Tras la privatización de AySA: qué pasará con las facturas de agua y la tarifa social
El nuevo esquema de administración impactará en la forma en que se calculan los importes, la cobertura social y las inversiones en infraestructura
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ya tiene oferente ganador. Ahora las dudas se concentran en qué pasará con las facturas de agua y cloacas que pagan 3,8 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El contrato de concesión define con precisión cómo se actualizarán las tarifas durante los primeros años. También establece qué protecciones tendrán los 160.000 hogares con tarifa social y qué obligaciones de inversión deberá cumplir el futuro operador privado.
El 8 de octubre, el Gobierno Nacional abrió los sobres con las ofertas económicas para transferir el 90% de las acciones que posee en la compañía. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX ofreció u$s340,2 millones, superando los u$s285 millones del grupo encabezado por Roggio.
El 10% restante de AySA quedará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La transferencia todavía debe completar instancias administrativas y contractuales antes de concretarse.
Cómo se actualizarán las facturas de agua tras la privatización
El cambio de manos no significa que las facturas vayan a congelarse. El contrato de concesión contempla un mecanismo de actualización nominal mediante el coeficiente K, que ajusta las tarifas según la evolución de variables económicas vinculadas con los costos operativos del servicio.
Para el primer ciclo tarifario —que abarca el período 2027-2031— el plan aprobado no prevé aumentos en términos reales. Esto no implica que el número en la factura permanezca idéntico.
La diferencia es clave: sin aumentos reales significa que las tarifas subirán al ritmo de la inflación, pero no por encima. Las actualizaciones del coeficiente K pueden modificar el importe nominal que ven los usuarios mes a mes.
El contrato también incorpora un segundo mecanismo: el Factor C. Este factor está vinculado con el cumplimiento de metas de calidad en la prestación del servicio y comenzará a aplicarse a partir del segundo ciclo tarifario, es decir, después del período 2027-2031.
Según el desempeño que muestre la concesionaria frente a los objetivos establecidos, el Factor C podrá generar ajustes tarifarios reales al alza o a la baja. Si la empresa supera las metas, podría habilitar subas reales. Si no las cumple, podría activar reducciones.
Por eso, el marco regulatorio permite identificar cómo funcionará el sistema de actualización. Pero no anticipa un porcentaje único de aumento para todos los hogares. El importe final dependerá de las actualizaciones que correspondan y de las características particulares de cada factura.
Qué protección tendrán los usuarios con tarifa social de AySA
La tarifa social es uno de los puntos más sensibles para los hogares que necesitan asistencia para afrontar el costo del servicio. Según información oficial publicada durante el proceso de privatización, el beneficio se mantendrá bajo la nueva concesión.
De los 3,8 millones de usuarios que tiene AySA, alrededor de 160.000 cuentan actualmente con tarifa social. Estos hogares representan un 4,2% del total de cuentas del sistema.
El régimen vigente contempla mecanismos específicos para neutralizar el efecto de las actualizaciones del coeficiente K sobre los beneficiarios que tienen el beneficio activo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa de asistencia.
Para conocer el alcance exacto de esa protección durante la nueva concesión, será clave seguir dos aspectos: los requisitos de renovación del beneficio y las condiciones que aplique el operador privado una vez que asuma el control.
El marco regulatorio mantiene la obligación de preservar la tarifa social. Pero los detalles operativos —como los trámites de renovación o los criterios de elegibilidad— todavía deberán precisarse durante la transición.
Cuánto deberá invertir el nuevo operador privado en obras
La concesión no solo establece un régimen tarifario. También fija obligaciones de inversión para mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento en el AMBA.
Para el período 2027-2031, el contrato prevé un Plan de Acción por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El monto fue informado oficialmente por el Gobierno Nacional durante el proceso de privatización.
Las obras deberán atacar dos frentes: atender las deficiencias de las redes actuales y extender los servicios a sectores sin cobertura suficiente. Entre los problemas más graves que deberá resolver el operador privado figuran las pérdidas de agua no contabilizada.
Actualmente, AySA registra un nivel de pérdidas del 42%. Esto significa que por cada 100 litros de agua potable que entran al sistema, 42 se pierden por roturas, conexiones clandestinas o falta de medición. Es uno de los porcentajes más altos de la región.
El cumplimiento de estas inversiones será uno de los aspectos centrales para evaluar la evolución del servicio durante los primeros años de gestión privada. También será un factor determinante en la aplicación futura del Factor C.
Cuándo asumirá el control el nuevo operador de AySA
La apertura de las ofertas económicas el 8 de octubre no significa que el nuevo operador tome el control de inmediato. El cronograma oficial ubica la transición entre enero y febrero de 2027, una vez completadas las instancias administrativas y contractuales necesarias.
Hasta entonces, cualquier variación en las facturas no podrá atribuirse al cambio de operador. AySA seguirá funcionando bajo gestión estatal durante todo el período previo a la transición.
La evolución de las facturas, la protección efectiva a los beneficiarios de la tarifa social y el cumplimiento del plan de inversiones serán los tres ejes principales a seguir durante los primeros años de la nueva concesión.