La reforma laboral de Milei gana fuerza con el Congreso que viene tras el sólido triunfo del oficialismo

El presidente Javier Milei prometió una reforma del régimen laboral, destinada a otorgar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal, para cuyo éxito serán claves los bloques robustos en el Congreso que logra en esta elección, aunque también necesitará acuerdos políticos para sortear la oposición de los sindicatos.

Tal como informó iProfesional, el gobierno de Javier Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.

El Gobierno podría contar a partir de diciembre con unos 100 diputados propios en la Cámara baja que le garantizan con creces el tercio del recinto, con el que puede bloquear los intentos de la oposición por rechazar vetos y DNU, incluso sin necesidad del apoyo del bloque PRO, que vio reducida sus filas a una decena de legisladores. Igualmente, necesitará sostener esa alianza y buscar nuevas para tener mayoría, aunque las urnas lo dejaron mejor parado para esa tarea.

Cuáles son los objetivos de la reforma laboral

La reforma laboral del Gobierno busca dar impulso al crecimiento de las pymes, mediante un marco normativo más flexible y adaptado a las necesidades del sector productivo, así como la recomposición del vínculo entre trabajadores y empleadores, promoviendo la creación de empleo genuino y estable.

El marco jurídico laboral que se impulsa será claro, simple y predecible, para dejar de ser un obstáculo para la contratación y que se convierta en una herramienta de desarrollo.

Se critica el actual modelo porque dejó a más de un millón de personas atrapadas en planes asistenciales como el Potenciar Trabajo, desconectadas del mercado formal. La propuesta busca reincorporarlas a través del trabajo, considerado la "verdadera herramienta de inclusión", y reconocer la diversidad de las nuevas formas laborales mediante incentivos y reglas claras.

En tal sentido, propone una distinción definitiva entre trabajo autónomo y relación de dependencia.

Para el Gobierno es clave diferenciar claramente entre trabajo autónomo y relación de dependencia para evitar distorsiones legales y abusos contractuales. "Cuando el trabajo es independiente, debe serlo genuinamente. Cuando es en relación de dependencia, debe tener todos los derechos del contrato laboral", explican los funcionarios.

Cómo serán los convenios colectivos

Una de las principales modificaciones legales que se impulsan es la revisión y actualización de los convenios colectivos de trabajo, fomentando nuevas negociaciones entre cámaras empresarias y sindicatos para adecuarlos a la realidad económica actual.

También se busca la facilitación del diálogo entre las partes laborales, habilitando instancias de negociación más ágiles y representativas, que permitan la negociación a nivel de empresa e individual.

El sistema actual de convenios, con estructuras rígidas y duraciones extensas, debe adaptarse a los cambios productivos y tecnológicos, según el Gobierno.

Se plantean dos caminos jurídicos: priorizar los convenios de empresa sobre los de actividad, lo que implicaría una actualización integral, o mantener el esquema actual, donde los convenios de actividad solo mejoren las condiciones de los de empresa.

En ambos casos, se busca garantizar la sostenibilidad económica y una ganancia razonable para las empresas.

Qué cambia a nivel de salarios

Sobre el salario, se propugna la ampliación de las libertades contractuales, permitiendo que las partes acuerden las condiciones laborales con mayor flexibilidad.

También la posibilidad de pactar salarios en la moneda que elijan las partes, incluso en dólares, sin los topes actuales (20%).

Lo más importante es que se introduce el concepto de "salario dinámico", que busca vincular la remuneración con el desempeño individual, diferenciando los salarios reales de los básicos convencionales.

En este esquema, los salarios pactados en el convenio colectivo del gremio pasan a ser techos, en lugar de pisos, así como la desindexación, de manera que no haya una actualización por inflación de los sueldos

Se propone un esquema donde los salarios crezcan de manera dinámica, vinculados a la productividad y no solo a la inflación. "Necesitamos que el trabajador que da todo de sí reciba una mejor remuneración. Si damos lo mismo para todos, terminamos generando desempleo", afirmaron los funcionarios, destacando la importancia de premiar el esfuerzo individual.

Qué pasa con los juicios laborales

El Gobierno quiere eliminar por fin la "industria del juicio", a fin de reducir la litigiosidad laboral y generar un entorno propicio para la inversión y la formalización del empleo.

Respecto de la previsibilidad en la justicia laboral, los funcionarios resaltan la necesidad de evitar contradicciones en fallos judiciales para generar confianza.

"Debemos evitar que después de un fallo de la Corte, otros jueces decidan lo contrario. Eso destruye confianza", se afirmó, abogando por un sistema judicial laboral más previsible.

Sin embargo, cualquier avance en materia judicial, como ya se vio en el caso de la Ley Bases, choca con declaraciones de inconstitucionalidad y medidas cautelares dictadas por la propia Justicia del Trabajo.

Cuál es la reacción de los sindicatos

La propuesta ha generado una fuerte reacción de sindicatos y organizaciones gremiales, que anticiparon oposición a reformas que consideren regresivas o que afecten derechos adquiridos.

Un informe técnico que circula entre dirigentes de la CGT, fundamenta este rechazo sobre antecedentes de organismos como la OIT, OCDE, CEPAL y Banco Mundial, junto a datos del INDEC.

El documento advierte que la flexibilización de contrataciones y despidos no genera empleo neto en economías estancadas, sino que sustituye puestos estables por precarios, aumentando informalidad y desigualdad.

El informe también critica la descentralización de paritarias, que debilita el poder de negociación y reduce salarios reales, incrementando desigualdades. Asimismo, señala que recortes en cargas sociales generan déficits previsionales.

Sobre los fondos de cese, sostiene que no resuelven la litigiosidad laboral y desplazan responsabilidad al trabajador, cuestionando la protección del crédito laboral.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el informe reconoce beneficios potenciales en productividad con rediseño organizacional, pero advierte sobre riesgos de horas extras no registradas en sectores hora-dependientes.

A nivel macro, destaca que la pérdida de poder adquisitivo reduce la demanda interna, principal motor del consumo en Argentina, y compromete la productividad agregada, amplificando desigualdad y riesgos fiscales.

La propuesta de reforma laboral del Gobierno, dado que despierta esta oposición de los sindicatos, deberá apoyarse en la nueva fuerza del Gobierno en el Congreso, pero también necesitará acuerdo político.