La UE busca burlar el acuerdo con el Mercosur y establecer barreras a un producto regional clave
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A pocas semanas de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, el bloque continental pretende implementar una maniobra que desvirtúa el espíritu del pacto. Bajo el argumento de la sostenibilidad ambiental, Bruselas esgrime el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (iLUC) para catalogar a la soja argentina como insumo de "alto riesgo", lo que funcionará como una barrera paraarancelaria contra las exportacines argentinas de biodiésel..
La relevancia de este conflicto es de escala regional, en el cual la provincia de Santa Fe concentra el 100% de las exportaciones argentinas de biodiésel pero la cadena de valor se extiende a toda la zona centro. El mercado representa ingresos por entre u$s 350 y u$s 400 millones anuales, afectando la operatividad de terminales estratégicas que sostienen miles de empleos en el Gran Rosario.
Entre las plantas más afectadas se encuentran Renova S.A., en Timbúes, con una producción de 420.000 toneladas anuales; T6 Industrial S.A., ubicada en Puerto General San Martín, que aporta 365.000 toneladas al año; y Patagonia Bioenergía S.A., en San Lorenzo, con una capacidad de 247.000 toneladas. A este entramado productivo se suman Rosario Bioenergy S.A. en Roldán, con 50.400 toneladas, y el ecosistema de Vicentin S.A. en Avellaneda, que contribuye con 65.000 toneladas anuales al complejo de biocombustibles.
Desde la provincia de Santa Fe enfatizan que la restricción europea constituye una amenaza directa al empleo local y a la logística de una región cuya identidad económica reside en transformar el grano en energía. Se trata solo de un golpe economico para la provincia y un riesgo para el sustento de miles de familias de la cadena de valor.
El modelo de siembre directa
Frente a las acusaciones de deforestación indirecta que esgrime la Comisión Europea, Santa Fe presenta una realidad técnica que las provincias consideran irrebatible. Casi la totalidad de la soja de la región se produce bajo el sistema de siembra directa, una práctica que evita el movimiento del suelo y permite una captura de carbono activa, diferenciándose drásticamente de otros modelos productivos globales.
Los datos de ahorro de Gases de Efecto Invernadero (GEI) refuerzan la posición local. Mientras la normativa europea asigna valores teóricos del 31% de ahorro para la soja, el complejo industrial santafesino alcanza niveles superiores al 70%. Esta eficiencia sitúa al biocombustible argentino por encima de aceites europeos como el de colza o girasol, lo que expone la intencionalidad comercial de la medida.
El biodiésel funciona como un eslabón clave del valor agregado en el complejo sojero. La industria procesa el grano principalmente para generar proteína destinada a la seguridad alimentaria global, mientras que el biodiésel es el coproducto tecnológico que permite transformar el excedente de aceite en energía limpia sin competir con la producción de alimentos.
El biodiésel se consolida como una herramienta versátil para la descarbonización del transporte y la industria, funcionando tanto como un sustituto total del gasoil fósil o en mezclas obligatorias de distinto porcentaje. Su aplicación principal se encuentra en el transporte de cargas y pasajeros, donde permite reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en los motores de combustión interna.
La trampa regulatoria de la UE
La hoja de ruta oficial para la defensa del biodisel argentino ya está en marcha bajo la Resolución 107/2026. El Gobierno de Santa Fe, coordinado por el área de Comercio Exterior, trabaja en un dossier técnico-jurídico para reclamar a la Nación que denuncie este proteccionismo de la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), apoyándose en el antecedente victorioso de Argentina contra la UE en 2016.
Un eje central de la disputa es la "trampa regulatoria" que surge tras la firma del acuerdo Mercosur-UE. Mientras el tratado comercial propone la eliminación total del arancel del 6,5% para el biodiésel argentino, la normativa iLUC anula el beneficio: si la soja es de "alto riesgo", el producto no puede ser contabilizado por los países miembros para cumplir sus metas de descarbonización.
A la presión externa se suma la problemática del marco regulatorio nacional. La ley vigente impone un techo del 7,5% al corte obligatorio en el gasoil, un porcentaje que la industria santafesina considera insuficiente frente a su capacidad instalada. Esta subutilización frena la descarbonización del transporte nacional y aumenta la dependencia de combustibles fósiles importados.
La eventual denuncia ante la OMC tiene antecendentes favorables para el país. En mayo de 2013, la Argentina solicitó la apertura de consultas ante la OMC contra la Unión Europea por la imposición de derechos antidumping y compensatorios al biodiésel argentino. Tras el fracaso de las consultas, se constituyó un panel en enero de 2014.
En marzo de 2016, el panel concluyó que las metodologías utilizadas por la Unión Europea eran incompatibles con las disciplinas del Acuerdo Antidumping, fallo que fue sustancialmente confirmado por el Órgano de Apelación en octubre de 2016.
En 2017, la Unión Europea modificó su normativa, reabriendo el mercado europeo al biodiésel argentino. Este antecedente confirma que medidas europeas basadas en metodologías no compatibles con las normasOMC pueden ser exitosamente cuestionadas en el sistema multilateral de comercio