Las claves de la crisis que paraliza el comercio exterior y que tiene a Sturzenegger como protagonista

Mientras el gobierno de Javier Milei defiende una baja del "costo argentino", el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, suma conflictos con distintos sectores. Mediante un decreto, dispuso que cualquier capitán de barco pueda desarrollar la actividad del "practicaje" —la guía a los buques para el ingreso a puerto—, al tiempo que prepara un proyecto de ley ómnibus para, entre otras cosas, abrir la navegación de cabotaje a empresas extranjeras bajo la legislación de sus países de origen.

En las últimas horas, el conflicto escaló a un pico de tensión entre Sturzenegger y los prácticos, al punto tal que el Gobierno tuvo que abrir canales de comunicación entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y representantes del sector.

Por otra parte, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) emitió un duro comunicado en el que advierte sobre los peligros que significa la apertura del cabotaje a empresas extranjeras para la industria nacional, la logística y la soberanía marítima.

Conflicto de prácticos y paralización en el Río de la Plata y la Hidrovía

Al caer la tarde de este lunes, la Asociación de Prácticos de la República Argentina (APRA) emitió un comunicado interno a sus asociados en el que indicaba: "Como novedad de último momento, representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se han comunicado con nuestras autoridades manifestando la intencionalidad de abrir un canal de diálogo".

Durante todo el fin de semana, la medida provocó la parálisis de 150 buques que no pudieron ingresar ni salir de los puertos al no contar con ese servicio de guía fundamental.

"Ante este acercamiento, hemos planteado una postura clara: para poder sentarnos a conversar en una mesa de trabajo, resulta necesario que previamente se deje sin efecto o se suspenda el Decreto 690/2026", expresó la entidad.

"Entendemos que mientras la norma siga vigente nos encontramos en condiciones desiguales, ya que se mantiene una medida que condiciona y oprime el ejercicio de nuestra profesión. Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones", agregó la nota.

Reiteraron también su "permanente vocación de diálogo para arribar a soluciones que garanticen la seguridad de la navegación y el resguardo de nuestras vías navegables, siempre sobre la base del respeto y el reconocimiento a nuestro trabajo".

La ofensiva desreguladora de la Casa Rosada abrió este foco de tensión en uno de los sectores más sensibles para el comercio exterior argentino. Apenas entró en vigencia el Decreto 690/2026, impulsado por Sturzenegger, los prácticos dejaron de prestar servicios y más de 150 buques quedaron paralizados en distintos puertos del país.

El conflicto representa el primer gran desafío operativo derivado de la agenda desreguladora del Gobierno. Pero no es el único. Mientras intenta resolver la crisis en la Hidrovía, el Poder Ejecutivo prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley que modificará integralmente el régimen de cabotaje, medida que ya genera una fuerte resistencia de las empresas navieras, la marina mercante y especialistas en logística y geopolítica.

El escenario revela que la estrategia de apertura de mercados y eliminación de regulaciones comienza a encontrar crecientes resistencias en actividades consideradas estratégicas para la economía nacional.

FENA advierte sobre los riesgos de la apertura del cabotaje a empresas extranjeras

En ese sentido, la desregulación de la marina mercante provocó este lunes un duro pronunciamiento por parte de la FENA.

"Desde FENA consideramos primordial para el desarrollo de la actividad reducir costos logísticos, incrementar las flotas al servicio del transporte local, promover inversiones de largo plazo y desburocratizar de forma integral la cadena fluvial y marítima", admitió la federación.

"Sin embargo, ratificamos que una verdadera modernización debe construirse obligatoriamente tendiendo al desarrollo sustentable de la Nación sobre reglas transparentes, razonables, equitativas y previsibles para todos los operadores del sistema; sin estas condiciones se corre el riesgo de consolidar distorsiones estructurales irreversibles que afecten la estabilidad de toda la actividad", observó.

"Asimismo, sostenemos que la apertura del cabotaje, por sí sola, no elimina los sobrecostos argentinos. Si no se corrigen de manera integral las asimetrías laborales, fiscales, portuarias, de estiba, registrales y burocráticas, el riesgo real es sustituir capacidad nacional por flota extranjera sin resolver el problema logístico de fondo", explicó la nota.

Además, subrayó que las principales potencias y bloques económicos, como Estados Unidos y la Unión Europea, no consideran sus infraestructuras portuarias y redes de transporte como simples herramientas comerciales de libre mercado, sino como activos esenciales para la seguridad económica y la autonomía estratégica.

"La prioridad de sus políticas públicas se concentra en la expansión de las flotas bajo pabellón nacional y en el fortalecimiento estratégico de la logística multimodal doméstica", sostuvo la FENA.

Para la federación, un esquema de apertura "vulnera este estándar internacional al habilitar el tráfico de cabotaje a flotas extranjeras bajo banderas de conveniencia sin exigencias de reciprocidad". Esta medida expone al comercio interior y exterior "a la incertidumbre operativa y de seguridad en nuestros ríos y mares".

Desde la FENA señalaron que el flete de bandera nacional posee un fuerte efecto multiplicador, ya que los ingresos generados por esta actividad se reinvierten en el territorio de la República Argentina, sustentando de forma directa el empleo de más de 6.300 trabajadores fluviales y marítimos directos.

Sin embargo, consideró "indispensable que cualquier modificación garantice de manera absoluta que las empresas argentinas que invierten, tributan y generan empleo genuino en el país accedan exactamente a las mismas condiciones y beneficios que eventualmente se pretendan otorgar a los operadores extranjeros".

Impacto del Decreto 690/2026 en el comercio exterior y los puertos

Desde el sábado, la mayor parte de los prácticos, pilotos y baqueanos dejó de aceptar nuevos servicios tras la publicación del Decreto 690/2026.

Los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes en la navegación por zonas complejas como el Río de la Plata, el Río Paraná y los accesos portuarios. Su formación demanda entre 12 y 15 años y su intervención resulta obligatoria para buena parte del tránsito comercial, el cual moviliza cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Como consecuencia de la medida, más de 150 barcos permanecen detenidos aguardando autorización para ingresar o salir de los puertos. La preocupación alcanzó a la agroindustria, al sector energético y a toda la cadena logística. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtieron sobre las demoras operativas y reclamaron una solución urgente para evitar mayores perjuicios económicos.

El Gobierno sostiene que el régimen vigente desde 1991 generaba barreras de ingreso y elevados costos para el comercio exterior.

La nueva normativa:

• Elimina el sistema cerrado de inscripción de prácticos
• Habilita la libre contratación entre armadores y profesionales
• Establece tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
• Elimina parte de la segmentación geográfica del servicio
• Permite que determinados capitanes argentinos o extranjeros, con conocimiento acreditado de la zona, puedan navegar sin contratar un práctico obligatorio

"La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo y no un kiosco regulatorio", sostuvo Sturzenegger al defender la reforma.

Según el ministro, un servicio de practicaje para un buque Panamax cuesta en Argentina unos u$s16.900, por encima de los valores registrados en Estados Unidos, Europa y México.

Los prácticos consideran que la reforma afecta la seguridad de la navegación y cuestionan la constitucionalidad del decreto. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunció acciones judiciales, un recurso de amparo y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron la norma. Sin embargo, horas más tarde, un acercamiento del Gobierno abrió una línea de diálogo con APRA.

Previo a ello, la Prefectura Naval Argentina había comenzado a intimar individualmente a los profesionales para que retomen la prestación del servicio, recordando que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtiendo sobre posibles consecuencias administrativas y penales. No obstante, la apertura del canal de diálogo distendió la situación.

Proyecto de ley para transformar el régimen de cabotaje marítimo

Mientras continúa la disputa por los prácticos, el Gobierno ultima un proyecto de ley que transformará completamente la navegación comercial entre puertos argentinos. La iniciativa habilitaría a buques extranjeros a realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos nacionales.

Según el borrador conocido por distintos sectores empresarios, esas embarcaciones podrían operar bajo la legislación laboral, tributaria y regulatoria correspondiente a la bandera de su país de origen, punto que la FENA cuestiona severamente.

Las compañías sostienen que no se oponen a una mayor competencia, pero reclaman igualdad de condiciones laborales, fiscales y regulatorias para todos los operadores. "No puede competir una empresa argentina sometida a impuestos y legislación nacional contra otra que opera con costos y normas de otro país", resumen desde el sector.

El debate excede lo económico. Especialistas marítimos sostienen que una apertura irrestricta del cabotaje podría tener consecuencias sobre la seguridad y la soberanía logística. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de que empresas estatales extranjeras, especialmente chinas, amplíen su presencia en corredores marítimos estratégicos.

Como antecedente mencionan el puerto peruano de Chancay, construido por la empresa estatal china Cosco Shipping, una inversión observada con atención por Estados Unidos debido al carácter estratégico de las infraestructuras logísticas.

Especialistas consultados advierten que el transporte marítimo constituye una actividad crítica y recuerdan que más del 80% de las naciones marítimas mantienen algún tipo de protección para sus flotas nacionales.

Otras desregulaciones en la agenda de Sturzenegger generan tensiones sectoriales

Los conflictos no se limitan al sector marítimo. El amplio proyecto de desregulación que prepara el Ministerio de Desregulación también introduce cambios en farmacias, comercialización de medicamentos, corretaje inmobiliario, mercado de capitales, régimen de carne vacuna, agroindustria, minería y navegación.

En el caso del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la propuesta de convertir en voluntarios los aportes obligatorios generó el rechazo conjunto de la Mesa de Enlace y de la industria frigorífica.

También existen reparos sobre otros proyectos oficiales, como la iniciativa para modificar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un debate que continúa abierto en el Congreso.

Mientras el Gobierno sostiene que todas estas reformas buscan eliminar privilegios, reducir costos y aumentar la competencia, los distintos sectores afectados sostienen que la velocidad y profundidad de las desregulaciones pueden generar efectos no previstos sobre actividades estratégicas.

El conflicto por los prácticos representa el primer caso en el que una reforma impulsada por Sturzenegger deriva en la paralización efectiva de una actividad clave para el comercio exterior.

Ahora el desafío para el Ejecutivo será resolver este frente mientras intenta avanzar con una reforma aún más ambiciosa sobre la marina mercante y el cabotaje, en medio de un creciente debate entre apertura económica, competitividad, seguridad logística y preservación de los intereses estratégicos nacionales.