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
El promedio de las apuestas hípicas
Con la inflación socavando los ingresos y cobrando a 40 días de disputada cada competencia, los profesionales de la hípica iniciaron una serie de reclamos. La actividad estuvo parada las dos primeras reuniones de este año en La Plata y en San Isidro el conflicto está escalando. Si bien el fondo le permitió a la hípica sobrevivir las últimas dos décadas, también obró con un cómodo refugio que posterga la inevitable transformación que necesita la actividad.
Los dirigentes piden que se aumente el porcentaje de dinero que reciben los hipódromos del 9% al 12% (la ley lo permite), pero, en realidad, la clave está en el dinero que no ingresa al circuito de apuestas de los hipódromos centrales y que forma el 30% de los premios y, por ende, de las retribuciones de jockeys, cuidadores y propietarios.
El promedio de apuestas hípicas que llega al circuito oficial puede variar entre los $150 y $250 millones diarios, promedio. Pero, el meollo está en las apuestas que se realizan en el interior. Algunos cálculos hablan de tres veces más. Si ese dinero entraría a los totalizadores de los hipódromos centrales la ecuación sería distinta y la actividad contaría con recursos genuinos.
¿Y por qué no entran? Porque las provincias, en su facultad de administrar el juego, permiten que se tomen apuestas en sus jurisdicciones con leyes locales, sin girarle nada a los organizadores de los eventos.
Si bien los operadores provinciales están amparados por la legislación, incurren en el delito de usufructuar la señal que emiten los hipódromos de manera ilegal. Arman establecimientos basados en esta señal y toman apuestas. Es como si el dueño de un cine tomará sin permiso la emisión de un Boca-River y cobrara una entrada para verlo en pantalla gigante. Pese a las denuncias realizadas, esta práctica es generalizada en todo el país y nunca se pudo frenar.
En consecuencia, esos casi $600 millones que no llegan a los totalizadores oficiales, condicionan la continuidad de la actividad.
Los hipódromos bonaerenses y el Hipódromo de Palermo no discriminan a caballos, propietarios y/o profesionales por su origen. Participan en sus competencias y cobran los premios que surgen del dinero generado en estas jurisdicciones.
El caso de Mendoza
Por tanto, profesionales y propietarios de las provincias reciben recursos generados por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires provocando la sangría. El caso más emblemático es el de la provincia de Mendoza, que cuenta con un hipódromo de renombre e histórico, nutre con sus profesionales a los circos centrales, pero no tiene ni una boca de expendio de boletos oficiales.
Las denuncias realizadas por la utilización ilegal de la señal nunca prosperaron y no hace falta aclarar la trama de complicidades que se hilvanan para que esto suceda en todas y cada una de las provincias.
Una forma de integración sería la ampliación de la aplicación de apuestas creada por el Hipódromo de Palermo, Be Turf. Sería una herramienta que permitiría que cualquier apostador ubicado en cualquier punto del país pueda jugar de manera completamente legal.
La aplicación ya funciona para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero, para llegar al todo el país, necesita de acuerdos de todas las loterías locales. Obviamente está se niegan porque perderían recursos, pero sin hacer la vista gorda con la toma irregular de la señal.
En el caso de la provincia de Buenos Aires el tema es más grave. Los Hipódromo de Palermo y San Isidro habían llegado a un acuerdo para unificar la plataforma de apuestas on line en 2021. El acta fue firmada y se le entregó al por entonces director de la lotería provincial, Omar Galdurralde, vinculado políticamente al "yate gate" de Insaurralde.
El expediente nunca avanzó y actualmente sigue dormido en algún cajón del organismo bonaerense. Mientras tanto, aplicaciones marginales continúan con su desarrollo. ¿Se entiende?
La hípica, otrora pasión de multitudes, hoy se desangra por sus propios vicios pero también por el nefasto entramado político más emblemático de la casta.