Un paso atrás, dos adelante: la vieja consigna leninista describe la estrategia de Javier Milei y su ministro Luis Caputo ante la encrucijada de la "ley ómnibus". Con el sacrificio del capítulo fiscal, se busca garantizar la aprobación de la parte más importante: la cesión de poderes extraordinarios para el presidente y la ratificación del DNU desregulador.

Caputo calificó las medidas fiscales como el único escollo para que se aprobara la ley, dado que sobre el resto existe "un claro consenso". En otras palabras, el mensaje para la oposición es que el gobierno hizo el gesto de flexibilidad que se le venía reclamando y que ahora, en compensación, se espera que el peronismo dialoguista aporte los votos para la aprobación de la ley.

Si ese objetivo se cumple, entonces la posibilidad de compensar la pérdida de recursos fiscales no se haría tan grave. Al menos eso es lo que insinuó el ministro en su conferencia de prensa del viernes, cuando ratificó que el déficit cero seguía siendo un principio innegociable.

No dio detalles sobre por dónde puede venir el recorte, y de hecho no hay todavía medidas definidas. Pero dio pistas sobre por dónde se está buscando: en las partidas presupuestales por las que se transfieren fondos de la nación a las provincias.

El año pasado, ese concepto equivalió a $2 billones, algo así como un punto del PBI. Se trata de dinero que desde la Casa Rosada se aprueba por fuera del sistema de coparticipación automática, y que incluye partidas para una diversidad de finalidades, desde obra pública y vivienda hasta incentivo docente, pasando también por asistencia financiera para afrontar remuneraciones del personal.

Las estimaciones que se hacen en el ámbito político es que, si se elimina el polémico capítulo fiscal, el Gobierno podría perder recursos fiscales por hasta el 1,5% del PBI.

El ministro Luis Caputo insinuó que, sin el capítulo fiscal de la ley, habrá mayores recortes en partidas presupuestales a las provincias

Por lo pronto, la expectativa era que las retenciones a la exportación aportaran medio punto, lo mismo que la reinstauración del impuesto a las Ganancias. Una cifra similar entraría por el adelanto de Bienes Personales, en el marco de la nueva moratoria y blanqueo de capitales.

La suba del impuesto PAIS, que aportaría un 0,8%, en principio quedaría en pie, dado que no forma parte del capítulo fiscal de la ley, sino del DNU, que Milei aspira que quede ratificado después de su "gesto negociador".

Un baño de realismo político

Lo cierto es que la iniciativa oficial se encaminaba a una derrota segura en la cámara de Diputados. El dictamen que salió de la comisión no contaba con el apoyo que inicialmente se había previsto por parte del bloque dirigido por Miguel Pichetto ni por sectores de Juntos por el Cambio.

Hubo expresiones públicas de desavenencia ya no solamente con el contenido del texto de la ley sino hasta con el estilo de negociación política del gobierno. El momento de mayor tensión fue el intercambio de tuits entre Pichetto y Caputo, en el que el diputado le reprochó no haber tenido "la valentía de venir al Congreso" y lo acusó de "apretar a los gobernadores".

Los movimientos internos del gobierno dan cuenta de que hubo una revisión sobre errores en la negociación. El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, perdió protagonismo y fue desplazado del rol principal por José Luis Espert. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue echado aparentemente por filtrar una frase de Milei con la amenaza de "dejar sin un peso" a los gobernadores, pero su ministerio fue desguazado y absorbido por Economía y la Jefatura de Gabinete, lo que da la pauta de una revisión que va más allá del castigo personal. Y se vienen más correcciones de un gobierno que demuestra que va aprendiendo sobre la marcha.

"Así no se puede funcionar los cuatro años", sintetizó Pichetto, dando a entender que la dosis de gobernabilidad que está dispuesto a aportar el peronismo de centro -y vinculados a las gobernaciones provinciales- requería un cambio de actitud por parte del gobierno, que debería trabajar con más ánimo de coalición.

Ahora, con el gesto de "renunciamiento fiscal", Milei espera ver su retribución.

La reforma jubilatoria exponía al gobierno a la crítica política pero no implicaba una diferencia tan grande desde el punto de vista fiscal

Las jubilaciones se siguen licuando

¿Cuánto pierde el Gobierno por esta decisión? Algunas de las concesiones duelen en la caja fiscal, otras son más simbólicas que reales, y otras son pasibles de ser restituidas más adelante por la vía del decreto.

La reforma jubilatoria, por ejemplo, un tema que expone al gobierno a críticas políticas, es una renuncia no tan grave. Después de todo, con el cambio de la fórmula Milei le estaba haciendo el favor al peronismo de correr el foco de atención sobre su propia responsabilidad en la licuación real que sufrieron las jubilaciones en los últimos cuatro años.

Sólo en 2023, se registró una caída de 16,3% en el poder de compra de la jubilación, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y esto ocurrió después de un 2022 en el que, a su vez, los haberes habían perdido un 5,6%.

En realidad, la polémica no estaba dada tanto por la fórmula propiamente dicha -que implicaba el ajuste por el IPC del Indec- sino por el momento elegido para hacer el cambio de régimen. Los críticos alegaban que, al iniciarse el nuevo sistema en abril, se tomaría como base de cálculo la jubilación más baja en términos reales, sin que se diera la posibilidad de recuperar poder adquisitivo con la indexación el IPC de enero.

¿Qué pasa si el sistema jubilatorio sigue vigente? Lo mismo que ocurrió en los últimos cuatro años: es decir, que sufrirá la licuación inflacionaria, lo cual es funcional a una política de ajuste fiscal. De hecho, el año pasado el rubro jubilatorio fue uno de los que más cayeron dentro del gasto público, con un recorte de 6,1%.

Lo cierto es que las jubilaciones han sido la variable de ajuste de la economía. En 2022 equivalían a 34,8% del gasto total, y en el último año esa ponderación cayó un punto.

La intención de Caputo era que se produjera un ahorro respecto del PBI, que podía llegar hasta 0,4 puntos. Por cómo está diseñada la fórmula, mientras haya una inflación alta, ese ahorro fiscal está garantizado. Recién podría haber un crecimiento real del gasto jubilatorio cuando la inflación baje y, al mismo tiempo, se verifique un aumento en la recaudación de la Anses y una recuperación salarial. Es algo que nadie espera para antes del segundo semestre.

Al dejar sin efecto la reinstauración de Ganancias, los gobernadores provinciales se enfrentan a la pérdida de una fuente de recursos por coparticipación

Ganancias: victoria pírrica para los gobernadores

Respecto de punto de las retenciones a las exportaciones, es también un tema en el cual para obtener un beneficio fiscal, Milei se expuso a un alto costo político, dado que es una medida que erosiona la credibilidad de su discurso, ya que choca de frente con los principios librecambistas de la ideología libertaria. Pero, sobre todo, es un tema que lo enemista con el campo, donde obtuvo apoyo electoral.

Los gobernadores provinciales eran quienes sentían con más fuerza el reclamo por parte de los sectores afectados y planteaban el riesgo de un freno al crecimiento justo en un año en el que las condiciones climáticas hacían prever un buen año en términos de exportación agrícola.

Era realmente un punto difícil de argumentar para el gobierno. De manera que hacer una concesión en este aspecto no resulta tan costoso desde el punto de vista político. En cuanto a lo fiscal, tampoco está claro que haya una pérdida grande, dado que se mantienen las retenciones a los principales rubros exportadores, como la soja, que para este año tendrá una cosecha más de dos veces superior a la obtenida el año pasado, lo cual garantiza un fuerte ingreso para la AFIP.

Queda, finalmente, el rubro del Impuesto a las Ganancias, donde el peronismo puede tener una "victoria pírrica". Como quedó en claro con el paro de la CGT, es un tema políticamente sensible, dado que para parte del peronismo más ligado a los asalariados de clase media, la consigna de "el salario no es ganancia" se ha transformado en una bandera innegociable.

En cambio, para los gobernadores provinciales, no hay un beneficio. Más bien al contrario, se pierde el ingreso por la mitad de ese impuesto que se coparticipa. Hablando en plata, un billón de pesos, medio punto del PBI.

La jugada de Milei supone, de hecho, un castigo para las provincias, porque el presidente había planteado que no estaba dispuesto a cumplir con la promesa de Sergio Massa, que era coparticipar el impuesto al Cheque a modo de compensación por lo que se dejaba de recaudar en Ganancias.

En definitiva, el Gobierno pierde una fuente de ingresos, pero se ahorra un problema político. Los gobernadores, en cambio, se quedan con un agujero en sus cajas provinciales y se ven forzados a un duro ajuste, que puede llevar a algunas provincias a seguir el ejemplo de La Rioja y emitir cuasi-monedas para afrontar los salarios de empleados públicos.

En definitiva, el gesto negociador que anunció Caputo no sólo no significa que se vaya a evitar un conflicto, sino que hay serias posibilidades de que el ajuste fiscal sea más crudo de lo que se había previsto originalmente. En el mix entre suba de impuestos y recorte de gastos, subirá el segundo componente, y muchos gobernadores e intendentes peronistas tendrán que ser los involuntarios ejecutores.