El Gobierno denunció que el proyecto para que entren los dólares del colchón quedó trabado en el Congreso

El proyecto de ley que establece el principio de inocencia fiscal, una de las iniciativas centrales del Gobierno para formalizar fondos no declarados, sigue sin lograr avances en el Congreso. Desde el Ejecutivo consideran que esta norma es crucial para que los argentinos repatríen los dólares que hoy están fuera del circuito legal, e inyecten ese capital en la economía formal.

Según estimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fuera del sistema financiero circulan entre cinco y diez bases monetarias. Por eso, este proyecto representa el segundo paso dentro del llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".

La primera etapa se concretó a fines de mayo, cuando se eliminaron varios regímenes de información y se elevaron significativamente los límites establecidos en otros. Actualmente, las operaciones que no superan los $50 millones ya no están bajo el monitoreo de ARCA.

Dólares del colchón: el Gobierno denuncia que una ley clave está trabada en el Congreso

Sin embargo, aún resta modificar tanto la Ley Penal Tributaria como la Ley de Procedimientos Tributarios. El objetivo de esos cambios es dar mayor previsibilidad y protección a los contribuyentes ante eventuales cambios de rumbo político en futuras administraciones.

Durante un almuerzo en el Colegio de Abogados porteño, el titular de ARCA, Juan Pazo, reclamó apoyo legislativo. "Es fundamental que este tipo de proyectos puedan ser debatidos en el Congreso. No responden a intereses partidarios, sino a una necesidad del país. Es absurdo que no se esté acompañando, especialmente cuando 18 gobernadores ya se manifestaron a favor del régimen", señaló.

Como parte del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, ARCA propuso un convenio de intercambio de información con las provincias para preservar datos sobre consumos personales y aumentos patrimoniales. Las jurisdicciones que no se adhieran a este acuerdo perderán acceso a información clave sobre operaciones de personas y empresas, particularmente las que superen el umbral de los $50 millones.

Para Pazo, esta política es la única forma viable de canalizar los ahorros informales hacia el sistema. "No hay alternativa, apóyenla", insistió con tono irónico. Aunque el Régimen Simplificado de Ganancias es relevante, lo más decisivo, según su visión, es establecer la presunción de inocencia fiscal como principio rector.

En segundo término, sostuvo que los conflictos con ARCA deberían resolverse "con dinero, no con causas penales". En ese sentido, aseguró que brindar mayor certidumbre tributaria facilitaría que los contribuyentes operen sin temor a consecuencias judiciales.

"Si alguien logró ahorrar más de u$s200 no es un delincuente", dijo el titular de ARCA

Pazo también remarcó que la meta es facilitar la reincorporación de fondos de origen legal. "Creemos que gran parte de ese dinero proviene de actividad lícita. Si alguien logró ahorrar más de u$s200 no es un delincuente, simplemente trató de proteger su capital. El sistema anterior empujó a la gente a salir de la formalidad, y ahora estamos intentando abrir la puerta para que puedan volver".

El diagnóstico del titular de ARCA sobre el organismo que dirige fue crítico: lo calificó de "ineficiente" y comparó su funcionamiento con un "modelo soviético de persecución". Señaló que el nivel de evasión en el IVA ronda el 37%, un valor comparable al de la crisis de 2001, y que una mínima porción de contribuyentes (1.000 personas físicas o jurídicas) representa el 50% de la recaudación total. Esa proporción se eleva al 70% si se consideran los 11.000 principales aportantes.

Además, denunció la falta de modernización del organismo: "En los últimos siete años no se invirtió en tecnología. Hoy, cualquier autoridad fiscal seria del mundo basa su capacidad de control y recaudación en herramientas tecnológicas".

ARCA también fue alcanzada por el ajuste fiscal. Según precisó Pazo, se redujo más del 45% de los cargos jerárquicos, se achicó un 32% la estructura operativa, se cerraron 38 receptorías y se desactivaron alrededor de 450 puestos creados durante gestiones anteriores, que consideró innecesarios.

Finalmente, Pazo subrayó que el equilibrio de las cuentas públicas es una prioridad innegociable. "El superávit fiscal primario no se discute. Todas las consultas sobre retenciones o percepciones tienen una única respuesta: una vez que esté consolidado el superávit, la prioridad del Gobierno será seguir bajando impuestos. Ya lo venimos haciendo de forma sostenida", concluyó.