¿Otro "caso Botnia"?: una megaobra de u$s6.000 millones en Uruguay puso en alerta a Entre Ríos
Un nuevo proyecto de gran escala en Uruguay reavivó las alarmas en las costas de la Argentina, evocando el precedente del conflicto por la pastera Botnia. Se trata de la planta de hidrógeno verde y e-combustibles que la empresa HIF Global planea construir en Paysandú, con una inversión total estimada en u$s6.000 millones.
El proyecto de HIF Global recibió recientemente la recomendación de ser clasificado como categoría C por parte del Ministerio de Ambiente de Uruguay, tras la evaluación de impacto ambiental correspondiente, con lo cual la empresa ratificó la inversión y el inicio de construcción de la planta para el segundo semestre de 2026.
Hif es un gigante global que tiene iniciativas en distintos continentes para la producción de e-Fuels a partir de energía renovable y CO2. El más cercano es el proyecto Haru Oni, cercano a la ciudad de Punta Arenas, Chile, donde produce e-Fuels que se convirtió en la primera planta de su tipo en el mundo. Inaugurada en 2022, exporta e-Gasolina a su cliente Porsche.
En el caso de Uruguay, la obra es considerable ya que se anticipa que u$s4.000 millones se destinarán a la construcción de la planta en la zona de Constancia, a 15 kilómetros de la capital del departamento de Paysandú. Los restantes u$s2.000 millones se invertirán en la infraestructura necesaria de generación, incluyendo un parque solar y uno eólico con más de 2.000 Mw de capacidad instalada.
La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, aseguró que el proyecto avanza firmemente tras haber sido reformulado con una visión de triple impacto ambiental, económico y social, por lo que entendió liberado el debate para la obra que demandará cuatro añops de construcción.
El impacto del Hidrógeno Verde en Uruguay
El efecto laboral en la zona se anticipa significativo. Durante el pico de la construcción, el proyecto prevé la creación de hasta 3.200 puestos de trabajo, y una vez operativa, la planta empleará a unas 600 personas entre trabajadores directos e indirectos, posicionándose como un gran generador de empleo en el litoral uruguayo.
El proyecto en el vecino país tiene todo listo para arrancar en menos de un año mientras la Argentina aún no inició el debate parlamentario a un proyecto de ley que otorgue el marco legal adecuado a las inversiones millonarias que están paralizadas en distintos puntos del territorio nacional.
Sin embargo, en la Argentina, la Asamblea Ambientalista de Colón volvió a manifestar su rechazo. El principal motivo de preocupación es el impacto visual y los riesgos asociados a la manipulación de sustancias como el metanol, un componente que, según los ambientalistas, gasifica a baja temperatura y podría dispersarse con los vientos, afectando a las comunidades entrerrianas.
Los vecinos de Colón expresaron su alarma por la visibilidad de la planta desde su costa, señalando que se verían cuatro antorchas o chimeneas de 80 metros de altura, elementos que neutralizarían excedentes mediante quema.
El intendente de Colón, José Luis Walser, formalizó un pedido de relocalización de la planta. El funcionario insiste en que el proyecto se mueva a predios alternativos dentro del territorio uruguayo que mantengan las condiciones logísticas necesarias, pero que mitiguen el impacto visual y paisajístico en la costa de Entre Ríos.
Walser subrayó que su solicitud se tramita por vías diplomáticas e institucionales, con el objetivo es reducir el efecto negativo sobre el paisaje que sostiene la economía turística de toda la microrregión del lado argentino, sin alterar la viabilidad técnica de la iniciativa.
El Precedente Histórico: El Conflicto Botnia
El conflicto diplomático y ambiental entre la Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa (pastera) sobre el Río Uruguay se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión binacional a inicios del siglo XXI. El núcleo del diferendo se originó tras la autorización uruguaya a la empresa finesa Botnia (luego UPM) para construir una planta en Fray Bentos, cerca de la frontera con la Argentina, sin la debida consulta previa.
La preocupación central de la Argentina se enfocó en el posible impacto ambiental de los vertidos de la planta en las aguas compartidas del río, así como en la percepción de que Uruguay había violado el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Esta legislación exige a ambos países informar y negociar cualquier proyecto que pueda afectar el ecosistema fluvial. El rechazo se manifestó con intensidad en las poblaciones argentinas cercanas, especialmente en Gualeguaychú.
La protesta civil escaló rápidamente, llevando a cortes de la Ruta Nacional 136 que conecta ambos países, interrumpiendo el tránsito internacional durante años. La disputa llegó a instancias internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aunque el tribunal no ordenó el desmantelamiento de la planta ni la suspensión de su operación, sí determinó que Uruguay había incumplido la obligación de notificar a la Argentina sobre el proyecto.