Lo que en teoría iba a ser una demostración popular en contra de la política de Javier Milei terminó transformándose en lo muchos preveían: la oficialización de una ruptura interna del peronismo, donde se enfrenta un sector dialoguista -que mira los intereses financieros de las provincias- con otro más duro, identificado con la CGT y el kirchnerismo.

Esa pelea fue tan explícita en los discursos de Pablo Moyano y Héctor Daer, así como en declaraciones de diputados peronistas aliados de la CGT, que el paro y todos los debates clásicos sobre qué tan grande fue la adhesión pasaron a un segundo plano.

"Ningún peronista puede votar esto", dijo Moyano en la plaza del Congreso, en vísperas de que la Cámara de Diputados inicie el debate sobre la ley ómnibus. Y, casi en simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicaba un mensaje en las redes sociales en los cuales advertía que si se le negaban al gobierno los recursos fiscales que pide en la ley, avanzaría con un recorte de partidas presupuestarias para las provincias.

Esto, en definitiva, da la respuesta a la pregunta de por qué la CGT había tomado la decisión de convocar a un paro apenas un mes y medio después de la asunción de Milei, y en una fecha extremadamente inusual, con inactividad propia del período veraniego. Era una decisión objetada incluso por dirigentes peronistas de alto perfil como Cristina Kirchner y Sergio Massa, que la consideraron apresurada en un momento en el que el presidente Milei todavía goza de alta popularidad.

Pero la motivación de la CGT fue evidente: más que manifestar contra Milei, lo que la central sindical se propuso fue terciar en el debate parlamentario. Y enviar mensajes a dos jugadores clave: el bloque de legisladores peronistas en el Congreso y el Poder Judicial. Ambos tienen en sus manos la capacidad de decidir sobre temas que son de sensibilidad extrema para la CGT.

Moyano y Daer fueron claros al respecto: volvieron a condenar la reinstauración del Impuesto a las Ganancias, una bandera clásica de la CGT, que llegó incluso a enfrentar a Cristina Kirchner por ese tema. Bajo la consigna de "el salario no es ganancia", la cúpula sindical asume la defensa de los trabajadores que ocupan el vértice de la pirámide salarial.

Desde el anuncio del DNU, la cúpula de la CGT dejó en claro que sentía atacados sus intereses corporativos

En otras palabras, un reconocimiento tácito de que la representación de los sindicatos, desde hace años, se ha ido focalizando cada vez más en los gremios que obtienen las mejores negociaciones, como bancario o camioneros, donde es grande el número de asalariados que obtienen un neto de más de $1,3 millones y serían alcanzados por el impuesto.

En contraposición, se escucharon voces disidentes por parte de quienes reclamaron que la CGT no había puesto el mismo énfasis para defender a la creciente masa de trabajadores informales o en situación de contrato precario. El más explícito al respecto fue Facundo Moyano, quien se quejó de que "este paro se tendría que haber hecho hace dos años". Su hermano Pablo evitó entrar en debate con una frase terminante: "De la farándula no opino".

La lupa en las finanzas de la CGT

La preocupación de la cúpula sindical se hizo evidente desde el mismo día en que se anunció en cadena televisiva el decreto de necesidad y urgencia. Dentro del capítulo laboral, que flexibiliza modalidades de contratación y de indemnización por despido, se incluyen temas que afectan a las finanzas de los sindicatos. La pérdida del monopolio por parte de las obras sociales como prestadoras de cobertura médica, así como el fin del aporte salarial compulsivo en beneficio del sindicato son dos piedras en el zapato de la CGT.

Esa parte del DNU está actualmente en suspenso, por decisión de la cámara del fuero laboral, que entendió que no se podía alterar la legislación de trabajo por la vía del decreto, y dejó en manos de la Corte Suprema la decisión de fondo. De manera que el paro fue también un mensaje para los jueces.

Pero, además, en el propio texto de la "ley ómnibus" hay un artículo que ratifica, con fuerza de ley, la íntegra del decreto. Por lo que, en caso de aprobarse este tema en el Congreso, el recurso interpuesto por la CGT perdería fuerza.

El gobierno fue el primero en notar esa preocupación, y decidió poner todo su empeño de comunicación política en destacar que la cúpula sindical no hacía el paro en defensa de los trabajadores sino en procura de mantener "privilegios de casta".

"Las caras del paro. Millonarios fingiendo que defienden trabajadores pobres. Una imagen que atrasa", escribió el subsecretario de prensa de presidencia, Javier Lanari, acompañando una foto de Moyano y Daer en la plaza del Congreso. Un día antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había calificado a los convocantes al paro como "gente que está en el lado equivocado de la historia".

Otros funcionarios machacaron con argumentos similares. Como la canciller Diana Mondino, quien hizo esta descripción: "Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto".

Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intercambió las consabidas acusaciones con los sindicalistas. Desde la CGT la acusaron de entorpecer la llegada de micros con trabajadores que se dirigían al acto, y la ministra acusó a los sindicatos de "aprietes" para forzar a la gente a parar e impedirle la circulación.

La CGT logró un acto multitudinario en el Congreso, desde donde advirtió a los diputados peronistas que serán "traidores" si votan la ley ómnibus.

El talón de Aquiles de las cajas provinciales

Pero más allá del folclore político de todos los paros, hubo un foco ineludible: ahora el centro de la disputa está en el voto que decida el bloque de los legisladores peronistas "dialoguistas". Es decir, aquellos que están vinculados a las gobernaciones provinciales y que se ven en la necesidad de negociar con el gobierno para no afrontar una crisis financiera.

La gravedad de la situación de las cajas provinciales ya quedó en evidencia a fin de año, cuando Milei se negó a asistir financieramente a los gobernadores, y algunos tuvieron que pagar en cuotas el salario de diciembre y el medio aguinaldo. Pero terminó de hacerse patente con la votación en La Rioja de una cuasi-moneda provincial, una actitud que podría ser imitada por otras provincias en problemas, incluyendo algunas de las de mayor población, como Córdoba.

La dureza del Gobierno nacional en cuanto al plano fiscal no sólo no aflojó sino que se acentuó. Ya Milei, en una reunión con los gobernadores, había adelantado que no coparticiparía el impuesto al cheque -que recauda aproximadamente el 8% de la "torta" de la AFIP-. Y, en compensación, ofreció reinstaurar Ganancias, a sabiendas de que los gobernadores deberían optar entre asumir el costo político de apoyar un impuesto cuya derogación antes habían aplaudido, o afrontar una drástica disminución de recursos.

Hablando en plata, lo que está en juego para los gobernadores es medio punto del PBI. Demasiado dinero como para hacer un renunciamiento en provincias como La Rioja, cuya dotación de empleados públicos duplica a la de trabajadores privados.

En esas circunstancias, se hace difícil para los legisladores provincianos rechazar la propuesta del gobierno sólo por congraciarse con Moyano y Daer.

Caputo plantea su "no amenaza"

Para reforzar la actitud de dureza y recordarles a los diputados peronistas lo que está en juego, en los últimos días el Banco Central limitó el permiso de los bancos provinciales para financiar los déficit de caja de las gobernaciones. Hoy no son muchos los bancos provinciales que siguen en la órbita estatal, pero hay algunos que mantienen su importancia, sobre todo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por el díscolo Axel Kicillof -que, por cierto, fue una de las presencias estelares en la plaza del Congreso-.

Pero si alguna duda quedaba sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno, Toto Caputo las despejó con un tuit que el peronismo calificó como "extorsión".

El ministro Luis Caputo, mientras se realizaba el acto de la CGT, advirtió que recortará partidas presupuestarias de las provincias si no se aprueba la ley en el Congreso

"Hoy mantuve reunión con el secretario de hacienda y la subsecretaria de provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", advirtió el ministro, quien negó que estuviera haciendo una amenaza sino manteniendo el compromiso con el equilbrio fiscal.

"El déficit cero no se negocia", dijo Caputo, justo el día después de que se confirmara que el resultado fiscal de 2023 fue peor incluso que el 5% del PBI que se había previsto. Y, en pleno debate político, fue explícito respecto de quién será la variable de ajuste en caso de que el gobierno encuentre escollos en el Congreso: "Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente en las provincias".

Diputados peronistas, entre dos fuegos

Frente a la dureza del Gobierno, quedó expuesta la intransigencia de la dirigencia sindical, que no parece conmovida frente a la situación de los gobernadores provinciales.

El diputado Mario Manrique, cercano al kirchnerismo y dirigente sindical de Smata (industria automotriz), planteó que "los gobernadores también tienen que entender que si se someten a las extorsiones del gobierno, van a vivir de rodillas; entonces hay costos políticos que van a tener que asumir". Y ratificó que el hecho de que Milei "los apriete con la billetera" no será justificativo para levantar la mano en el Congreso.

Más explícito, Pablo Moyano les dijo a los diputados peronistas: "Están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico".

En ese contexto de amenazas cruzadas, quedan en el medio los legisladores vinculados a las provincias, que están en una posición política sumamente incómoda.

Desde el peronismo y la CGT, les advierten que serán considerados "infames traidores a la patria" si levantan la mano para aprobar la iniciativa de Milei. Y desde el gobierno, les advierten que las cajas de las provincias serán la variable de ajuste fiscal si adoptan una postura de oposición dura".

Los antecedentes históricos muestran que esos legisladores que responden directamente a los gobernadores siempre tienen una tendencia a negociar y plantean un intercambio clásico: recibir  fondos fiscales a cambio de otorgar gobernabilidad a un presidente en minoría. Le ocurrió a Mauricio Macri, sin ir más lejos, que tuvo a Miguel Pichetto como interlocutor principal para aprobar leyes fundamentales de su gobierno.

Pero Macri tenía cierta tolerancia al déficit que Milei no puede y no quiere permitirse. Es por eso que, en este caso, el margen de negociación es más acotado. En principio, todo apunta a que, ante el riesgo cierto de una crisis financiera, las provincias terminarán dando su voto. Y que la ruptura peronista, una vez más, será inevitable.