Guerra por la "Vaca Muerta del cobre": una feroz pelea entre provincias amenaza el futuro de un megaproyecto

El escenario minero argentino atraviesa una paradoja sistémica donde la geología ofrece tesoros de clase mundial mientras la política territorial pareciera levantar muros. El Distrito Vicuña -conformado por Josemaría y Filo del Sol-, un complejo de yacimientos de cobre, oro y plata de clase mundial que promete inyectar muchos dólares a la macroeconomía nacional y que no son pocos los que lo tildan de la "Vaca Muerta del cobre", se ha convertido en el epicentro de un choque de poderes entre los gobernadores de San Juan y La Rioja, Marcelo Orrego y Ricardo Quintela, respectivamente, iniciado por una embestida del jefe territorial riojano.

A la serie de escaramuzas administrativas por el uso de rutas provinciales ha mutado en una disputa de soberanía, que escaló tras una medida judicial riojana que paralizó el tránsito logístico hacia la mina Josemaría por territorio de esa provincia, pero que no ha frenado los trabajos en alta montaña, según confirmó la empresa en un comunicado.

Pero la agitada pelea entre San Juan y La Rioja se puede medir en números y allí están buena parte de las respuestas a que la disputa sea importante: u$s18.000 millones de inversión directa en el proyecto minero anunciado hace unos meses por BHP y Lundin Mining, unos 4.000 trabajadores que se necesitarán para la construcción -en el pico de obra tocará los 6.000- y otros 800 para la operación de la mina y la rueda de la fortuna que es para los proveedores, que hacen otros miles de millones en negocios e inyectan más trabajo. A esto hay que sumarle regalías mineras que es un volumen de plata enorme que, teniendo en cuenta la posible vida útil del yacimiento, es un ingreso de dólares por alrededor de 70 años. Para provincia -ambas- dependientes del grifo de Nación, esto es "agua bendita".

Hay algo claro y es que el yacimiento está en San Juan y es el que por ley tiene el derecho a sacarle el jugo a todo el negocio, pero también es cierto que la compañía minera usufructuó un camino de acceso a la mina en La Rioja hasta el día que un juez frenó el ingreso. En el medio, la empresa tardó demasiado -es la mirada de muchos operadores mineros- en encarar el camino por San Juan, que al fin y al cabo será definitivo. Es más, hace una semana le sacó el contrato a la empresa que ganó la licitación por varios traspiés, por lo que todavía falta para que vea efectivamente la luz.

Cómo el gobernador de La Rioja endureció su postura

La postura de Ricardo Quintela se ha endurecido bajo una premisa que desafía la interpretación tradicional de la propiedad de los recursos naturales. Para el mandatario riojano, la existencia de una frontera política no puede eximir a las empresas mineras de su responsabilidad con las comunidades que prestan la infraestructura crítica para que el negocio sea viable. El gobernador ha manifestado con vehemencia que su provincia no aceptará pasivamente el rol de simple zona de tránsito para una riqueza que se exportará por miles de millones de dólares mientras deja a su paso únicamente el desgaste de las rutas y la presión sobre los recursos hídricos superficiales.

Quintela sostiene que el impacto ambiental de un megaproyecto como Vicuña no se detiene en un límite catastral, especialmente en la zona de Guandacol, donde el flujo de maquinaria pesada y la actividad logística alteran la dinámica social y ambiental de la región. Claro, es que el camino riojano es hasta ahora la vía principal, hasta tanto la compañía BHP Lundin termine la traza definitiva por San Juan, donde La Rioja quedaría relegada.

En sus declaraciones más recientes, el gobernador riojano ha sido enfático al señalar que, si el Estado riojano es el que debe garantizar la seguridad vial, la salud de sus ecosistemas y el orden social ante el desembarco de estos gigantes mineros, es imperativo que la provincia tenga una silla en la mesa de las decisiones y, fundamentalmente, en la distribución de la renta. Esta visión lo ha llevado a exigir que la operadora BHP y Lundin Mining presente una Declaración de Impacto Ambiental propia ante las autoridades de su provincia, ignorando los permisos ya otorgados por San Juan, donde se emplaza el yacimiento. La creación de empresas estatales mineras en La Rioja y la búsqueda de convenios de proveedores locales son las herramientas con las que Quintela busca forzar una "coparticipación minera" de hecho, argumentando que la licencia social y ambiental es un activo que La Rioja tiene derecho a cobrar para autorizar el paso hacia las altas cumbres donde se esconde el cobre.

La respuesta de San Juan: ataque a la seguridad jurídica y defensa de la soberanía provincial

Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego ha calificado la situación como un ataque directo a la seguridad jurídica y a la Constitución Nacional. Para la administración sanjuanina, el reclamo de La Rioja no es más que una maniobra de presión política que utiliza el bloqueo logístico como una herramienta de extorsión. Orrego ha defendido la soberanía plena de su provincia sobre los yacimientos de Josemaría y Filo del Sol, recordando que la propiedad de los recursos del subsuelo pertenece exclusivamente a la jurisdicción donde se encuentran localizados. El mandatario sanjuanino ha expresado que ceder ante las pretensiones riojanas sentaría un mal precedente para el federalismo argentino, permitiendo que cualquier provincia intermedia pueda cercenar el desarrollo económico de sus vecinas mediante la imposición de aduanas internas encubiertas bajo argumentos ambientales.

La retórica de Orrego se apoya en que San Juan ha cumplido con los estándares más rigurosos de control, incluyendo la participación de organismos técnicos y científicos que avalan la viabilidad del Distrito Vicuña. El gobernador ha sido claro al denunciar que la medida cautelar dictada por la jueza riojana María Greta Decker atenta contra la previsibilidad que los grandes inversores exigen para hundir capitales de largo plazo. Para San Juan, el conflicto no es solo por el cobre, sino por el respeto a las reglas del juego que permiten que una provincia planifique su futuro productivo.

La respuesta de Orrego ha sido la movilización de sus equipos legales para llevar el caso a las máximas instancias judiciales, denunciando que La Rioja está intentando legislar y juzgar sobre actividades que ocurren fuera de su territorio, transformando un corredor logístico en una frontera hostil que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y el ingreso genuino de divisas para el país.

Por qué la pelea asusta a los inversores internacionales y dispara el riesgo país minero

Más allá de la disputa dialéctica entre los gobernadores, el conflicto ha encendido las alarmas en el sector financiero internacional en un momento crítico. El cobre ha dejado de ser un simple metal industrial para convertirse en un recurso estratégico global, y el Distrito Vicuña es una de las pocas fronteras mineras capaces de aportar el volumen necesario para abastecer la demanda de la electrificación mundial.

Sin embargo, los analistas de mercado advierten que la inestabilidad generada por el choque entre San Juan y La Rioja proyecta una imagen -de mínima- incómoda para el que mira desde afuera. Para la industria, el "riesgo país minero" se dispara cuando un proyecto que requiere una inversión de u$s18.000 millones puede ser detenido por un juez provincial en una disputa de límites o de "peajes" logísticos.