El plan oficial para proteger la innovación en semillas y abrir la puerta a más exportaciones
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La administración nacional oficializó un mecanismo destinado a verificar el uso de variedades vegetales protegidas y fortalecer el resguardo de los derechos de propiedad intelectual vinculados a la actividad semillera. La medida fue establecida mediante una resolución conjunta entre la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
La iniciativa incorpora procedimientos específicos para identificar el origen varietal de los granos comercializados y busca reducir la utilización no autorizada de materiales protegidos por la legislación vigente.
La medida se apoya en la Ley de Semillas N° 20.247 vigente e incorpora herramientas para verificar el origen de los granos comercializados y proteger las variedades registradas.
Según establece la normativa, el sistema permitirá realizar el "control de la identidad varietal en grano" con el propósito de proteger "los derechos de los obtentores sobre las variedades vegetales registradas" y garantizar "la propiedad intelectual sobre las creaciones fitogenéticas".
Desde la administración nacional consideran que la nueva herramienta podría mejorar la competitividad del sector y traducirse en un aumento significativo de las exportaciones agroindustriales.
La apuesta oficial al crecimiento de las exportaciones
Tras la publicación de la resolución, el Gobierno destacó el potencial impacto económico de la iniciativa.
Según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la red social X: "Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales".
Cómo funcionará el sistema
Las verificaciones comenzarán cuando el productor entregue el grano en instalaciones registradas dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), donde se extraerán las muestras destinadas a los controles.
En esas instalaciones se extraerán muestras bajo protocolos técnicos específicos. Posteriormente, el material será analizado por Cámaras Arbitrales o entidades privadas autorizadas por el INASE o que cuenten con convenios vigentes con el organismo.
Los estudios deberán realizarse mediante metodologías reconocidas oficialmente. Una vez concluido el análisis, los resultados tendrán que ser comunicados simultáneamente tanto al titular de la variedad protegida como al responsable de la muestra evaluada.
Denuncias y resguardo de muestras
La normativa también fija un procedimiento para los casos en los que se detecten posibles irregularidades.
En caso de detectar presuntas irregularidades, el titular de la tecnología contará con un plazo de dos meses para formular una presentación. Mientras tanto, el material analizado permanecerá resguardado y, si se abre un expediente, será conservado hasta su remisión al INASE.
Si se comienza una acción administrativa o judicial, el material quedará preservado hasta que sea remitido al INASE para continuar con las actuaciones correspondientes.
Cuando exista una denuncia formal, la entidad responsable del estudio deberá remitir al organismo la documentación y las muestras correspondientes para que continúe el proceso administrativo.
Participación del sector privado
La resolución remarca la importancia de incorporar capacidad técnica externa para mejorar los controles y ampliar el alcance operativo del sistema.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que "la articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas, así como la adecuada protección de los derechos de los obtentores, lo que a su vez constituye un incentivo clave para la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial".
Un paso previo a la reforma de la Ley de Semillas
La implementación de este protocolo coincide con las discusiones que impulsa el Gobierno para modernizar el marco regulatorio del sector semillero.
A fines de abril, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el titular del INASE, Martín Famulari, mantuvieron reuniones con representantes de entidades rurales y empresas vinculadas a la producción de semillas para avanzar en una propuesta de actualización legislativa.
Entre los puntos centrales analizados aparece la consolidación de controles en acopios, puertos y plantas de procesamiento, considerados lugares estratégicos para monitorear la circulación del grano antes de su distribución.
"La iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente", habían asegurado fuentes oficiales.
La nueva reglamentación comenzará a regir para los cultivares inscriptos desde la entrada en vigencia de la resolución. Además, prevé sanciones para quienes incumplan las disposiciones contempladas en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.