El Gobierno no quiere Zona Fría: Tres millones de usuarios en riesgo de perder el subsidio al gas
El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece una reforma estructural del sistema energético que contempla la reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas a través de la modificación del esquema de asistencia estatal en el consumo de gas natural.
La iniciativa oficial busca derogar los artículos principales de la Ley 27.637 que establece el Régimen de Zona Fría, normativa que en 2021 expandió los beneficios tarifarios a diversas provincias del centro y norte del territorio argentino. Con este cambio, el Gobierno pretende implementar el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) orientado a sectores con vulnerabilidad socioeconómica específica.
El Régimen tiene su origen histórico en la necesidad de compensar los costos de calefacción en áreas con temperaturas bajas. Inicialmente, este esquema protegía a la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna, regiones que mantendrían la cobertura plena en el inicio de esta nueva etapa legislativa.
La expansión sancionada hace cinco años incorporó al beneficio a usuarios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras jurisdicciones. El nuevo texto legal suprime la automaticidad de estos descuentos para los residentes de dichas zonas, quienes perciben actualmente rebajas de entre el 30% y el 50% en sus facturas.
Un beneficio con histórica polémica
Según los registros oficiales, el universo de beneficiarios creció de 950.000 hogares a un total aproximado de 4 millones de familias tras la ampliación de 2021. Esta cifra representa casi el 50% de los usuarios residenciales con acceso a la red de gas natural en todo el país, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder la bonificación.
El argumento del Poder Ejecutivo señala que la normativa previa desnaturalizó el sistema al incluir regiones sin severidad climática extrema. Esta situación produjo un incremento en el déficit del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, compromiso financiero que el Tesoro Nacional informó no poder cubrir en el contexto actual.
La implementación del sistema de subsidio energético focalizado establece un filtro segpun el nivel de ingresos de los grupos familiares. El límite fijado en tres Canastas Básicas Totales determinará la continuidad o el cese del subsidio, lo que excluye de la asistencia a sectores de ingresos medios que habitan en las áreas anteriormente protegidas.
El impacto de la medida coincide con el proceso de actualización de los precios mayoristas del fluido. La combinación de la quita del beneficio de zona fría y el aumento del valor unitario del gas se traduce en un incremento directo en el costo de vida para los hogares del centro del país y la costa atlántica.
Quién financia el régimen de zona fría
Hace dos semanas, a través del decreto 266/2026, el Ministerio de Economía quedó habilitado a incrementar el recargo que alimenta el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con un tope que ahora podrá llegar hasta el 11,25% del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Se trata del mecanismo que financia tarifas subsidiadas en regiones de bajas temperaturas, además de las zonas incorporadas tras la ampliación del régimen en 2021. El fondo se sostiene con un recargo que pagan todos los usuarios del sistema gasífero nacional, sin distinción geográfica.
Con la nueva normativa, el Ministerio de Economía amplía su margen de acción: el tope anterior del recargo era del 7,5%, por lo que el ajuste habilitado implica un incremento potencial de hasta el 50% respecto del esquema vigente. Si bien no se trata de un aumento automático, sí otorga la facultad de elevar la carga en función de las necesidades del sistema.
Desde el Ejecutivo argumentan que el Fondo Fiduciario se encuentra en situación de déficit y que los niveles actuales de recaudación no alcanzan para cubrir el costo del sistema. En ese marco, la ampliación del tope del recargo se presenta como una herramienta para otorgar mayor flexibilidad financiera sin modificar directamente el esquema de subsidios.
Otra medida con destino de judicialización
Los sectores de la oposición y diversos cuadros técnicos sostienen que las condiciones bioclimáticas de las zonas en disputa no responden a criterios políticos sino a registros meteorológicos. Argumentan que la humedad y los vientos en el interior bonaerense elevan la demanda energética de manera estacional por encima del promedio nacional.
En el ámbito productivo, la liberalización de los cuadros tarifarios ya registra efectos en el sector de las pequeñas y medianas empresas. En algunas provincias se informaron aumentos de hasta el 160% en las facturas comerciales, situación que condiciona la sostenibilidad económica de las unidades de negocios regionales.
Ante la posible sanción de la ley, intendentes de distintas fuerzas políticas iniciaron consultas para evaluar la presentación de medidas judiciales. Las administraciones locales advierten sobre la dificultad de cobro de las facturas en un marco de recesión y el riesgo de afectación de derechos básicos vinculados al acceso a la energía.
El debate parlamentario definirá la vigencia de este subsidio que, hasta el momento, funciona de manera generalizada para millones de ciudadanos. La reestructuración propuesta sitúa al sistema energético bajo una lógica de focalización por ingresos en lugar de la pertenencia geográfica que rige desde la ampliación de 2021.