La justicia citó a Furlán y dirigentes de la UOM por presunta administración fraudulenta
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Puntos importantes
Abel Furlán y Soledad Calle fueron citados a indagatoria por administración infiel.
La justicia investiga un contrato irregular entre la UOM y la firma USEM SA.
Se sospecha un fraude millonario mediante sobrecostos y conflicto de intereses.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 10 convocó a prestar declaración indagatoria al desplazado secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y la ex empleada del gremio Soledad Calle, a quienes se les imputa haber formado parte en una maniobra de administración infiel que habría perjudicado los intereses patrimoniales de la citada organización gremial y de su Obra Social (OSUOMRA), procurando un beneficio económico indebido a favor de la empresa USEM SA. Los imputados deberán presentarse el 17 de este mes, a las 10.30, en la sede ubicada en Comodoro Py 2002, CABA.
La intervención de la UOM se produjo en mayo pasado por orden de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal declaró la nulidad de los comicios realizados en marzo de este año en la Seccional Zárate-Campana y del Congreso Nacional de la UOM, donde había sido reelecto Furlán como secretario general.
La medida judicial hizo lugar a una impugnación y denuncia presentada por una lista opositora (la Lista Naranja de Campana, liderada por Ángel de Roso), argumentando que el proceso electoral careció de las garantías suficientes de transparencia (como votaciones extendidas por varios días sin escrutinios diarios y el manejo de urnas por la Junta Electoral). En ese marco, se dispuso la intervención por 180 días, el desplazamiento de Furlán y de toda la conducción nacional del gremio, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri.
Contrato con USEM: quién es Soledad Calle
A partir del descabezamiento del consejo directivo de la UOM, comenzaron una serie de investigaciones que apuntaron principalmente contra Furlán y Calle, quien se desempeñaba en el sector de relaciones internacionales de la organización y además era directora y socia de USEM SA, una firma contratada por el sindicato para administrar aportes de los afiliados.
La USEM es una sociedad anónima inscrita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2022. En febrero de 2023 firmó un convenio por diez años con la Unión Obrera Metalúrgica y su obra social para administrar servicios financieros y el reparto de fondos entre las seccionales del gremio.
Calle -dirigente política, exconcejala de Campana (asociada a La Cámpora) y a quien se la señala como pareja de Furlán- figura como accionista de la firma. Su nombre cobró notoriedad cuando se supo que, en agosto del año pasado, escrituró a su nombre un departamento en el edificio de San José 1111, donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a un precio de u$s189.000, tal como refleja un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Para esa misma fecha también adquirió un auto por u$s70.000.
Investigación por posible conflicto de intereses
La investigación puso foco en el contrato de "ubicación de servicios" celebrado el 27 de febrero de 2023 entre el sindicato, la obra social y USEM SA, que tenía una duración prevista de diez años. Según el dictamen, desde la conducción de la UOM firmaron el acuerdo que otorgó a la compañía la gestión operativa de los fondos provenientes de los aportes sindicales y de los circuitos de pago de la obra social, incluyendo la administración de cuentas bancarias y la validación de desembolsos.
El fallo advierte sobre un conflicto de intereses, observando que USEM SA fue constituida apenas 82 días antes de la firma del contrato (el 7 de diciembre de 2022), y sus únicos accionistas eran Adalberto Braconi (presidente) y María Soledad Calle (directora suplente), quien además era empleada en relación de dependencia de la propia UOM al momento de la contratación.
Asimismo, advierte que no se acreditó la realización de una compulsa competitiva, comparación de precios ni mecanismos para tratar esta incompatibilidad, lo que derivó en condiciones presuntamente desventajosas para el sindicato, como un esquema de retribución porcentual y una asimetría en las facultades de rescisión.
Trascienden los números de las ganancias de la empresa
El juzgado sostiene que, durante la ejecución del contrato, USEM se habría limitado a recibir instrucciones y precargar operaciones, sin evidencia suficiente de que haya cumplido con las prestaciones sustantivas asumidas, particularmente las tareas de análisis, auditoría y validación de las obligaciones de pago.
Remarcó además que, a pesar de tener una estructura operativa reducida, la empresa presentaba elevados márgenes de rentabilidad. Para la Justicia, estas circunstancias, junto a la falta de controles, permiten sospechar la existencia de un sobrecosto soportado por los patrimonios administrados por la conducción sindical.
La empresa administraba el 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados, quedándose con el 0,5 por ciento del total de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. Según trascendió, USEM recibió al menos $2.466 millones en concepto de honorarios:
- $698 millones durante 2024
- $1.086 millones en 2025
- $681 millones hasta julio de 2026
Descargo de Calle: quiénes son los otros imputados
En su descargo, Calle afirmó: "No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos".
El magistrado a cargo de la secretaría, Julián Ercolini, no sólo convocó a los imputados, sino que también ordenó medidas cautelares extremas para asegurar el proceso. Entre ellas, dispuso la inhibición general de bienes de los seis acusados y de la propia OSUOMRA, además del bloqueo de cajas de seguridad y la prohibición de innovar sobre la composición accionaria de USEM SA.
Además de Furlán, Calle y Braconi, deberán declarar los dirigentes metalúrgicos Osvaldo Lobato, Naldo Brunelli y José Luis Ortiz. También ordenó profundizar la investigación sobre los movimientos migratorios y los viajes al exterior de los imputados durante el período en que se ejecutó el contrato, para determinar si se utilizaron fondos de las entidades para costear dichos desplazamientos.
