El Gobierno da de baja unos 900 mil planes sociales e implementará vouchers de capacitación
El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación definitiva del programa Volver al Trabajo. Se trata de unos 900 mil planes sociales que pagaban $78.000 mensuales a sus beneficiarios y será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Se trata del cierre de un programa que funcionaba como sucesor del emblemático Potenciar Trabajo. Ese plan fue reformulado tras la llegada de Javier Milei a la presidencia y estaba destinado a personas en situación de vulnerabilidad social.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, comunicó la medida a través de sus redes sociales. "Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril", detallaron desde la cartera en su cuenta de X.
Las personas inscriptas en el programa ya fueron notificadas. La comunicación oficial llegó por correo electrónico y también a través de la aplicación Mi Argentina.
Quienes manifiesten interés en seguir capacitándose podrán acceder a los vouchers. Ese será el nuevo mecanismo que el Gobierno propone para continuar con la formación laboral de los ex beneficiarios.
Qué era el programa Volver al Trabajo y a quiénes alcanzaba
El plan tenía como únicos destinatarios a las personas transferidas desde el Potenciar Trabajo. Su objetivo central era facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial y mejorar las oportunidades de inserción laboral.
Según constaba en el sitio oficial, esto se lograba mediante la participación en actividades de formación laboral. También incluía prácticas formativas en ambientes de trabajo reales y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos.
Los emprendimientos podían ser individuales o asociativos. Los beneficiarios percibían la asignación dineraria fija no remunerativa durante un total de dos años.
Entre las prestaciones del programa se incluían varios servicios clave. Ofrecía orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, además de intermediación laboral.
También brindaba capacitación laboral y certificación de competencias. Las prácticas formativas en ambientes de trabajo eran otro pilar del plan.
Se sumaban acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado. El trabajo independiente y autogestionado también era fomentado.
El fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas ocupaba un lugar importante. Esto podía ser en forma individual, asociativa o familiar.
Además, el programa contemplaba la terminalidad educativa o iniciativas análogas para el desarrollo de competencias básicas, buscando una formación integral de los participantes.
Los orígenes del Potenciar Trabajo y su transformación
El plan Potenciar Trabajo nació en 2020. Surgió bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Su propósito inicial era brindar un Salario Social Complementario. Esa prestación económica apuntaba a mejorar los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad.
También otorgaba subsidios y créditos. Esos recursos buscaban apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios en distintos puntos del país.
El programa fue desarticulado en febrero de 2024. La gestión libertaria decidió separarlo en dos grupos de beneficiarios según sus situaciones particulares.
Al mismo tiempo, disolvió las unidades de gestión que actuaban como intermediarios. La medida tuvo impacto directo en 1,2 millones de beneficiarios sociales.
El Ministerio de Capital Humano denunció entonces serias falencias en el funcionamiento del plan. Los números que presentaron resultaron contundentes.
Por qué el Gobierno justificó el cambio de paradigma en los planes sociales
Desde la cartera de Pettovello señalaron que en cuatro años solo 1,3% de los beneficiarios lograron salir del plan. El motivo para abandonarlo era haber conseguido trabajo formal.
El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad. Ninguna otra razón explicaba la salida de personas del programa, según los datos oficiales.
Bajo estos argumentos, el Gobierno promovió un cambio de paradigma que implicó dividir los beneficios del Potenciar Trabajo en dos programas distintos: Volver al Trabajo, con alrededor de un millón de personas, y Acompañamiento Social, que alcanzaba a 200.000 personas.
Una de las principales críticas que sostenía el oficialismo apuntaba a las unidades de gestión. Esas cooperativas, mayoritariamente manejadas por movimientos sociales, intervenían en la coordinación y administración del programa.
El presupuesto adjudicado a esas unidades rondaba anualmente los u$s34 millones. El Gobierno anunció en ese momento que ese dinero iba a "ir directamente a la gente".
Desde el oficialismo argumentaban que las unidades se convirtieron en lo que "algunos denominan gerentes de la pobreza". Señalaban que controlaban a los beneficiarios a través de mecanismos burocráticos.
El presentismo y la gestión administrativa, lejos de potenciar la autonomía, favorecían la intermediación. Esa dinámica perpetuaba la dependencia en lugar de promover la salida del sistema de asistencia.
Ahora, con la eliminación de Volver al Trabajo, el esquema de planes sociales vuelve a transformarse. Los vouchers de capacitación representan la nueva apuesta oficial para la formación laboral de quienes estaban en el programa.