Revés para el Gobierno, celebración en la CGT: claves del freno al traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad

El traspaso del fuero del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires fue una carta fuerte e inesperada que el Gobierno Nacional jugó mientras se debatía la reforma laboral en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero último.

Harto de los fallos adversos de los jueces laboralistas, el Ejecutivo buscó disciplinar a los magistrados y prácticamente hacerlos desaparecer con su envío a la órbita porteña. Decidió cerrar la mayoría de los juzgados y una sala de la Cámara con el objetivo de disciplinar a los magistrados y prácticamente hacerlos desaparecer.

Con ese fin, firmó el 9 de febrero pasado el Acuerdo de transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la administración de Jorge Macri.

Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los empleados judiciales porque ven peligrar sus puestos de trabajo. Por eso, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), solicitó que se declare la nulidad e invalidez constitucional de distintas disposiciones de la norma.

Además, pidió que se dicten medidas cautelares para que el Estado nacional se abstenga del dictado y/o instrumentación de cualquier acto que implique la transferencia de funciones de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Con el fallo del juez Herman Mendel firmado hoy, empleados judiciales 1-Ejecutivo 0.

Además de los empleados, son los propios jueces quienes se sienten atacados. María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, calificó al traspaso como "un acuerdo político" para eliminar el fuero laboral nacional.

"La decisión de traspasar esta jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y al fuero federal responde a una represalia gubernamental y generará un inminente colapso operativo", afirmó cuando fue consultada por el tema.

¿Qué puede hacer el Gobierno ahora? El juez le dio un plazo de 3 días para que presente un informe circunstanciado sobre los hechos y fundamentos del caso, en el marco del trámite previsto para este tipo de acciones. Mientras tanto, el traspaso quedará frenado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La CGT celebra el fallo que frena el traspaso de la Justicia laboral

El fallo ya fue celebrado por la CGT, la que también integra Piumato, que destacó que la resolución "expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales".

"Desde la CGT sostenemos que este ámbito de justicia es clave para equilibrar las desigualdades entre capital y trabajo. Debilitarlo o desarticularlo implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y una afectación directa al principio protectorio de la Constitución Nacional", expresó la central en un comunicado.

La CGT recordó que la transferencia generaba "incertidumbre sobre las condiciones de miles de trabajadores judiciales, afectando su estabilidad, su carrera y sus derechos".

Además, los trabajadores se sienten discriminados con esta decisión porque al único fuero que afecta el traspaso es al laboral, mientras que los demás seguirán, al menos por el momento, en la órbita de la Justicia Nacional.

Qué dice el acuerdo que se suspendió

El acuerdo firmado entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, estableció que la Justicia Nacional sólo intervendrá en materia de negociación colectiva, convenciones colectivas y medidas de acción sindical y las acciones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales, cuando resulten de jurisdicción federal.

También en los asuntos derivados del Pacto Federal del Trabajo, en particular los referidos a inspecciones laborales, aplicación de multas y demás competencias que se ejercen de manera articulada entre el Estado Nacional y las provincias y las causas que versen sobre materia laboral y a su vez sea parte o tercero interesado el Estado nacional.

La UEJN advirtió sobre la magnitud institucional del fuero, compuesto en la actualidad por 1.530 agentes que tramitan alrededor de 700.000 expedientes entre ambas instancias. La entidad sindical argumentó que el traspaso incurre en una regresividad normativa que vulnera derechos adquiridos.

Señaló además que el acuerdo no establece el traspaso automático del personal ni regula su estabilidad laboral, pero además tiene otros problemas:

• Altera el sistema de ascensos porque el traspaso implica pasar a un régimen administrativo de evaluación anual en la Ciudad que es desfavorable para los trabajadores
• Modifica la jornada laboral porque los empleados pasarían de una carga de seis a siete horas diarias (35 semanales)
• Omite al personal de maestranza, indispensable para el funcionamiento, cuyas tareas no están contempladas en el convenio colectivo porteño

Como protesta contra este convenio y por la toma del edificio, la actividad en la sede de la Justicia Nacional del Trabajo (Diagonal Roque Sáenz Peña 760) estuvo paralizada en las últimas semanas e incluso no se sortearon nuevas causas.

Cómo va a funcionar la Justicia laboral en la Ciudad

Para poner en marcha el fuero laboral en la Ciudad, en diciembre de 2024 la Legislatura porteña sancionó dos leyes (6.789 y 6.790). La primera creó una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por seis jueces y juezas divididos en dos salas y 10 juzgados de primera instancia con competencia en conflictos individuales del trabajo y en recursos vinculados con las comisiones médicas.

El Gobierno de CABA se comprometió, en un plazo no mayor a 180 días, a llevar a cabo de manera inmediata el procedimiento de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público (Fiscalía, Defensa y Tutelar) conforme a los mecanismos de selección previstos en la normativa vigente.

También acordó con la Nación adoptar todas las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para asegurar la efectiva puesta en funcionamiento del fuero. Mientras tanto, la Nación se comprometió a transferir progresivamente a la CABA recursos vinculados a las competencias aquí transferidas para garantizar su funcionamiento.