Jugada de Milei por la reforma laboral: analiza un gesto clave a provincias para asegurarse la aprobación

El gobierno de Javier Milei analiza ceder ante reclamos fiscales de las provincias para asegurar la aprobación de la reforma laboral en el Senado y luego la Cámara de Diputados. Una masa crítica de gobernadores le hizo saber a la Casa Rosada que están dispuestos a acompañar la modernización en las normas laborales, pero no una rebaja o eximición de impuestos que podría generar un impacto fiscal en la coparticipación de u$s3.285 millones.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes del Gobierno, "la reforma se tiene que aprobar con 37 votos al menos en el Senado y los reclamos son razonables".

"Entonces la ley será la que consensuemos", agregó una alta fuente de La Libertad Avanza en el Senado.

Reforma Laboral: el pedido de los gobernadores a cambio de darle el sí al Gobierno

En otros despachos del Gobierno admitieron que "existen esos planteos fiscales de los gobernadores para aprobar la reforma laboral a cambio de que se eliminen artículos que determinan una pérdida de coparticipación".

"Pero todo eso depende de Economía", advirtieron las fuentes oficiales a iProfesional. En Economía no respondieron a las consultas y existe un gran hermetismo. Pero poco a poco decanta la idea de que el proyecto tendrá que desdoblarse entre el capítulo laboral y el capítulo impositivo, que implica casi una reforma tributaria encubierta.

Es que, por un lado, la ley plantea los siguientes puntos:

• Preeminencia del convenio por empresa sobre el de actividad
• Ultraactividad limitada de convenios
• Banco de horas
• Cambios en indemnizaciones: un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) conformado por el 3% de los haberes de los trabajadores para financiar despidos, que conformaría unos 4200 millones de dólares.
• Rebaja de aportes patronales del 3% sobre los salarios, lo cual desfinanciaría los recursos previsionales, en u$s4.200 millones.
• Regulación del derecho de huelga y asambleas

Pero otro capítulo de la reforma laboral implica la eliminación de impuestos internos para sectores empresarios y la rebaja en el impuesto a las ganancias para otros sectores.

Por ese concepto, la Nación y las provincias sufrirían un impacto fiscal de 5.700 millones de dólares, de los cuales la Nación perdería 2.300 millones, la coparticipación de las provincias 3.285 millones, los Aportes del Tesoro Nacional 57 millones y la Ciudad de Buenos Aires 80 millones.

Por decreto, Milei convocó este lunes a sesiones extraordinarias desde el 2 al 27 de febrero para que el Congreso trate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE), la Ley de glaciares y la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador ante la UE.

Por ahora, en la Casa Rosada están divididas las posturas. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, son los más proclives a no ceder ante las provincias. En cambio, el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el asesor sin cartera Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consideran que hay que negociar con las provincias. Son los más cercanos a las negociaciones.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei están tironeados por ambos sectores y siguen de cerca las negociaciones. Por ahora, Santilli se reunió y tuvo el apoyo para la reforma laboral de los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, de San Juan, Marcelo Orrego, de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Las reuniones de Santilli con los gobernadores para avanzar con la reforma

"La Ley sale con más de 37 votos. Entonces la ley es la que consensuemos. Pero las reformas que piden son razonables los gobernadores", señaló a iProfesional una alta fuente del Senado. En el Gabinete, un alto funcionario señaló que "la laboral va a salir, hay planteos de provincias por la pérdida de coparticipación, y las concesiones dependen de la decisión de Economía". Todo parece indicar un espíritu negociador por parte de los funcionarios de Milei.

Santilli visitó Chaco la semana última y destacó la necesidad de avanzar con la Reforma Laboral: "No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina", dijo al visitar a Zdero.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, del peronismo, tuvo que suspender la reunión con Santilli por una alerta meteorológica, pero no se descarta que en realidad haya respondido a sus pares del peronismo para avanzar en una negociación en bloque de los mandatarios justicialistas.

Santilli también estuvo en Chubut con el gobernador Ignacio Torres, pero solo abordaron el problema de los incendios en la provincia y se comprometió a girar fondos para acompañar a la provincia ante la emergencia.

También Santilli se reunió en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo, y luego visitó San Juan para reunirse con Orrego. Este lunes obtuvo el apoyo del salteño Sáenz y este miércoles irá a Neuquén para verse con el gobernador Rolando Figueroa y el jueves a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio, ambos con origen en el PRO.

Por su parte, una fuente allegada al peronismo aseguró que "es muy preocupante el impacto fiscal que recibirán las provincias y todas van a estar alertadas: deberían todos estar planteando la pérdida que van a tener".

"Es lamentable que no lo hagan y encima le levanten la mano. Encima hay un artículo que les da el poder a Economía (Caputo) de aumentar o bajar impuestos; es una locura", señaló una fuente allegada a un gobernador del PJ.

El impacto fiscal que tendría en las provincias en la Nación la aprobación de la reforma

En un trabajo del senador Jorge Capitanich, que se convirtió en el cerebro económico del bloque del peronismo, se asegura que "la magnitud real del impacto fiscal que esconden apenas tres artículos del proyecto bajo análisis lejos de tratarse de ajustes marginales o incentivos focalizados, estas disposiciones implican una pérdida recaudatoria anual de $8.149.521.000.000, equivalente a u$s5.727 millones, derivada de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados, que impactan directamente en la coparticipación, sin contrapartdas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo".

"El impacto no es neutro ni abstracto: $4.674.565.245.600 de esa pérdida recaen directamente sobre las provincias, afectando el corazón del federalismo fiscal argentino", dice.

Eso podría afectar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y políticas sociales. Este recorte se replica, con distinta intensidad, en cada jurisdicción del país, profundizando las asimetrías territoriales y debilitando la autonomía financiera provincial.

A ello se suma la reducción de u$s57.270.000 correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). De ese modo, la Nación resigna u$s2.304.544.800, recursos que dejan de estar disponibles para financiar funciones indelegables del Estado: jubilaciones y pensiones, educación pública, salud, políticas de cuidado y programas sociales.

"Esta contracción de ingresos no responde a una crisis macroeconómica ni a una necesidad fiscal impostergable, sino a una decisión política orientada a trasladar recursos públicos hacia un grupo concentrado de grandes empresas, en detrimento del conjunto de la sociedad", señaló el informe.

"El apuro por aprobar estas medidas antes de fin de año no es casual. Su entrada en vigencia inmediata permite que el beneficio fiscal impacte sobre la totalidad del ejercicio 2025, especialmente en el Impuesto a las Ganancias, maximizando el ahorro tributario de los beneficiarios y consolidando una transferencia regresiva de ingresos desde el Estado hacia el capital concentrado", dijo Capitanich.

El impacto fiscal para la Nación es de u$s2.304 millones, para los ATN son 57 millones, para CABA 80 millones, mientras que las provincias en total pierden unos $3.285 millones, distribuidos de esta manera:

• Buenos Aires: u$s713 millones
• Catamarca: u$s89 millones
• Córdoba: u$s288 millones
• Corrientes: u$s120 millones
• Chaco: u$s162 millones
• Chubut: u$s51 millones
• Entre Ríos: u$s158 millones
• Formosa: u$s118 millones
• Jujuy: u$s92 millones
• La Pampa: u$s61 millones
• La Rioja: u$s67 millones
• Mendoza: u$s135 millones
• Misiones: u$s107 millones
• Neuquén: u$s56 millones
• Río Negro: u$s2 millones
• Salta: u$s124 millones
• San Juan: u$s109 millones
• San Luis: u$s74 millones
• Santa Cruz: u$s51 millones
• Santa Fe: u$s290 millones
• Santiago del Estero: u$s134 millones
• Tucumán: u$s134 millones
• Tierra del Fuego: u$s40 millones

Es por ello que la Casa Rosada ahora negocia postergar este recorte de impuestos que impactará mayormente en las provincias, que deberían cobrar más impuestos a los contribuyentes.