El Gobierno oficializó los adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias
El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.
Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.
El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.
La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.
El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.
Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación
Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.
Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.
El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.
El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.
El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:
- La capacidad de repago de cada jurisdicción
- Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
- Las necesidades financieras manifestadas
- El cumplimiento de compromisos fiscales previos
Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar "impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes". Esa fue la razón esgrimida para intervenir.
El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.
Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan
El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.
Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.
En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.
Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.
La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.
El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.
Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.