Caputo perdió de recaudar más de u$s1.200 millones por el atraso en el impuesto a los combustibles

La decisión del Gobierno nacional de postergar de forma continuada la actualización de los impuestos a las naftas y al gasoil sigue provocando una severa pérdida para las cuentas públicas. Entre enero y agosto, el costo fiscal por no aplicar el esquema de ajuste previsto por ley superó los u$s1.220 millones.

La continuidad de la actualización moderada del tributo, tal como viene haciendo desde el gobierno anterior es parte de la estrategia oficial del ministro de Economía, Luis Caputo, de evitar que un traslado automático del componente impositivo en los surtidores golpee los precios e impacte en el índice general de inflación.

La legislación vigente establece que el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el tributo al Dióxido de Carbono deben actualizarse de manera trimestral siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. Sin embargo, mediante sucesivas prórrogas y ajustes parciales, el Ejecutivo postergó la aplicación plena de este mecanismo.

El reciente Decreto 693 autorizó apenas un incremento marginal para el mes de agosto y trasladó el saldo pendiente de resolución para septiembre, lo que volvió a ensanchar la brecha entre el tributo aplicado y el exigido por la norma.

Cuánto debería aumenta la nafta y el gasoil

De acuerdo al análisis de la consultora especializada Economía y Energía, el rezago tributario es de una magnitud considerable en ambos combustibles. En el caso de las naftas, la carga fiscal efectiva cobrada en agosto se ubicó en torno a los $411 por litro, cuando el monto actualizado por inflación marcaba una pauta teórica de $634 por litro, lo que deja un atraso pendiente de $265 por litro.

En el gasoil, el tributo abonado en surtidor llegó a los $328 por litro frente a los $410 por litro que habrían correspondido bajo la normativa estricta, con una diferencia no trasladada de $111 por litro.

La brecha entre la norma y la práctica se expandió de manera constante a lo largo de los últimos dos años. Hacia comienzos de 2024 la nafta tributaba $24 por litro contra los $132 normativos, una distancia que creció hasta alcanzar $154 contra $307 a mediados de ese mismo año y $348 frente a $537 en el primer trimestre de este año, consolidando una pauta de atraso que el fisco no logró recomponer.

El impacto sobre los ingresos del Estado es inmediato, y la actualización parcial dispuesta para agosto significó una renuncia fiscal estimada en u$s146 millones únicamente por las ventas de ese mes. De esta manera, al computar los primeros ocho meses del año en la Argentina, la pérdida total acumulada por el retraso impositivo en el sector de los combustibles alcanzó los u$s1.229 millones.

Las proyecciones oficiales y del sector energético toman en cuenta los volúmenes de venta registrados en el año previo, descontando los beneficios correspondientes a las zonas exentas del sur del país y las exenciones legales vigentes sobre los cortes de biocombustibles.

El efecto acumulado de los subsidios energéticos

A la par de la pérdida de recaudación por el atraso en el impuesto a los combustibles, el Gobierno también afronta una coyunutura compleja con el incremento durante el segundo semestre del nivel de subsidios a los consumos de gas y electricidad.

Es que pese a las subas tarifarias acumuladas en los primeros meses del año, el salto en los costos marginales de generación y la menor oferta hidroeléctrica obligaron al Estado nacional a absorber una proporción sensiblemente mayor de los costos reales de la electricidad.

Durante el primer semestre de 2026, los subsidios estatales al sector energético en la Argentina alcanzaron los u$s2.147 millones, lo que representó un incremento del 80% en comparación con el mismo período del año anterior. Este desembolso extra de casi u$s950 millones marcó el primer repunte en la asistencia económica tras dos años consecutivos de contracción.

Según un informe de la consultora Economía & Energía (E&E), más del 70% de este incremento se destinó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para contener el encarecimiento del sistema. El incremento de las partidas respondió principalmente al alza en los costos de generación, que promediaron los 90 USD/MWh, un 20% por encima de los valores de 2025.

Factores como el mayor precio del gas natural licuado (GNL) -impactado por conflictos internacionales en Medio Oriente-, el mayor peso de los combustibles alternativos, la actualización tarifaria de las centrales hidroeléctricas y las importaciones de energía en los meses invernales encarecieron la oferta.

Dado que este aumento de costos se trasladó de forma parcial a las tarifas, la brecha estatal para cubrir la diferencia entre el costo real y lo abonado por los usuarios volvió a ensancharse tanto en el segmento residencial como en el comercial. Este incremento del gasto fiscal coincidió con un fenómeno particular, dado que el sector energético registró en simultáneo un superávit comercial récord de u$s 5.950 millones.