Renovables: el Gobierno quiere destrabar inversiones por al menos u$s5.000 millones con una ley clave
Legisladores de bloques afines al oficialismo presentaron un proyecto en el Congreso que prorroga por 20 años el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía, con lo cual se extendería hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de impuestos, cánones o regalías para el acceso y uso de fuentes renovables de energía.
El proyecto presentado por una veintena de diputados de oficialismo encabezados por Martín Maquieyra y Lorena Villaverde busca extender el articulado de la Ley 27.191 sancionada en 2014, con apenas tres modificaciones sustanciales que, se argumentó, buscan consolidar una política energética a largo plazo y reforzar la seguridad jurídica para los inversores del sector.
Precisamente, el último punto es el único pedido de los principales desarrolladores del sector, quienes aseguran que una perspectiva de largo plazo permitirá dar curso a proyectos que están prácticamente paralizados a la espera del marco legal en que se desarrollarán. Según afirman distintos actores del sector, hay inversiones en carpeta por a, menos u$s5.000 millones tan sólo en generación.
En ese sentido, los legisladores reseñaron que en el período 2016-2019, se priorizó el incremento de la oferta de generación mediante incentivos a la inversión privada. Se impulsaron iniciativas como las licitaciones centralizadas del Programa RenovAr, la renegociación de contratos del GENREN y la creación del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
Las administraciones siguientes mantuvieron este rumbo y sus principales instrumentos, consolidando avances más allá de los cambios de signo político. Esta continuidad normativa y de políticas públicas permitió resultados concretos: tras tres administraciones distintas, se instalaron6,5 Gw de nueva capacidad, alcanzando un 17,4% de participación de las renovables en la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el primer semestre de 2025.
Los cambios a la ley de renovables
El actual marco normativo vigente hasta el 31 de diciembre facilitó la aprobación y ejecución de numerosos proyectos a lo largo del país, por un monto estimado en unos u$s7.000 millones, diversificando la matriz energética, reduciendo emisiones contaminantes y promoviendo el desarrollo tecnológico nacional.
El punto central de la propuesta es extender los beneficios fiscales establecidos en la Ley 27.191, prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de impuestos, cánones o regalías para el acceso y uso de fuentes renovables de energía. Según los fundamentos, esta medida es imprescindible para asegurar la continuidad de proyectos de alta inversión inicial y recuperación a largo plazo que exigen condiciones estables.
Además de la prórroga de los beneficios, el proyecto propone dos modificaciones clave en el funcionamiento del mercado. La primera es la eliminación de la posibilidad de que los grandes usuarios y demandas de potencia adquieran energía de fuentes renovables directamente de Cammesa. Se mantienen, sin embargo, otras modalidades de contratación como la autogeneración o la compra directa a generadores, comercializadores o distribuidoras.
Además, se busca modificar el mecanismo para impulsar el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos, aprovechando el potencial que la Argentina posee en esta materia, de manera de fortalecer una "normalización" del mercado eléctrico, priorizando el aumento de la oferta de generación mediante incentivos a la inversión privada.