El movimiento financiero que prepara Caputo para enfrentar el vencimiento de u$s4.300 millones en enero
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El Ministerio de Economía evalúa por estas horas una alternativa financiera poco convencional: utilizar los u$s1.000 millones obtenidos recientemente con la emisión del nuevo Bonar como colateral para cerrar una operación de Repurchase Agreement (REPO) con entidades bancarias del exterior, en especial de Estados Unidos. La maniobra apuntaría a concretarse en un plazo muy corto, antes de que finalice 2025 o, a más tardar, en los primeros días de 2026.
El objetivo es captar entre u$s1.000 y u$s2.000 millones adicionales que permitan completar el monto necesario para afrontar el pago previsto para el 9 de enero próximo, cuando vencen cerca de u$s4.300 millones correspondientes a cupones de los bonos Bonares y Globales surgidos de la reestructuración de deuda de agosto de 2020.
Cómo viene la cuenta de los dólares
Hasta el momento, el Gobierno logró reunir parte de los fondos requeridos a través de distintas vías. A los u$s1.000 millones del Bonar se suman alrededor de u$s800 millones provenientes de las licitaciones de cinco represas en la Patagonia, unos u$s300 millones obtenidos por compras de divisas hacia el cierre del año y otros u$s500 millones ya disponibles. Aun así, restaría conseguir cerca de u$s2.000 millones para cerrar el esquema financiero del primer vencimiento de 2026.
En Economía transmiten optimismo y confían en que durante esta semana quedarán definidas las alternativas finales. Si la operación de REPO no llegara a concretarse —más por cuestiones de tiempos operativos que por falta de interés de los bancos—, el menú de opciones incluye activar el swap acordado con los Estados Unidos o utilizar las líneas previstas en el programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los próximos vencimientos en el radar
Una vez despejado el pago de enero y explicado el origen de los u$s3.400 millones restantes, el foco se trasladará al siguiente compromiso relevante: el del 9 de julio, cuando habrá que desembolsar otros u$s4.200 millones por el segundo vencimiento anual de los Bonares y Globales. Ese esquema se repetirá también en 2027.
En el horizonte financiero se proyectan vencimientos por una suma cercana a los u$s18.000 millones, un desafío que obligará al equipo económico a asegurar alrededor de u$s17.000 millones en los próximos dos años.
La hoja de ruta del Ejecutivo contempla volver a emitir deuda en los mercados internacionales a partir de 2026, aunque ese paso quedará supeditado a una fuerte baja del riesgo país, con el objetivo de que caiga por debajo de los 600 puntos y, en el mejor escenario, se acerque a la zona de los 400.
El rol de los bancos y el Tesoro de EE.UU.
El plan original diseñado junto a JP Morgan atravesó una pausa técnica vinculada a los tiempos necesarios para estructurar garantías del Tesoro estadounidense. Ese obstáculo podría resolverse ahora, aprovechando la ventana que se abre entre el 10 de enero y el 9 de julio de 2027.
En ese lapso, el Gobierno intentará retomar las conversaciones con bancos internacionales, apoyándose en el cumplimiento del pago de enero de 2026 y en la posibilidad de instrumentar un esquema avalado por el Tesoro de Estados Unidos, sujeto a los plazos administrativos de Washington.
Cambios de estrategia para 2026
Para el primer semestre del próximo año también se espera un giro en la política cambiaria. La idea es dejar atrás la estrategia de no comprar dólares hasta alcanzar un piso en el tipo de cambio, y permitir que el Tesoro vuelva a acumular divisas en las reservas. Con ese colchón, se buscará enfrentar el vencimiento de julio por más de u$s4.000 millones sin recurrir, en principio, a asistencia externa.
En caso de que en 2026 sea imprescindible recurrir a recursos asociados a Donald Trump para atender los vencimientos, el Gobierno analiza dos alternativas: avanzar con un canje de monedas, que permitiría obtener dólares a cambio de pesos sin modificar los pasivos monetarios, o impulsar una recompra de títulos públicos que hoy están en poder del Estado mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Según la visión oficial y la de buena parte del mercado, cualquiera de estas alternativas podría implementarse sin necesidad de una ley específica, ya que no implican nueva deuda, sino una reconfiguración de plazos, reemplazando vencimientos cortos por otros de mayor duración.