Revelan cuánto podría bajar la nafta en Argentina sin los fuertes impuestos que cobra el Estado

El precio de los combustibles volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino, no solo por su impacto directo en el bolsillo sino también por su efecto multiplicador sobre toda la estructura de costos.

Detrás de cada litro de nafta hay un componente que suele quedar en segundo plano, pero que explica buena parte del valor final: la carga impositiva.

Tomando como referencia un precio de $2.000 por litro, promedio para lo que hoy cuesta en el AMBA, casi la mitad de ese valor corresponde a impuestos.

En concreto, unos $932, es decir, el 46,6% del precio final.

Se trata de una proporción elevada que permite entender por qué los combustibles en Argentina mantienen niveles altos en términos relativos, algo que queda más en evidencia en contextos como el actual, donde manda la volatilidad en el valor del petróleo por culpa de la guerra en Medio Oriente.

Cómo se reparte la carga

El grueso de la carga tributaria proviene del nivel nacional. Aproximadamente $830 por litro —un 41,5% del total de los $2.000 que vale la nafta súper— corresponden a impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono, además del IVA. Estos tributos no solo tienen un objetivo recaudatorio sino también buscan financiar la construcción de infraestructura.

En menor medida aparecen los impuestos provinciales, que representan unos $60 por litro (3%), y las tasas municipales, que suman alrededor de $42 (2,1%). En algunos municipios esa tasa sobrepasa incluso el 3%.

Aunque su peso es significativamente menor frente a los tributos nacionales, también contribuyen a engrosar el precio final que paga el consumidor.

Tensión en los surtidores

Este esquema impositivo plantea varias tensiones. Por un lado, el Estado encuentra en los combustibles una fuente de recaudación relativamente eficiente, dada la baja elasticidad de la demanda: la nafta es un insumo difícil de sustituir en el corto plazo.

Por otro lado, el alto componente impositivo impacta en la competitividad de la economía, ya que encarece el transporte y, por ende, los precios de bienes y servicios.

Además, existe un efecto distributivo que no siempre se discute. Los impuestos sobre los combustibles son, en esencia, regresivos: afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a transporte o a bienes cuyos precios dependen de la logística.

En este contexto, cada actualización de impuestos —muchas veces postergada y luego aplicada de manera acumulada— genera saltos en los precios que terminan trasladándose a la inflación. De hecho, en los últimos años, la dinámica de los combustibles ha estado fuertemente influida por decisiones fiscales, más allá de las variables tradicionales como el barril de petróleo o el tipo de cambio.

La discusión de fondo, entonces, no es solo cuánto cuesta la nafta, sino cómo se compone ese precio. Con casi la mitad del valor explicada por impuestos, cualquier estrategia orientada a aliviar el costo del combustible necesariamente deberá incluir una revisión del esquema tributario. El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la de no asfixiar a una economía que depende, en gran medida, de la movilidad.

En definitiva, cada vez que un automovilista carga combustible, no solo está pagando energía: también está financiando una parte significativa del funcionamiento del Estado.