PATENTES FARMACÉUTICAS

El Gobierno eliminó las trabas que frenaban el patentamiento de medicamentos en Argentina desde hace 12 años

La eliminación de requisitos técnicos permitirá que el organismo agilice la evaluación de solicitudes con criterios internacionales y equidad
Por iProfesional
ECONOMÍA - 18 de Marzo, 2026

El Gobierno derogó una resolución de 2012 que imponía restricciones para el patentamiento de medicamentos. Ahora será el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quien decida caso por caso el otorgamiento de patentes, sin las limitaciones que operaban hasta hoy.

Una resolución conjunta del ministro de Salud, Mario Lugones, el de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, dejó sin efecto la normativa anterior. Esa vieja resolución detallaba las "Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas".

El extenso decálogo técnico que regía desde hacía 12 años quedó atrás. En adelante, el INPI "determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones", sin condicionalidades previas que restringían su capacidad de aprobación.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y marca un giro en la política de innovación farmacéutica del país.

Qué pasa con los medicamentos que ya están en el mercado argentino

La nueva norma incluye un segundo punto clave. Establece que para patentes concedidas a partir de ahora vinculadas a productos farmacéuticos ya comercializados en el país, los titulares de las patentes no podrán impedir la continuación de esa comercialización.

Tampoco podrán requerir una retribución o regalía por esos productos. Esta disposición funciona como un "safe harbor" o puerto seguro para proteger a los laboratorios que vendieron medicamentos durante la vigencia de las directrices ahora derogadas.

El objetivo es preservar la estabilidad del mercado y garantizar que los productos farmacéuticos que ya están disponibles puedan seguir comercializándose sin restricciones ni pagos adicionales.

Según el informe del estudio Marval, O'Farrell & Mairal, esta cláusula "plantea cuestiones importantes sobre su alcance y, potencialmente, su validez constitucional, especialmente en relación con los derechos de los titulares de patentes".

Especialistas consultados señalan que este artículo podría generar cuestionamientos legales por parte de laboratorios que se consideren perjudicados por la imposibilidad de recibir compensaciones.

La impronta de Sturzenegger y el alineamiento con Estados Unidos

Aunque no lleva su firma, la resolución refleja el sello desregulador del ministro Federico Sturzenegger. El funcionario celebró la medida en su cuenta de X y la calificó como "una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual".

"Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina", señaló Sturzenegger. Agregó que esto representaba un atentado contra el derecho de propiedad y demoraba la llegada de terapias innovadoras al país.

El ministro destacó que el INPI analizará cada solicitud de patente en forma individual y conforme a la ley, "sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo".

Sturzenegger también vinculó la decisión con el acuerdo comercial celebrado entre Argentina y Estados Unidos. "Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales", afirmó.

El funcionario explicó que, como contraparte de esta normalización, Estados Unidos le abre todo su mercado doméstico a la industria farmacéutica argentina.

Por qué las directrices de 2012 frenaban los patentamientos

Las directrices incluidas en la resolución derogada eran el escollo para que no se aprobaran patentamientos. Restringían la capacidad del INPI para otorgar patentes mediante un sistema de condicionalidades previas.

Expertos en la materia explican que el largo trámite que implica patentar un producto medicinal derivaba casi invariablemente en un resultado negativo. Las restricciones técnicas detalladas en el decálogo hacían prácticamente imposible superar todas las instancias.

Este marco normativo generaba inseguridad jurídica y desalentaba la inversión en innovación farmacéutica. También retrasaba la llegada de nuevas terapias al mercado argentino.

El sistema anterior ponía a Argentina en una posición desalineada respecto de los estándares internacionales de propiedad intelectual.

Los cinco beneficios clave que proyecta el Gobierno con la reforma

El ministerio de Desregulación aseguró mediante un comunicado que la medida "moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos".

La cartera eliminó restricciones que frenaban el desarrollo y la llegada de nuevas terapias, fortaleció la seguridad jurídica y protegió la comercialización actual de medicamentos.

El comunicado enumeró cinco beneficios para los argentinos:

  • Un sistema de patentes más claro y previsible permite acelerar la llegada de "más y mejores medicamentos" y terapias innovadoras al país
  • Una mayor seguridad jurídica estimula "inversión en salud", en investigación, desarrollo y producción farmacéutica, fomentando empleo y avance tecnológico
  • Integración con estándares internacionales que facilita la inserción de Argentina en cadenas globales de innovación
  • "Protección total del acceso actual" a los medicamentos disponibles en el mercado, sin riesgo de retiro ni cambios
  • "Más competencia en el largo plazo", para impulsar tanto la innovación como la producción local

Esta reforma fortalece el rol técnico del INPI, permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales y bajo la premisa de que más protección a la innovación equivale a más empresas que traen sus terapias a Argentina.

"Argentina deja atrás un modelo que bloqueaba la innovación y se alinea con el mundo para atraer inversión, acelerar el acceso a nuevas terapias y garantizar reglas claras", concluyó el ministerio de Desregulación.

El informe de Marval, O'Farrell & Mairal señaló que "la Resolución marca un punto de inflexión importante en el panorama de las patentes del país". Aunque advirtió que las implicaciones prácticas requerirán una vigilancia estrecha en los próximos meses.

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