El Gobierno eliminó el presentismo, baja el sueldo de los estatales y ATE responde

El escenario laboral para los trabajadores de la Administración Pública Nacional sufrió un cambio drástico este mes. Tras el vencimiento de la última prórroga que mantenía vigente el denominado "Premio Estímulo a la Asistencia", el Gobierno Nacional decidió no renovar este beneficio, lo que se traduce en una quita directa sobre los haberes de febrero. La medida afecta a los empleados bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y representa un fuerte golpe al bolsillo en un contexto de alta inflación.

La decisión administrativa, que ya fue oficializada y se verá reflejada en las liquidaciones correspondientes a febrero que se pagan en marzo, pone fin a un esquema que buscaba incentivar la presencia de los agentes estatales. Para miles de trabajadores que cumplen funciones en ministerios, organismos descentralizados y la propia Casa Rosada, esta modificación no es un simple cambio de normativa, sino una reducción nominal de su poder adquisitivo.

Desde los sectores gremiales, la respuesta fue inmediata. La dirigencia sindical advierte que este ítem ya formaba parte de la estructura salarial habitual y permanente, por lo que su eliminación unilateral es considerada un incumplimiento de los acuerdos previos. En medio de un clima de tensión creciente, los gremios analizan medidas de fuerza, argumentando que la quita de este suplemento equivale a perder gran parte de las actualizaciones logradas en las últimas paritarias.

Quita del presentismo para estatales: quiénes pierden y cuánto

 Según los datos que trascendieron del ámbito oficial, la eliminación del plus por presentismo afectará a los empleados de la Administración Central y organismos dependientes. En términos reales, un trabajador de Casa Rosada o de los ministerios nacionales podría percibir hasta 150.000 pesos menos de promedio en su recibo de sueldo de febrero, dependiendo de su categoría y antigüedad.

Esta suma, que funcionaba como un refuerzo mensual por asistencia perfecta, representaba en muchos casos hasta el 10% del ingreso total de bolsillo para los escalafones más bajos. Al caerse la prórroga que estipulaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y no ser rediscutida en las mesas de negociación de este año, el concepto desapareció automáticamente de la grilla salarial, dejando a los estatales con un sueldo menor al del mes anterior.

Además de la cuestión económica, la medida plantea un interrogante logístico sobre el control de la asistencia. Hasta ahora, el "Premio Estímulo" funcionaba como una herramienta disuasoria contra el ausentismo; sin este incentivo económico, el Ejecutivo deberá redefinir qué mecanismos utilizará para garantizar el cumplimiento de las tareas y el presentismo en las dependencias públicas, un punto que aún no fue detallado por las autoridades.

El recorte aplica solo sobre los empleados pertenecientes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP):

• Casa Rosada y ministerios nacionales

• Organismos descentralizados

• Dependencias de la Administración Central

La postura de ATE: "El presentismo es salario"

Desde ATE Capital fueron contundentes al calificar la medida como "arbitraria e ilegal". A través de una notificación formal, el gremio intimó al Gobierno a abstenerse de cualquier supresión del suplemento, sosteniendo que el presentismo reviste un carácter alimentario y está protegido por la normativa laboral vigente. Para el sindicato, no se trata de un premio opcional, sino de una parte integrante de la remuneración habitual que no puede ser eliminada sin una justificación válida o un acuerdo de partes.

La organización subrayó que esta decisión profundiza el ajuste sobre la planta estatal y configura una conducta que será judicializada de no mediar una rectificación. "La suspensión del pago es equivalente a dejar de percibir las paritarias acumuladas", expresaron desde el gremio, dejando abierta la puerta a un plan de lucha que podría incluir paros y movilizaciones en los próximos días, sumándose al malestar ya existente por el tope en los incrementos salariales y los despidos en distintas áreas del Estado.