Una planta de hidrógeno verde en Uruguay encendió las alarmas en Entre Ríos y revivió el fantasma de las papeleras
Una planta de hidrógeno verde en territorio uruguayo volvió a poner en tensión las relaciones binacionales en torno al Río Uruguay. La historia parece repetirse dos décadas después del histórico conflicto por las pasteras.
El epicentro de la nueva disputa está en Paysandú, ciudad uruguaya ubicada a apenas 20 kilómetros de Colón, Entre Ríos. La empresa HIF Global planea construir allí una megaplanta de combustibles sintéticos que consume agua del río y genera alarma en ambas márgenes.
Lo que se presenta como una solución verde al cambio climático enfrenta un rechazo creciente de las comunidades locales. Los vecinos perciben el proyecto no como tecnología limpia, sino como una amenaza directa a la salud pública y al ecosistema del río que comparten, indica la periodista Gabriela Ensinck en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
El conflicto reabre heridas que parecían cerradas. Y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el avance industrial en nombre de la transición energética?
La inversión energética más grande en la historia de Uruguay
HIF Global, firma con capitales chilenos y estadounidenses, invertirá más de u$s5.000 millones en la construcción de la planta. Según tituló el diario uruguayo El País, se trata de "la inversión energética más grande" que recibió ese país.
La compañía se presenta en su web como capaz de "convertir energía renovable en combustibles limpios para autos, barcos y aviones". Todo sin modificar motores ni infraestructura existente.
El proceso industrial que implementará en Paysandú parte del hidrógeno verde. Este se obtiene mediante electrólisis: separar moléculas de agua del Río Uruguay en hidrógeno y oxígeno.
Para alimentar ese proceso, HIF construirá dos parques de generación eléctrica de uso exclusivo. Uno eólico (Elena Wind Park) y otro solar (Lucía Solar Park), ambos sobre la costa del río.
El hidrógeno producido se combinará luego con dióxido de carbono. Este gas provendrá de la quema de residuos forestales y agrícolas. El resultado serán combustibles sintéticos líquidos conocidos como e-fuels, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
En su sitio oficial, la empresa muestra el funcionamiento de su planta en Punta Arenas, Chile. Allí ya produce e-combustibles con energía de parques eólicos patagónicos.
HIF Global tiene cinco proyectos en desarrollo avanzado a nivel global. El de Paysandú es presentado como "el mayor de Sudamérica". Creará 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 empleos directos permanentes.
Por qué los vecinos hablan de peligro en lugar de progreso
En febrero de 2025, el gobierno uruguayo recategorizó 440 hectáreas donde se emplazará la planta. Los terrenos pasaron de rurales a industriales de un plumazo.
El detalle no es menor: esas tierras formaban parte de las Islas del Queguay. Un territorio más extenso que había sido declarado reserva natural. Bajo esa categoría, no admitía actividades industriales.
Desde entonces, organizaciones comunitarias de ambas márgenes del río comenzaron a movilizarse. Sus advertencias apuntan a riesgos concretos y medibles, explica la nota de EconomiaSustentable.com.
"El proceso de producción y almacenamiento de hidrógeno a alta presión, sumado al manejo de sustancias químicas, conlleva un peligro latente de explosiones, incendios y emanaciones tóxicas", advierte el colectivo "Colón en Riesgo".
La infraestructura contempla chimeneas de más de 45 metros de altura. Permanecerán encendidas día y noche con sus llamas visibles desde kilómetros de distancia.
Esto genera impacto visual y contaminación lumínica severa. Pero también plantea interrogantes sobre emisión de gases que aún no fueron respondidos por la empresa ni por el Estado uruguayo.
El temor más extendido, sin embargo, se centra en el Río Uruguay mismo. El vertido de efluentes industriales y el uso intensivo del agua para refrigeración y electrólisis alterarían el ecosistema fluvial de forma irreversible, amenazando la biodiversidad y el turismo.
Colón depende económicamente de sus playas, sus carnavales y la cercanía al Parque Nacional El Palmar. Paysandú también vive de la pesca y actividades recreativas vinculadas al río.
Hidrógeno verde o planta química: la polémica técnica detrás del proyecto
Desde la multisectorial Somos Ambiente de Colón cuestionan el marketing del proyecto. Señalan que no se trata de una planta de hidrógeno verde sino de una megafábrica química de combustibles sintéticos.
"El hidrógeno verde es solo un insumo más, junto con el dióxido de carbono, para producir metanol", explicó Carlos Serrati, docente e integrante de la multisectorial.
La escala del proyecto es descomunal: 700.000 toneladas de metanol por año. A partir de ese metanol se producirán cuatro tipos de combustibles diferentes.
Gas, gasolina, aceite lubricante y kerosén para aviación. Todos destinados a la exportación, principalmente hacia Europa.
"La preocupación no es solo por la cercanía", sostuvo Serrati. "Es por la escala industrial que implica este proyecto."
La respuesta judicial contra Uruguay por avanzar sin consultas
Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, iniciaron una demanda civil ordinaria contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global.
El expediente 3276/2026 tramita ante la Justicia argentina. Los legisladores exigen pericias ambientales y acusan a Uruguay de violar tratados internacionales.
La denuncia es contundente: pese a que el proyecto data de 2017, el país vecino no presentó estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Esto violaría el Estatuto del Río Uruguay, tratado firmado por ambos países. También contradice la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya del año 2010.
Aquella sentencia estableció que Uruguay incumplió sus obligaciones de consulta previa en el caso de las plantas de celulosa Botnia-UPM en Fray Bentos.
El Estado uruguayo está avanzando de forma unilateral con un megaproyecto industrial sin cumplir los mecanismos de consulta obligatoria que establece el derecho internacional.
Las papeleras dejaron una herida que todavía no cierra
El conflicto por la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) sigue latente en la memoria de los entrerrianos. A mediados de los 2000, la decisión de Uruguay de instalar plantas de celulosa en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, desató una movilización social inédita.
Hubo marchas multitudinarias que convocaron a decenas de miles de personas. El bloqueo del Puente Internacional General San Martín se extendió por más de tres años.
La disputa escaló hasta la Corte Internacional de La Haya. En 2010, el tribunal dictaminó que el Estado uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay al omitir las consultas obligatorias.
Sin embargo, la Corte no ordenó el cierre de la planta. Botnia, ahora rebautizada UPM, sigue produciendo pasta de celulosa en Fray Bentos hasta el día de hoy.
Las asambleas entrerrianas actuales están conformadas por protagonistas de aquella gesta. Pero también por nuevas generaciones que heredaron la lucha.
A diferencia de lo ocurrido con Botnia, donde la protesta comenzó con la obra avanzada, la organización social se activó temprano esta vez.
El debate queda abierto y plantea un dilema de época. ¿Hasta qué punto se pueden justificar proyectos que generan impacto ambiental negativo a nivel local, en nombre de la "transición energética global"?