El Gobierno adjudicó AySA: quiénes son los nuevos dueños y cuándo tomarán el control
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Puntos importantes
AySA fue adjudicada por u$s340.2 millones a un consorcio.
La decisión formaliza la privatización.
Esto exige grandes inversiones futuras y marca el regreso de capital privado.
El Gobierno adjudicó el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, que ofreció u$s340,2 millones por la totalidad de las acciones que todavía pertenecen al Estado nacional.
La decisión define al ganador de una de las principales privatizaciones impulsadas por la administración de Javier Milei, aunque el cambio de control todavía deberá completarse con el pago y la firma del contrato de compraventa.
La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este 22 de octubre en el Boletín Oficial. La norma aprobó lo actuado en la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple 504/2-0003-LPU26 y estableció el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato.
El grupo ganador superó al único competidor que había llegado a la instancia económica: Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que ofreció u$s285 millones. La diferencia fue de u$s55,2 millones, equivalente a alrededor del 19,4% sobre la propuesta que quedó segunda.
La Comisión de Evaluación había recomendado ese orden de mérito después de analizar las dos propuestas económicas y el dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto. Economía agregó en la resolución que ambas ofertas resultaron razonables frente a la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y que se ubicaron dentro de sus proyecciones, aunque el acto administrativo publicado no revela el valor concreto establecido por esa valuación.
La oferta se convierte en una adjudicación
La resolución publicada ahora cambia la situación jurídica del proceso iniciado meses atrás. El 8 de octubre se habían abierto las ofertas económicas y ahora la Resolución 1818 aprueba la segunda etapa y adjudica expresamente la licitación al consorcio que había presentado la propuesta más alta.
La operación, sin embargo, todavía no implica que el 90% de AySA haya sido efectivamente transferido. La Tesorería General de la Nación deberá comunicar al adjudicatario la cuenta a la cual tendrá que girar el precio de las acciones y los compradores deberán avanzar con las restantes condiciones establecidas por el procedimiento hasta la firma del contrato.
La venta comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA.
Cada una tiene un valor nominal de $1.000, está totalmente integrada y otorga un voto.
La propia resolución revela, además, que Economía debió corregir un error material detectado en el modelo de contrato de compraventa incluido en el pliego, donde se había consignado incorrectamente la cantidad y el valor nominal de las acciones.
El artículo cinco reemplaza esa definición y establece expresamente las 135.000 acciones que serán transferidas. El 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, esquema que el Gobierno decidió mantener durante el proceso de privatización.
Cuatro socios detrás del nuevo control
El grupo que quedó a las puertas de asumir el control reúne cuatro sociedades con perfiles diferentes y coloca dentro de una misma estructura a capitales argentinos, brasileños y una sociedad extranjera.
Uno de los integrantes es Rowing SA, compañía argentina dedicada a actividades vinculadas con ingeniería, infraestructura y servicios. La empresa fue una de las sociedades que encabezaron la presentación realizada ante el Gobierno y quedó formalmente identificada como integrante del adjudicatario tanto en la primera como en la segunda etapa de la licitación. La pata con experiencia directa en el negocio regional del saneamiento aparece a través de Arcos Saneamento e Participações, de las familias brasileñas Toledo y Vettorazzo, cada una a través de sus respectivos vehículos societarios.
La sociedad integra el Grupo Equipav y desarrolló su expansión hacia el negocio de saneamiento desde la década de 2000. Su documentación corporativa también registra su participación en Aegea Saneamento e Participações, uno de los principales operadores privados del sector de agua y saneamiento de Brasil.
La llegada de Arcos aporta así al consorcio una conexión empresaria directa con un grupo especializado en concesiones sanitarias, un componente particularmente relevante porque el comprador no solamente adquiere acciones: deberá operar una concesión de agua potable y desagües cloacales sometida a metas de inversión, cobertura y calidad.
El tercer integrante es PHX Aqua AR BV, la sociedad extranjera incluida formalmente entre los cuatro participantes de la oferta seleccionada.
Un proveedor pasa a integrar el grupo comprador
El cuarto socio es Transclor SA, empresa propiedad de Marcelo Filiberti y dedicada a la industria química y vinculada históricamente con la producción de insumos utilizados, entre otros destinos, para el tratamiento de agua.
Documentación societaria publicada en el Boletín Oficial registra a Nicolás Damián Filiberti como vicepresidente y a Martín Ezequiel Filiberti como director titular de Transclor, dentro de una estructura empresaria desarrollada durante décadas alrededor de la producción química.
La particularidad de Transclor dentro de la operación es que su actividad industrial ya estaba relacionada con el sistema de potabilización por la provisión de productos químicos utilizados para tratar agua.
Filiberti también participa en otras inversiones junto con los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, especialmente dentro del sector energético mediante Edenor con la que también participa en Metrogas.
El precio de las acciones es apenas una parte del compromiso
Los u$s340,2 millones corresponden al precio de adquisición del 90% de las acciones estatales y deben distinguirse de las inversiones que tendrá que ejecutar la concesionaria después del cambio de control.
El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción de $2,89 billones, y Economía presenta ese esquema como obligaciones de inversión superiores a u$s2.000 millones durante los primeros cinco años.
El detalle oficial distribuye esos $2,89 billones en aproximadamente $1,13 billones para obras, $1,15 billones para mantenimiento, $315.761 millones para mejoras y $296.166 millones destinados a operación.
Pero el cumplimiento no queda limitado al desembolso de dinero ya que el contrato establece metas concretas de expansión del servicio. Para 2031 deberá alcanzarse una cobertura de 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas.
Al finalizar el período inicial de la concesión, de 30 años, los pisos previstos suben hasta 90% de cobertura de agua y 75% de cloacas.
Las inversiones estarán sometidas a mecanismos de seguimiento. Según las condiciones difundidas oficialmente por Economía, el cumplimiento deberá ser controlado anualmente por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), mientras las inversiones financiadas por la concesionaria tendrán que contar con certificación de un auditor técnico independiente.
El primer ciclo tarifario también quedó vinculado con ese programa. El esquema oficial establece que durante los primeros cinco años el nivel tarifario vigente al momento de presentación del plan se mantendrá constante en términos reales, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el contrato.
Un proceso que comenzó con la Ley Bases
La privatización deriva de la Ley 27.742, que declaró a AySA sujeta a privatización junto con otras compañías estatales. El Gobierno avanzó después con el Decreto 494/2025, que autorizó el procedimiento para desprenderse de la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional, equivalentes al 90% de la compañía.
En agosto de 2025, la Resolución 1198/2025 inició formalmente el proceso de privatización y ordenó avanzar con la documentación necesaria, la tasación del paquete accionario y las condiciones para preservar la continuidad del servicio público durante el cambio de accionistas.
El esquema contractual también fue modificado antes de la licitación ya que en abril, Economía aprobó un nuevo modelo de contrato de concesión para la prestación del servicio de agua potable y recolección de desagües cloacales. Ese contrato quedó perfeccionado el 7 de mayo de 2026.
Una semana después, mediante la Resolución 704/2026, Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional, sin precio base, para vender el 90% estatal a un operador estratégico y aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones.
Después de distintas circulares y modificaciones del cronograma, el 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas. .
La Resolución 1722/2026 aprobó la primera etapa, seleccionó a los dos oferentes y convocó a la apertura económica del 8 de octubre, cuando quedaron establecidos los u$s340,2 millones de la propuesta ganadora y los u$s285 millones del segundo grupo.
El regreso del capital privado dos décadas después
La operación modifica una estructura empresaria creada hace 20 años si se tiene en cuenta que AySA nació en 2006, después de la salida de Aguas Argentinas, la concesionaria privada que había administrado el servicio desde la década de 1990.
El Decreto 304/2006 dispuso la constitución de la sociedad y el Estado nacional quedó con el 90% del capital, mientras que el 10% restante fue destinado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
Después de varios años de ideas y vueltas, ahora el próximo paso será el 13 de noviembre, cuando vence el plazo fijado por Economía para suscribir el contrato de compraventa de las 135.000 acciones Clase A. Hasta que se complete ese procedimiento, la adjudicación está definida, pero la transferencia efectiva del 90% estatal todavía permanece pendiente.
