Impuesto al agua: el plan de Río Negro para cobrar el 1% de la facturación a las represas del Comahue
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La Legislatura de Río Negro se prepara para vivir una controvertida jornada en la definición de la soberanía sobre sus recursos naturales en pleno desarrollo de la gestión privada de la energía. El próximo jueves 11, el parlamento provincial debatirá un proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck que busca implementar un esquema de compensación económica por el uso del agua en la generación eléctrica de las represas de Comahue.
La iniciativa ingresó con acuerdo general de ministros y el Poder Ejecutivo apunta a que la discusión se resuelva en única vuelta, debido al fuerte impacto fiscal que tendrá sobre la ecuación económica del sector. El objetivo central de la normativa apunta de forma directa a las empresas privadas que tomaron el control operativo de los complejos hidroeléctricos del Comahue a principios de este año.
El nuevo marco legal afectará las operaciones vigentes de las centrales Alicurá (en manos de Edison Inversiones), El Chocón (gestionada por BML Inversora) y Piedra del Águila (bajo la órbita de Central Puerto). Estas compañías, que asumieron sus funciones tras el proceso de privatización nacional, deberán readecuar sus costos ante la irrupción de una tasa local que no estaba contemplada originalmente en la normativa histórica de los años noventa.
El gerente general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Santiago Yanotti, precisó en declaraciones periodísticas que la medida representa un quiebre en la historia del federalismo argentino. La raíz de este avance normativo se fundamenta en que, si bien el Gobierno nacional completó la transferencia de los activos energéticos, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagró en su artículo 124 el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Al amparo de este principio rector, la administración rionegrina busca obligar a los nuevos consorcios a pagar por el insumo vital que mueve las turbinas. La estrategia política liderada por el gobernador Weretilneck, coordinada de manera estrecha con su par de la vecina provincia de Neuquén, abre un escenario de tensión con la administración central y las corporaciones eléctricas.
Las autoridades provinciales sostienen que el agua utilizada para generar energía posee un valor económico autónomo por el cual las compañías deben tributar un canon específico. El argumento rionegrino plantea que las empresas privatizadas no pueden hacer un uso gratuito y discrecional de un recurso que pertenece constitucionalmente al territorio donde se asientan las cuencas.
El impacto económico en las tarifas
En términos económicos, la ley propuesta establece que las firmas concesionarias deberán abonar a la Provincia de la Argentina una tasa equivalente al 1% de la facturación total que obtengan por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta retribución por el uso del recurso natural renovable se sumará a las regalías hidroeléctricas tradicionales y constituirá un flujo de fondos líquidos que ingresará de forma directa a las arcas fiscales locales.
Los cálculos preliminares elaborados por los equipos técnicos del Ministerio de Economía provincial proyectan un salto presupuestario de envergadura para la provincia. Tomando como base de análisis el comportamiento hídrico de los ríos Limay y Neuquén, junto con los precios del mercado mayorista, las autoridades estiman que los ingresos anuales rionegrinos por la explotación de las centrales pasarán de los actuales u$s9,5 millones a una cifra superior a los u$s40 millones con el nuevo esquema.
Un elemento innovador de la legislación radica en la facultad que se reserva la provincia para percibir estas compensaciones en especie. Este mecanismo técnico facultará a Río Negro a exigir que parte del cobro se efectivice mediante energía física valorizada al costo equivalente que abonan los usuarios residenciales e industriales dentro del territorio rionegrino.
Con esto, el Ejecutivo busca aislar una porción del suministro de las fluctuaciones de la tarifa general del sistema interconectado y garantizar un reaseguro estratégico para el abastecimiento interno. El proyecto de ley contempla asimismo un capítulo orientado a fortalecer la posición de la provincia dentro de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el organismo encargado del control hidrológico en la región.
La norma determina que las operadoras privadas tendrán la obligación de financiar los estudios técnicos y ejecutar las obras de infraestructura civil complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las presas y el mantenimiento de los límites de embalse, minimizando de este modo los riesgos de inundación en las zonas productivas de los valles inferiores.
Destino de los fondos y la pulseada legislativa
El destino final de los excedentes financieros generados por el cobro del canon hídrico ya fue delineado por el gabinete provincial. El plan oficial consiste en transformar los ingresos provenientes de la renta de los recursos naturales en inversión pública de carácter estructural.
Las partidas presupuestarias adicionales que se obtengan a partir de la aprobación de la ley se orientarán de forma prioritaria a la repavimentación de rutas provinciales críticas, la modernización de la red de hospitales públicos y la expansión de la infraestructura de conectividad regional.
Pese al optimismo del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, que descuenta un amplio respaldo legislativo por el fuerte tinte federal de la medida, el debate parlamentario sumará objeciones de peso por parte de las bancadas opositoras.
Los representantes del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro y de la alianza Vamos con Todos adelantaron que, si bien comparten el reclamo de soberanía sobre los ríos, exigirán modificaciones técnicas en el articulado para garantizar que los nuevos ingresos sean coparticipados de manera directa con los municipios de la provincia.
Esta ofensiva de Río Negro sobre las centrales del Comahue se inscribe en una estrategia más amplia de diversificación económica y endurecimiento regulatorio sobre los sectores extractivos de la provincia, que abarca también al sector de la minería metalífera. El Poder Ejecutivo busca apurar los plazos legales para consolidar este ordenamiento local justo cuando las nuevas operadoras transitan sus primeros meses de gestión tras desembolsar más de u$s700 millones en la licitación nacional.