Mientras el FMI pide más ajuste, un tercio de los hogares vive en condiciones deficientes

En Argentina, los datos oficiales evidencian una profunda crisis habitacional: más de un tercio de los hogares enfrenta condiciones deficientes, mientras que 10 millones de personas dependen del alquiler, destinando más del 50% de sus ingresos a este gasto.

La letra pequeña del Staff Report del Fondo Monetario Internacional, en sus más de cien páginas, deja claro que la crisis habitacional no está dentro de las prioridades del Gobierno nacional, especialmente debido a que el ajuste fiscal más severo implica recortes en políticas públicas esenciales como vivienda, salud y educación.

Crisis habitacional: ¿el mercado inmobiliario desregulado agrava la situación de los inquilinos en Argentina?

Recientemente, el presidente Javier Milei afirmó que, con la recuperación del ingreso, "se están comprando bienes durables, como propiedades y autos". No obstante, según un relevamiento de Moiguer, 6 de cada 10 personas de clase media aseguran que no logran mejorar económicamente, y el 45% cree que nunca podrá comprarse una casa propia.

La Encuesta Inquilina Nacional reveló que el 65% de los inquilinos tiene deudas relacionadas con tarjetas de crédito, alimentos y alquiler. Cuando se les preguntó sobre la regulación del precio de los alquileres, el 77% de los inquilinos expresó su apoyo a una intervención estatal, mientras que el 88% previó dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses.

Así las cosas, el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dejó paralizadas más de 100.000 viviendas y eliminó programas de acceso a la vivienda y obras de infraestructura básica.

FMI y el ajuste en vivienda: las reformas que desregulan el mercado inmobiliario en Argentina

En el Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acompaña el acuerdo de nueva deuda con el Gobierno argentino, se destaca que "las primeras reformas en los mercados de productos, incluyendo las industrias y servicios de red (como los viajes aéreos y terrestres) y el mercado de alquileres, ya están generando una mayor competencia y dinamismo".

El informe resalta la necesidad de "mayores esfuerzos por desregular la economía y fomentar la competencia", lo que, según el FMI y a raíz de las políticas implementadas por el gobierno, ya está comenzando a influir en la formación de precios en sectores clave, como el inmobiliario.

"El endeudamiento del país puede impactar negativamente en el financiamiento de políticas públicas esenciales como las de salud, vivienda y educación", alertó un comunicado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al analizar la decisión del Poder Ejecutivo de suscribir un nuevo acuerdo con el FMI, tras el mega endeudamiento de 2018.

Un comunicado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al analizar la decisión del Poder Ejecutivo de suscribir un nuevo acuerdo con el FMI tras el megaendeudamiento de 2018, advirtió que "el endeudamiento del país puede impactar negativamente en el financiamiento de políticas públicas esenciales como las de salud, vivienda y educación".

Según advirtieron luego de aprobar la toma de más deuda mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, "la falta de transparencia es inaceptable, ya que sus efectos pueden influir en el ejercicio de los derechos por parte de las generaciones presentes y futuras".

Desigualdad en el acceso a la vivienda: ¿el boom inmobiliario responde a la demanda real?

En este contexto, los datos destacan la grave crisis habitacional que atraviesa el país y subrayan la urgencia de implementar políticas públicas, en contraste con el retiro total del Estado que se ve reflejado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según cifras oficiales, en 2022, el 35% de los hogares presentaba al menos un tipo de privación, ya sea patrimonial o corriente.

 Así lo indicó el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), publicado este mes, que caracteriza las condiciones materiales de vida de los hogares, incluyendo la calidad de pisos, techos y condiciones sanitarias.

De este modo, la Ciudad de Buenos Aires registró el menor porcentaje de hogares con insuficiencia patrimonial (14,1%), mientras que Santiago del Estero presentó el mayor (56,4%).

En complemento, un diagnóstico realizado por las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ, que analiza la evolución de la situación habitacional en las últimas cuatro décadas, señaló que uno de cada tres hogares carece de condiciones adecuadas, principalmente por la falta de servicios básicos y situaciones de hacinamiento.

En las principales ciudades, se registró una expansión inmobiliaria 1,5 veces mayor que el crecimiento real de la población, evidenciando un "boom inmobiliario" que no responde a la demanda habitacional efectiva.

125.000 viviendas paralizadas y una crisis habitacional creciente

Sobre este punto, desde la Fundación Tejido Urbano señalaron que, si bien en algunas jurisdicciones se observa una recuperación del mercado de compraventa vinculada a la reapertura del crédito hipotecario —aún incipiente y concentrado— y al aumento de las escrituras (CABA: +94%; PBA: +58,5%), esta mejora no se traduce de manera homogénea en un mayor acceso a la vivienda, ya que el rebote de los precios y costos podría excluir a los sectores medios y bajos.

Asimismo, advirtieron sobre un cambio en las condiciones de acceso, marcado por un "mayor esfuerzo individual" en un contexto de ausencia de planificación estatal. "En todos los programas lanzados se observa un mayor requerimiento de esfuerzo previo por parte de las familias: ahorro anticipado, lotes propios, ingresos más altos, entre otros requisitos", indicaron.

A este escenario se suma el deterioro de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda. En particular, la decisión del gobierno nacional de cerrar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda implicó 400 despidos directos y miles de despidos indirectos, además de paralizar unas 125.000 viviendas.

Asimismo, se suspendieron programas de acceso a la vivienda y obras de infraestructura básica, lo que podría derivar en futuros litigios contra el Estado por el incumplimiento de compromisos asumidos tanto a nivel local como internacional.