Un billón de pesos. Medio punto del PBI. Eso es lo que obtendrá Javier Milei con la restitución del Impuesto a las Ganancias. Pero, sobre todo, el argumento que convenció al presidente e la necesidad de hacer el clásico canje de todo presidente en situación de minoría parlamentaria: dar a las provincias una fuente de ingresos a cambio de una dosis de gobernabilidad.

Para el presidente, es un objetivo lo suficientemente importante como para asumir el costo político de decepcionar a una parte importante de su electorado de clase media. Es cierto que los afectados de manera directa son 800.000 asalariados de niveles medio-altos, lo cual podría considerarse una minoría en sentido electoral. Sin embargo, en términos de opinión pública y de peso político, se trata de un público influyente.

De hecho, en estas horas las redes sociales están explotando con comentarios negativos por parte de votantes de Milei que manifiestan su desilusión por tener que volver a quedar alcanzados por el impuesto. Sobre todo, por tratarse de un tributo que fue originalmente creado para una minoría de ricos pero que ahora terminarán pagando quienes tengan un sueldo apenas dos veces encima de la canasta básica que marca la línea de pobreza ($521.000 según la última medición de Indec).

En términos políticos, el presidente está arriesgando la credibilidad de su discurso sobre el ataque a "la casta", dado que se generaliza la percepción de un ajuste fiscal clásico con el peso mayoritario sobre la clase media.

Ahorro fiscal y costo político

Por estas horas, el debate entre los seguidores de Milei enfrenta a quienes creen que su postura es pragmática -porque atarse a la actitud principista de bajar impuestos y desfinanciar al fisco lo pondría en riesgo de crisis económica-, y quienes creen que defraudó a sus votantes porque, en el fondo, no está haciendo algo muy diferente de lo que habría hecho presidente de signo peronista.

Lo cierto es que los politólogos están midiendo el inicio de un descenso en el apoyo popular. Después de un buen arranque en diciembre, ya los sondeos de enero marcan un deterioro. Por caso, Lucas Romero medía una aprobación de 48% contra una desaprobación de 41% tras la asunción y ahora -previo a la votación de Ganancias- ya la relación es de 45% contra 48%-. Es decir, la evaluación de la gestión Milei pasó a tener un diferencial negativo.

El presidente Milei asumió el costo político de desilusionar a parte de su electorado, con tal de asegurarse el objetivo del equilibrio fiscal

Por más que la intención de restituir el Impuesto a las Ganancias era algo que ya había sido admitido por el ministro Luis Caputo en su primer anuncio de medidas económicas, la opinión pública todavía no había procesado el tema, que recién ahora se hace palpable.

Por lo tanto, es de presumir que las próximas mediciones de aprobación de la gestión presidencial se vean impactadas negativamente por el regreso del tributo. A modo de compensación, si la inflación de enero efectivamente rondara el 15%, como apuntan los más optimistas, podría llegar a atenuarse esa caída.

Entre Davos y la realidad argentina

La negociación de la "ley ómnibus" está poniendo a prueba, además, la credibilidad del discurso de Milei. Hace pocos días el presidente se enorgullecía públicamente de la repercusión internacional de su discurso en el Foro de Davos, donde pretendió erigirse en referente mundial de los principios libertarios.

Allí, repitiendo la prédica de la escuela austríaca que reivindica la iniciativa privada y critica el intervencionismo estatal y los altos impuestos, Milei denunció que la civilización occidental está en peligro, ganándose así el aplauso de personalidades como Donald Trump y Elon Musk.

Días antes, además, había reforzado su mantra de "no hay plata" ante los reclamos de los gobernadores provinciales con dificultades para pagar los sueldos de los empleados estatales. Y hasta llegó al extremo de "celebrar" la iniciativa del riojano Ricardo Quintela de emitir una cuasimoneda provincial, porque eso obligaría a la provincia a mostrar austeridad fiscal para preservar el valor de la moneda regional.

Con semejantes antecedentes, es difícil no ver como una contradicción el hecho de aprobar una suba de impuestos. Sobre todo si se recuerda -como se están encargando de hacer los políticos de la oposición- que el propio Milei, siendo diputado, votó la virtual eliminación de Ganancias que había propuesto Sergio Massa en el cierre de la campaña electoral, y que además afirmaba que prefería "cortarse un brazo antes que subir un impuesto".

¿Pragmatismo que demuestra sabiduría política? ¿O doble discurso que minará su base de apoyo popular? El vocero Manuel Adorni intentó terciar en ese debate con el argumento de que mientras las reformas obtenidas por la "ley ómnibus" serán permanentes, las subas de impuestos serán temporales.

Las proyecciones económicas indican que, sin reforma tributaria, el déficit fiscal de 2024 no sólo no se reduciría, sino que podría llegar a 3% del PBI

Y mientras eso se debate en los medios y las redes sociales, corre en paralelo la fría lógica de los números.

Lo cierto es que, desde el punto de vista de Milei, no había otra alternativa: los análisis del equipo económico indican que, aun con las excelentes perspectivas del campo para este año, si se hace una proyección pasiva -es decir, si se mantiene la misma política fiscal del año pasado, sin ningún ajuste-, se terminaría el 2023 con un déficit primario del 3% del PBI.

El presidente dejó en claro que su flexibilidad negociadora tiene un límite claro: no se puede poner en riesgo del superávit fiscal primario de 2% al que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, y que considera vital para evitar una crisis hiperinflacionaria.

Con un ojo en la caja de las provincias

Pero la propia supervivencia no es lo único que preocupa a Milei. También está la cuestión de las finanzas provinciales, y la realidad es que ni bien se votó en el Congreso la eliminación de Ganancias para la mayoría de los asalariados, el impacto fue duro.

Una estimación de Jorge Colina, director de la fundación Idesa, marca que hasta esta votación, los ingresos por coparticipación venían creciendo un 2% por encima de la inflación, pero en octubre la coparticipación ya tuvo una caída real de 7%, que se agravo en noviembre a 18%.

No por casualidad, una de las principales ocupaciones de Milei en el inicio de su gestión fue la negociación con los gobernadores, que le reclamaban que cumpliera lo que en su momento había prometido Massa: la coparticipación de la mitad del impuesto al cheque.

La postura de los gobernadores tenía su lógica: se trata de uno de los impuestos de mayor recaudación -capta un 8% del total de la "torta" tributaria- y no afecta de manera directa a los asalariados.

Pero Milei interpretó que la supuesta solución fiscal le implicaría un problema político. El del cheque es, junto con las retenciones al agro, uno de los impuestos más criticados por empresarios y economistas de la línea ortodoxa. Primero, por su efecto distorsivo sobre la actividad comercial. Pero, además, porque todos recuerdan que cuando fue instaurado en 2001 por Domingo Cavallo, se había prometido que su vigencia sería temporaria mientras el gobierno de Fernando de la Rúa trataba de resolver la situación de emergencia fiscal.

El resto de la historia es conocido: el impuesto temporario lleva 22 años de permanencia, y si una porción de su recaudación pasara a formar parte de la coparticipación, eso significaría tácitamente la aceptación de que jamás será derogado.

Ante el reclamo de los gobernadores, Milei negó la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque, pero cedió con Ganancias

Es en esa situación que el presidente tuvo que hacer su primera elección desagradable y aceptar las críticas desde las propias filas. Lo hizo en defensa propia, por el apego a la meta del equilibrio fiscal. Pero también lo hizo por los gobernadores provinciales, que tendrán un oxígeno en tiempos de recorte de transferencias.

Lo cierto es que, por más que Milei "chicanee" a los gobernadores, -como hizo con Quintela, a quien le recordó que no tenía para pagarles a los policías riojanos pero sí había gastado en contratar un show de Lali Espósito-, sabe que no hay crisis provincial que, tarde o temprano, no termine transformándose en crisis nacional.

Si se diera una ola de desfinanciación provincial, esto generaría un malestar entre los empleados estatales, que en algunas regiones duplican a los asalariados privados, y el riesgo es que eso torne inevitable el regreso de los aportes del Tesoro Nacional para financiar a las provincias peor administradas, algo que para Milei era un punto innegociable.

En definitiva, el presidente está demostrando que, en su ponderación personal de costo y beneficio, prefiere pagar ahora la contradicción de su discurso liberal pero asegurarse margen de acción en el Congreso y oxígeno en las cuentas fiscales.