Efecto del caso Skanska paraliza la obra pública y fideicomisos
El juez federal Guillermo Montenegro denunció a 12 constructoras que, como la sueca Skanska en la ampliación de un tramo del Gasoducto Norte, habrían utilizado facturación falsa para justificar salidas irregulares de dinero en obras públicas. De esta manera, el magistrado ampliará la investigación a la totalidad de las obra públicas en las que participaron la Secretaría de Energía, el Enargas y Nación Fideicomisos.Gotti Hermanos, de fuerte arraigo en Santa Cruz, y Emgasud, que construyó un gasoducto en Chubut con aportes nacionales y provinciales, figuran entre las compañías sospechadas, que usaron facturas de las mismas 23 sociedades falsas que Skanska.Entre las otras empresas confirmadas figuran Petersen Thiele & Cruz SA, Juan Felipe Gancedo SA, Construera Ingeniería SA, Antolín Fernández SA, Innac UTE, Fontana Nicastro Construcciones SAC, Marcalba SA y Ecsa Construcciones. El juez las denunció sin avanzar sobre qué empresarios o funcionarios pueden ser responsables de algún delito.Luego de realizar las presentaciones, el viernes a la tarde en la Cámara Federal, se sortearon las denuncias y quedaron repartidas entre los juzgados de María Romilda Servini de Cubría, Marcelo Martínez de Giorgi, Octavio Aráoz de Lamadrid, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres, según informaron a un diario porteño fuentes judiciales.Las 12 empresas habrían usado una cantidad no determinada de facturas de entre $20 mil y $8 millones. Esto fue descubierto por Montenegro dentro de la documentación que tiene en su poder de la causa Skanska. El 7 de junio empezarán las indagatorias, después de que Montenegro termine con el turno para denuncias que ingresan por comisarías. El primero de sus indagados será Alejandro Gerlero, el ex gerente de Skanska que señaló por mail a Ulloa como el vínculo entre Skanska e Infiniti Group.A su vez, la Justicia investiga a 23 funcionarios por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción que involucra a Skanska. Además de los dos funcionarios argentinos cesados la última semana por su presunta relación con el caso, el juez federal Guillermo Montenegro investiga a otros 21 funcionarios acusados por el fiscal Carlos Stornelli, en su mayoría pertenecientes al Ministerio de Planificación. Los miembros del gobierno están acusados de haber consentido el pago de sobreprecios de unos u$s50 M en la ampliación de los gasoductos argentinos del Norte y Sur. Según informó ayer un diario porteño, uno de los funcionarios acusados es el actual secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron. También el vicepresidente del Enargas, Hugo Muñoz; el director del ente, Mario Vidal; y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. La nómina de acusados que el fiscal buscar interrogar la completan 17 integrantes de la Unidad Ejecutora Obras Fideicomiso Gas, íÂrea de Seguimiento y Control de Gestión, del Enargas.En tanto, el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) de Argentina, Fulvio Madaro, y el gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación, Néstor Ulloa, fueron cesados el miércoles último por orden del presidente argentino, Néstor Kirchner, tras la difusión de la grabación de una charla entre dos ex directivos de la filial argentina de la empresa que revela detalles de los sobornos, informó la agencia EFE. En el registro de la conversación el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate le reconoce al síndico Claudio Corizzo que hizo una auditoría interna, que además de pagos indebidos para lograr las obras de ampliación de los gasoductos se pagaron sobornos en otras obras del país (La Pampa) y en el extranjero (Perú).Según indicaron fuentes vinculadas al caso, la cinta fue hallada el pasado martes en la sede de la compañía por el juez tributario Javier López Biscayart, quien investiga una millonaria defraudación al fisco, presuntamente cometida por decenas de empresas, entre ellas Skanska.Azcárate admite cómo la maniobra se camufló con el uso de facturas apócrifas aportadas por la sociedad fantasma Infiniti Group y menciona que el "negocio" -en referencia a los sobornos- habría ascendido a los 200 millones de dólares. Además, sostiene que los pagos indebidos fueron del tres por ciento para Enargas y dos por ciento para Nación Fideicomisos, entidad que administra el fondo constituido por distintas empresas privadas para financiar la ampliación de los gasoductos. En un correo electrónico publicado ayer por el diario Clarin, el ex gerente de la compañía acusada, Alejandro Gerlero le comunica a Corizzo que Ulloa fue quien contactó a la constructora sueca con la sociedad fantasma Infiniti Group. En tanto, otro matutino aseguró ayer que las coimas pagadas ascenderían a los 87 millones de pesos (28 millones de dólares). El titular de la filial argentina de la empresa, Hernán Morano, admitió que el dinero destinado a pagos indebidos "salió de la compañía", aunque dijo desconocer "hacia dónde fue".©infobaeprofesional.com