El paro en los puertos mantiene las exportaciones frenadas y le cuesta al campo u$s4,5 millones al día
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La paralización de los puertos argentinos ya tiene un costo millonario. La falta de servicio de practicaje y pilotaje mantiene varados a 45 buques del polo agroindustrial que esperan zarpar desde distintas terminales comerciales del país. Las pérdidas económicas se acumulan minuto a minuto.
El sector agroexportador estima que cada barco parado genera un perjuicio de entre u$s50.000 y u$s100.000 diarios. Solo considerando los 45 buques en línea de espera, las pérdidas ascienden a unos u$s4,5 millones por día. Si la paralización se extiende 48 horas, el número treparía a u$s9 millones.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), alertó sobre la gravedad de la situación. "La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país", afirmó el directivo.
El impacto no distingue tipo de carga. Los barcos que traen autos, los que descargan combustible, todos están detenidos. Ningún buque puede moverse en territorio argentino, desde los que circulan por Asia hasta los que operan en puertos locales.
Idígoras calculó que una cantidad similar de embarcaciones aguarda para ingresar a la Vía Navegable Troncal. Otros tantos esperan en zona preportuaria de Bahía Blanca y Quequén. La cifra de 45 buques varados es apenas la punta del iceberg.
El practicaje es el servicio que brindan profesionales especializados para maniobrar buques en zonas portuarias y canales de navegación, garantizando que las embarcaciones entren y salgan de forma segura de las terminales comerciales. Sin este servicio, ninguna operación puede concretarse.
"Hay un costo del retraso de circulación de entre 50 y 100.000 dólares por día", precisó el directivo de Ciara-CEC. Pero el impacto económico es apenas una parte del problema.
El efecto dominó que se viene si no hay solución rápida
Idígoras advirtió que el conflicto alcanzará rápidamente a toda la cadena comercial si se prolonga. El productor también tendrá problemas para entregar su mercadería a puerto. La capacidad de almacenamiento ya se encuentra al límite y está al borde del colapso.
"Toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más", sostuvo el presidente de Ciara-CEC. El productor agropecuario, las plantas de acopio, los transportistas y los exportadores enfrentan un efecto cascada que amenaza con paralizar todo el sector.
Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), explicó que en los puertos granarios las plantas continúan moliendo. Sin embargo, la logística está totalmente afectada porque ningún buque puede moverse.
Los ingresos de camiones se mantienen normales por ahora. Las terminales siguen otorgando cupos mientras existe capacidad de almacenamiento. Pero Wade advirtió que de persistir la paralización, llegará un momento en que será necesario interrumpir también la recepción de mercadería.
Qué decreto desató el conflicto y por qué los prácticos se oponen
El conflicto se desencadenó tras la publicación del Decreto 690/2026. Con esta norma, el Gobierno introdujo cambios profundos en el régimen de practicaje y pilotaje.
El objetivo declarado del decreto fue desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. La medida busca flexibilizar un sector que históricamente operó con un esquema cerrado y regulado.
Los prácticos cuestionan duramente la norma. Consideran que modifica aspectos que afectan directamente la seguridad de la navegación. Aunque rechazan definir la medida como un paro, sostienen que numerosos profesionales comunicaron a las empresas que no se encuentran disponibles para prestar servicios.
La razón: están analizando los alcances del decreto antes de volver a operar. Esta decisión individual de cada práctico generó la paralización de facto en todos los puertos del país.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su "más profunda preocupación" por la situación. La entidad advirtió que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje amenaza seriamente al comercio exterior argentino.
La paralización frena las exportaciones e importaciones. Interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina. La CPPC sostuvo que esta crisis evidencia "la urgencia de actualizar el régimen normativo".
La cámara remarcó que la interrupción de las maniobras de los buques representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional. La acumulación de embarcaciones demoradas interrumpe el flujo del comercio exterior.
El impacto se multiplica: afecta el ingreso de divisas, paraliza el transporte terrestre, colapsa la capacidad de acopio en las terminales. Además, expone a los exportadores a penalidades contractuales y mayores costos logísticos.
La CPPC consideró que el conflicto demuestra la necesidad de avanzar en la modernización del sistema de practicaje. Si bien destacó la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos, sostuvo que un esquema donde "la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino" pone de manifiesto la necesidad de revisar el régimen vigente.
La entidad pidió la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y el sector. El objetivo: restablecer la navegabilidad y encauzar la discusión normativa antes de que las pérdidas se vuelvan irreversibles.
El Gobierno anticipó sanciones por el paro
El Gobierno nacional confirmó que aplicará sanciones contra los trabajadores portuarios que mantienen un paro por tiempo indeterminado en el servicio de practicaje, una medida que mantiene paralizada la operatoria de las terminales fluviales del país. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Adrián Ravier durante su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada.
"No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir", afirmó el funcionario al ser consultado por la medida de fuerza que llevan adelante los prácticos navales, trabajadores encargados de asistir a los buques de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
Ravier sostuvo que el Gobierno considera al practicaje como un servicio esencial y señaló que quienes desempeñan esa actividad tienen la obligación de garantizar su prestación. "Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo", indicó.
Según explicó Ravier, la decisión forma parte de una política orientada a reducir los costos logísticos mediante una mayor competencia.
"El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos jugadores al sector portuario con precios más competitivos para lograr un costo menor", afirmó.
El vocero agregó que la desregulación aprobada mediante decreto será parte de un proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso, aunque señaló que la medida se implementó de manera anticipada para acelerar la reducción de costos.
"Lo que hacemos en este caso del practicaje es permitir que puedan entrar nuevos jugadores, eventualmente con precios más competitivos y eso permita que en todo lo que tenga que ver con el traslado de mercadería podamos tener mejores precios", explicó.
La medida de fuerza es llevada adelante por alrededor de 450 prácticos navales y afecta la entrada y salida de embarcaciones con cargas de exportación e importación. La interrupción de las operaciones impactó sobre la actividad de los puertos y el transporte fluvial.