El Ministerio de Capital Humano dio a conocer su decisión de dar de baja a más de 27.000 beneficiarios de planes sociales, específicamente de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Esta resolución se tomó tras haber verificado que no se cumplían los requisitos de todos los titulares.

"Se detectaron 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2.000 millones de pesos del Estado nacional", informó el ministerio encabezado por Sandra Pettovello.

Con esta medida, el Estado podrá recuperar $2.000 millones que estaban siendo asignados de manera incorrecta.

Según informaron, entre las incompatibilidades se encontraban beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad.

Esta información surgió por cruce de información entre ANSES y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS). 

Se espera que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial entre el lunes y el martes próximos.

Ministerio de Capital Humano, un área estratégica

A través del decreto 86/2023 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei le otorgó poder de fuego al Ministerio de Capital Humano que nuclea área estratégicas. 

Milei le confió el Ministerio de Capital Humano a Sandra Pettovello y el mismo nuclea diferentes áreas.

Lo hizo al dictaminar que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de optimizar los recursos estatales, pase a depender de la cartera de ministra Pettovello. Lo propio sucede con el Gabinete de Asesores y la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que perdió su rango ministerial. 

También, entre otros estamentos, absorbe a las secretarías de Coordinación Legal y Administrativa; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura y la de la Niñez, Adolescencia y Familia y trabaja en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Línea 134, auditoría y bajas de planes

Si bien desde la Libertad Avanza se comprometieron a incrementar y mantener las asistencias sociales, trabajan con intensidad en terminar con los intermediarios existentes entre los beneficiarios y el Estado. Para eso, habilitaron la línea 134 con la intención de que, quienes reciben planes, denuncien de forma anónima si fueron sometidos a algún tipo de extorsión por parte de dirigentes o punteros políticos a cambio de movilizar. 

Ante el registro que acumula más de 20.000 denuncias y que crece de forma diaria, desde Casa Rosada radicaron en los tribunales de Comodoro Py la denuncia por delito de extorsión y defraudación al Estado que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita. Según precisó una fuente de Balcarce 50, hay alrededor de 35 personas identificadas que forman parte de las 14 organizaciones señaladas. 

Motorizados por la transparencia en los cobros, el Gobierno audita los planes Potenciar Trabajo, una de las asistencias con mayor caudal de beneficiarios, con la intención de detectar y combatir irregularidades. 

Si bien se pospuso -según lo establecido en el decreto 125/2023- hasta el 1° de abril la transferencia de más de un millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo a la órbita del ex ministerio de Trabajo, hoy devenido en Secretaría, la cartera de Capital Humano ya avanzó en la suspensión del pago a miles de personas que percibían irregularmente la ayuda social, y lo sigue haciendo.

Funcionarios que recorren los pasillos de la Rosada y se muestran a favor de las bajas, respaldan el accionar del Gobierno con base en la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, quien -según explican- "pudo acreditar que 8.000 personas, además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado". "Daba asco cómo se manejaban", remarcan con desagrado.