Sueldo en dólares: el cambio de alto impacto que se viene con la reforma laboral
Tras su reciente triunfo en las elecciones legislativas del domingo, el presidente Javier Milei confirmó que seguirá avanzando en la reforma laboral, una de las principales metas de su gobierno. En realidad, habrá una nueva fase de reformas estructurales, y el foco estará puesto en la modernización de las leyes laborales.
En este contexto, al día siguiente de los buenos resultados obtenidos en las urnas, el mandatario confirmó que "para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión". Y agregó: "O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos".
El objetivo de la reforma es actualizar la legislación vigente, simplificar los procesos de contratación y formalizar a unos ocho millones de trabajadores informales. El proyecto, que será remitido al Congreso, busca generar acuerdos entre gremios y empresarios y propone "modernizar un régimen laboral con más de siete décadas de antigüedad, que ya no responde a las dinámicas del mundo actual".
Reforma laboral: ¿se podrá cobrar el sueldo en dólares?
Uno de los puntos clave de la reforma tiene que ver con el sueldo. La iniciativa contempla otorgar mayor libertad a las partes para pactar condiciones laborales, incluyendo la posibilidad de percibir el 100% del salario en dólares. Este punto resulta particularmente relevante para los trabajadores de sectores exportables, como la industria del software, los servicios de call center o la consultoría.
En este sentido, refiriéndose a los sueldos, Manuel Adorni sumó: "Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo".
También se prevé promover la negociación de los convenios colectivos para que los sectores que deseen modernizar estructuras que llevan más de siete décadas puedan hacerlo. En la Casa Rosada definen esta medida como una "flexibilización hacia adelante", en alusión a que no se alterarán los derechos adquiridos.
Y se buscará eliminar las trabas burocráticas en los procesos de registración laboral, de modo que las empresas no necesiten asistencia legal o contable para incorporar personal, bajo el concepto de una "contratación exprés". Otro de los objetivos centrales será poner fin a la llamada "industria del juicio", un tema que preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Salario dinámico: cómo impacta en el trabajador
El nuevo modelo incorpora el concepto de "salario dinámico", un sistema que permitiría a cada empresa negociar directamente con su representación sindical interna. Se trata de un nuevo esquema de remuneración flexible, que se ajusta de manera más directa a la productividad, el desempeño individual o los resultados de la empresa, en lugar de estar atado exclusivamente a aumentos automáticos por inflación o negociaciones colectivas fijas.
En la práctica, este sistema busca reemplazar la lógica tradicional del salario, con aumentos uniformes y preestablecidos, por una modalidad más variable y negociable, donde el ingreso de cada trabajador puede modificarse según ciertos indicadores o acuerdos específicos.
Algunos de los elementos que suelen incluirse dentro del concepto de salario dinámico son:
- Bonos por productividad o rendimiento.
- Remuneraciones mixtas, con una parte fija y otra variable.
- Ajustes automáticos vinculados a metas, resultados empresariales o desempeño del sector.
- Mayor libertad para pactar condiciones salariales entre empleador y empleado, incluso en moneda extranjera.
El objetivo declarado del Gobierno es incentivar la eficiencia, la competitividad y la formalización del empleo, aunque los críticos —especialmente desde el sindicalismo— advierten que podría debilitar la negociación colectiva y generar inestabilidad en los ingresos si no se establecen límites claros.
Vacaciones, banco de horas y convenios colectivos, otros puntos clave de la reforma
El proyecto contempla la posibilidad de ampliar la jornada laboral mediante la implementación de bancos de horas, sistemas de compensación y extensiones de hasta 12 horas diarias, siempre que sean acordadas en paritarias o convenios colectivos.
También introduce modificaciones en el régimen de vacaciones, que podrán otorgarse en cualquier momento del año y dividirse en períodos no inferiores a una semana. Se garantiza, además, que cada trabajador pueda disfrutar de una temporada de verano al menos cada dos años, salvo que opte voluntariamente por otra modalidad.
En cuanto a las indemnizaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonarlas en hasta doce cuotas mensuales, con montos limitados según lo dispuesto en la sentencia judicial. A su vez, se agilizarán los procesos de homologación de acuerdos con el objetivo de reducir los litigios laborales.
La iniciativa promueve la digitalización de trámites laborales, otorgando validez legal a recibos y documentación electrónica, y amplía los medios de pago permitidos, que podrán realizarse a través de bancos, cheques o plataformas digitales autorizadas.
El texto propone además una mayor flexibilidad en los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa que contemplen variables como la productividad, el desempeño y la sustentabilidad económica, por encima de los incrementos automáticos ligados a la inflación.
En materia de incentivos fiscales, se prevé la creación de un bono de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio alcanzará el 100% de las contribuciones patronales para microempresas, el 75% para pequeñas, el 50% para medianas y el 25% para grandes compañías.
El proyecto también redefine el concepto de salario, excluyendo de su cálculo beneficios como almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil o reintegros médicos. Además, centraliza en la Secretaría de Trabajo el control médico de las licencias por enfermedad o accidente.
Por último, actualiza el régimen de responsabilidad solidaria en casos de subcontratación y establece sanciones de hasta el 100% del beneficio obtenido para quienes incumplan la normativa o cometan fraudes en el acceso a los incentivos fiscales.
Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma "no busca afectar derechos adquiridos", sino "impulsar la creación de empleo formal y competitivo, adaptado a las exigencias de la nueva economía".