Milei prepara un giro regulatorio que podría destrabar proyectos de cobre y litio, según Bloomberg

El Gobierno de Javier Milei analiza introducir modificaciones profundas en las normas que resguardan los glaciares de la cordillera, con el objetivo de habilitar desarrollos mineros valuados en decenas de miles de millones de dólares, según confirmó a Bloomberg una persona al tanto de las conversaciones oficiales.

En los últimos meses, la Casa Rosada ofreció a las empresas interesadas en explotar cobre y litio el paraguas del RIGI —un esquema que ofrece ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias— para dar previsibilidad a las inversiones. Aun así, emprendimientos relevantes, como El Pachón, de Glencore, con un presupuesto de u$s9.500 millones, siguen trabados por limitaciones vinculadas a la Ley de Glaciares.

El paquete de cambios y el rol del Congreso

La intención oficial es remitir al Congreso una serie de reformas que suavizarían el alcance de la norma, señaló la fuente. Milei también podría intervenir mediante decreto, pero un tratamiento legislativo daría un respaldo jurídico más robusto a las compañías interesadas, especialmente en un sector donde los litigios ambientales suelen extenderse durante años.

Con restricciones más flexibles sobre las áreas vinculadas a glaciares y periglaciares, las mineras tendrían la oportunidad de avanzar en proyectos que podrían reposicionar a la Argentina como un jugador central del cobre, un insumo crucial para la electrificación global y otras industrias estratégicas.

Luego de su contundente triunfo en las elecciones legislativas de medio término, Milei contará desde el 10 de diciembre con una composición parlamentaria más afín a su programa de desregulación. En el sector empresario hay expectativas de que el Gobierno acelere también iniciativas tributarias y laborales demoradas desde hace años.

Una vieja disputa: la Ley de Glaciares vuelve al centro

En una conferencia reciente, Juan Donicelli, ejecutivo de Glencore en Argentina, afirmó: "Sin el RIGI, estos proyectos no habrían sido posibles", y agregó: "Las condiciones macroeconómicas están dadas. Ahora hay cuestiones pendientes que las autoridades nacionales y provinciales conocen bien".

El principal foco de conflicto para los proyectos cupríferos —como El Pachón o Vicuña, la sociedad entre BHP Group y Lundin Mining— es la clasificación de glaciares rocosos y cuerpos de hielo que pueden aportar agua a cuencas fundamentales.

Un inventario oficial de 2018 identificó más de 16.000 formaciones en los Andes argentinos, muchas de ellas ubicadas en San Juan, provincia donde se concentran los proyectos más ambiciosos. La industria sostiene que el registro incluyó zonas sin evidencia suficiente de actividad glaciar, lo que bloquea superficies clave para el desarrollo minero.

Un vocero de Glencore explicó por correo que "la Ley de Protección de Glaciares requiere ciertas aclaraciones, ya que una zona periglacial puede afectar el desarrollo de la mayoría de los grandes proyectos de cobre del país".

El Pachón y los antecedentes judiciales

Glencore intentó excluir un glaciar rocoso de la lista nacional, luego de que San Juan retirara esa formación de su inventario provincial en 2023. La compañía espera aún la revisión del registro federal. Años atrás, el proyecto enfrentó una denuncia internacional por presuntos daños a glaciares, aunque el caso se cerró sin resoluciones obligatorias.

Otros emprendimientos también se vieron condicionados: Barrick Gold abandonó una iniciativa binacional en la cordillera por disputas relacionadas con masas de hielo.

La zona donde se proyecta Los Azules, el emprendimiento de McEwen Copper en San Juan, concentra más de 150 glaciares de roca. Uno de ellos, ubicado junto a un humedal protegido, reduce el margen para instalar la mina y limita futuras ampliaciones. Un informe inicial plantea que, con relevamientos más precisos, podría revisarse la categoría de algunos sectores donde no se detecten señales de actividad glaciar.

Minería vs. ambiente: el nuevo enfoque del Gobierno

La gestión Milei enmarca la cuestión ambiental dentro de su estrategia para revitalizar la economía mediante la explotación de recursos naturales. En septiembre, Vicuña manifestó su confianza en la provincia de San Juan para obtener permisos firmes que le permitan avanzar a pesar de la legislación nacional.

En ese momento, José Luis Morea, directivo de la compañía, aseguró: "Creemos que tenemos una exposición y amenazas muy limitadas", y añadió: "Estamos en una posición más sólida que quizás otros proyectos".