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Pese al triunfalismo de Caputo, el superávit fiscal refleja el agotamiento del efecto licuadora

El monto del superávit fiscal primario resulta más pequeño cada mes. La tendencia no parece cambiar, por el efecto de la nueva fórmula jubilatoria
17/05/2024 - 15:00hs
Pese al triunfalismo de Caputo, el superávit fiscal refleja el agotamiento del efecto licuadora

Aunque Toto Caputo volvió a usar el superávit fiscal como señal al mercado para reafirmar la continuidad la política de estabilización financiera, lo cierto es que las cifras marcan con elocuencia la debilidad de su programa económico: el efecto decreciente de la "licuación".

En abril hubo un superávit primario -es decir, el que sólo considera ingresos y gastos, sin contar los pagos de intereses de la deuda- de $264.000 millones, una cifra que resulta un 57% menor que el resultado de marzo, un 78% menor que la de febrero y un 86% más pequeña que la de enero.

Son números impactantes, porque muestran cómo el superávit -el pilar sobre el cual el gobierno basa su política antiinflacionaria- se va haciendo más finito mes a mes. Pero, en realidad, la situación es peor de lo que muestran esas cifras, porque cuando a esos montos de superávit nominal se le aplica el efecto de la inflación, entonces la caída es mucho más marcada.

Al actualizar todos los números por inflación, se concluye que en febrero el resultado fiscal fue un 45% menor que en enero. A su vez, en marzo, el superávit fue un 54% que el de febrero. Y en abril, una vez hecho el ajuste por inflación, se obtuvo un 61% menos que en marzo.

Por más que el gobierno conteste a sus críticos y diga que el superávit fiscal fue producto de la "motosierra" -es decir, de un recorte estructural del gasto- en mayor medida que la "licuadora" -es decir, de la reducción de gastos corrientes que evolucionaron por debajo de la inflación-, lo cierto es que los números no parece darle la razón al oficialismo.

Cambio de tendencia en jubilaciones

Uno de los rubros paradigmáticos de esa situación es el gasto del sistema jubilatorio -que, con un 40%, es por lejos el más significativo de todo el presupuesto-. En abril, la caída interanual del gasto en ese rubro fue de 26%, que por cierto sigue siendo una enorme pérdida de poder adquisitivo, pero que luce como una cifra menor en comparación con la caída de 38% que se había registrado en febrero.

Este efecto descendente en la licuación inflacionaria de las jubilaciones y pensiones se da por dos efectos: la propia tendencia descendente del IPC y, sobre todo, el cambio de fórmula indexatoria.

Pese al nuevo superávit, el ministro Caputo no logra ocultar el efecto decreciente de la licuación inflacionaria sobre el gasto público
Pese al nuevo superávit, el ministro Caputo no logra ocultar el efecto decreciente de la licuación inflacionaria sobre el gasto público

Desde el anuncio del primer superávit, tras el cierre de las cuentas de enero, ya había presiones políticas para impedir que el costo del ajuste fiscal siguiera cayendo sobre los jubilados. El reclamo no se limitaba a la oposición política y los sindicatos, sino que el propio Fondo Monetario Internacional había advertido sobre el agotamiento social de ese método.

Pero, sobre todo, lo que determinará que esa licuación ya no se registre en los próximos meses es el cambio de fórmula indexatoria, que empezó a aplicarse en abril y que recién a partir de ahora empezará a influir sobre las cuentas fiscales.

La nueva fórmula implica un cambio fundamental respecto de la ideada por el ex ministro Martín Guzmán -que combinaba la recaudación de la Anses con la variación salarial-.  Esa era una típica fórmula "pro-cíclica": las jubilaciones tendían a decrecer en los momentos de crisis y alta inflación. El gobierno kirchnerista buscó una compensación para esa situación, al establecer bonos que mantuvieran el nivel de las jubilaciones más bajas, pero eso acható la "pirámide" en desmedro de los haberes de niveles medios y altos.

La nueva fórmula, en cambio, al ajustar por inflación, ya no permite la licuación. Más bien al contrario, lo que se espera para el corto plazo es un crecimiento de los haberes. Como cada ajuste se hace con un desfasaje de dos meses, eso implica que cuando los jubilados perciban el pago de mayo, éste habrá sido ajustado de acuerdo con el IPC que midió el Indec en marzo. Es decir, se cobrará con un ajuste de 11% cuando la inflación de mes probablemente se ubique en 6%.

En la medida en que la inflación siga su curso descendente, el gasto jubilatorio empezará a revertir su tendencia declinante. De hecho, las previsiones de los economistas apuntan a que hacia mediados de año las jubilaciones recuperarán el nivel que tenían a fines del año pasado y comenzarán un incremento real del poder adquisitivo.

La complicación de las tarifas

Ante esta situación, la sostenibilidad del superávit fiscal depende de dos temas políticamente delicados: del lado del gasto, la disminución de los subsidios estatales; y del lado de los ingresos, generar una mejora en términos reales, después de varios meses de caída.

Ninguno de los puntos resulta fácil de conseguir. En cuanto a los subsidios, el propio Toto Caputo fue el que pisó el freno, al postergar las subas de tarifas a la electricidad y el gas en aras de acelerar la baja inflacionaria.

A partir del cambio de fórmula indexatoria, el recorte en el gasto de seguridad social empezó a mermar
A partir del cambio de fórmula indexatoria, el recorte en el gasto de seguridad social empezó a mermar

El resultado de abril informado por Hacienda registró que el gasto en subsidios tuvo una suba nominal interanual de 234,5%, lo que, en términos reales, supone una leve reducción de 1%. Pero es un rubro sobre el que quedó instalada la duda sobre si se continuará el sendero del recorte, dado el virtual congelamiento tarifario. Es un dato relevante, si se considera que el rubro de subsidios económicos representó en abril un 13% del gasto público total.

Y, además, se debe considerar el gasto en el incurrirá el gobierno al pagar parcialmente con recursos fiscales la deuda con las empresas energéticas. La deuda acumulada este año asciende a u$s1.200 millones, y está en el centro de la polémica por el ofrecimiento de Caputo de cancelarla con bonos de deuda soberana, lo que en los hechos implicaría una quita de capital del 50%.