El Gobierno subió 2,20% los aranceles por discapacidad y fijó los valores para noviembre
Los servicios de atención destinados a personas con discapacidad tienen nuevos valores desde noviembre. Entre los importes establecidos, la rehabilitación con internación quedó en $6.229.927,66, mientras que un hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico (CET) de Categoría A alcanza los $2.194.516,03. La actualización también comprende actividades educativas, transporte, alimentación y otras modalidades de asistencia.
Cuánto cobran los prestadores por cada servicio de discapacidad
El cuadro tarifario incluye prestaciones con distintos valores según su categoría y tipo de servicio. Estos son los principales importes fijados para noviembre:
- Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 para la Categoría A, $979.967,23 para la Categoría B y $746.193,92 para la Categoría C.
- Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A), $1.100.312,05 (Categoría B) y $839.377,84 (Categoría C).
- Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B) y $1.465.570,71 (Categoría C).
- Estimulación temprana: $439.719,68 (categoría única).
- Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (categoría única).
- Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
- Transporte: $953,22 por kilómetro.
- Alimentación: $5.223,37.
A este listado se agregan los servicios de formación laboral, escolaridad y alojamiento. Para la formación laboral con jornada doble, el importe correspondiente a la Categoría A es de $1.145.104,43. En tanto, la escolaridad primaria con jornada doble tiene un arancel de $1.228.995,40.
También se fijaron nuevos valores para las residencias y los tratamientos de rehabilitación. La residencia permanente de Categoría A quedó en $1.429.302,41, mientras que el hospital de día con jornada doble se estableció en $1.113.666,92.
De cuánto es el aumento de las prestaciones por discapacidad
Detrás de los nuevos importes hay una suba general del 2,20%, aplicada sin distinciones entre las distintas modalidades de atención. El porcentaje responde a la evolución de los precios registrada en octubre y se incorpora a la actualización del mes anterior, que había sido del 1,90%.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 3715/2026, que apareció este miércoles en el Boletín Oficial. La norma fue dictada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que funciona dentro del Ministerio de Salud, y establece los valores correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Para determinar el incremento se utilizó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. De esta manera, el ajuste alcanza de forma lineal a los aranceles contemplados en el sistema.
Qué adicional se mantiene para las prestaciones en la Patagonia
Los prestadores que trabajan en las provincias patagónicas seguirán percibiendo un suplemento por zona desfavorable. El beneficio equivale al 20% adicional sobre el arancel básico y se mantiene para los servicios brindados en esa región.
La continuidad de este reconocimiento está contemplada en el artículo 7° bis de la Ley 24.901, cuya aplicación fue ratificada por la nueva resolución.
Qué prestaciones contempla la Ley de Discapacidad y quiénes deben cubrirlas
El sistema de atención está regulado por la Ley 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. La norma establece una cobertura que abarca desde la prevención y la rehabilitación hasta los apoyos educativos, la formación laboral y la asistencia para la vida cotidiana.
Entre las prestaciones contempladas por la ley se encuentran:
- Rehabilitación: tratamientos y servicios destinados a recuperar o mejorar capacidades.
- Estimulación temprana: atención orientada al desarrollo durante los primeros años de vida.
- Centros de día y centros educativos terapéuticos: espacios de atención y actividades terapéuticas y educativas.
- Escolaridad: servicios educativos para personas con discapacidad.
- Integración escolar: apoyos para asistir a establecimientos educativos comunes.
- Formación laboral: capacitación para el empleo y talleres de formación profesional.
En el área asistencial, el esquema incorpora distintas alternativas de alojamiento, como hogares y residencias, además de servicios de alimentación y transporte. Las prestaciones pueden brindarse en instituciones o en el domicilio, según las necesidades de cada persona.
En cuanto a la cobertura, las obras sociales deben garantizar las prestaciones básicas que correspondan a sus afiliados. Las empresas de medicina prepaga también están alcanzadas por las obligaciones de cobertura. Para conocer en detalle qué servicios debe brindar una prepaga u obra social a una persona con discapacidad, la normativa contempla distintas prestaciones. Para quienes no cuentan con obra social y no tienen recursos suficientes, la ley prevé la intervención del Estado.
Para acreditar la discapacidad y acceder a los derechos y prestaciones correspondientes, uno de los documentos centrales es el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Se obtiene mediante una evaluación de una Junta Evaluadora y permite acreditar la condición de discapacidad ante los organismos y entidades que deben garantizar la cobertura. También podés ampliar la información sobre qué derechos educativos garantiza el CUD y cómo acceder a ellos.
Cómo funciona el nomenclador de prestaciones por discapacidad
Los valores que reciben los prestadores están organizados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, aprobado originalmente mediante la Resolución 428/99. Este instrumento establece los aranceles correspondientes a las distintas modalidades de atención y contempla diferencias según el tipo de servicio y la categoría del establecimiento.
En su funcionamiento interviene el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que participa en la propuesta de actualización de los valores. La estructura del nomenclador permite establecer importes de referencia para las prestaciones que deben garantizar las entidades responsables de la cobertura.