Las generadoras eléctricas reclaman al Gobierno por un recorte que golpea sus ingresos

Un conjunto de las principales empresas generadoras de electricidad presentó un reclamo formal ante las autoridades del área energética para alertar que el nuevo esquema de remuneración previsto para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) compromete de manera directa la continuidad operativa de las centrales térmicas de respaldo.

Se trata de unidades clave para sostener el suministro del sistema interconectado nacional durante los períodos de mayor exigencia, cuya sustentabilidad económica quedó en jaque ante el vencimiento inminente de los contratos vigentes.

La nota fue dirigida al subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y lleva la firma de compañías líderes del sector como Pampa Energía, MSU Energy, Genneia, SCC Power, Soenergy, Sullair Argentina, Industrias Juan F. Secco, Albanesi, Araucaria Energy e YPF Luz, entre otras firmas.

Según reveló El Post Energético, la preocupación del sector privado radica en el descalce financiero que generará el fin de los compromisos suscriptos bajo la Resolución SEE 21/2016. Dichos acuerdos, lanzados durante la gestión de Juan José Aranguren al frente de la cartera energética en la administración de Cambiemos, permitieron incorporar más de 3.100 megavatios (MW) de potencia térmica firme al parque nacional en el año 2017.

Aquellas licitaciones contemplaron contratos denominados en dólares estadounidenses con un plazo de diez años, un esquema marco diseñado para incentivar la inversión privada en tecnología de respuesta rápida frente a la crisis que atravesaba el sector eléctrico.

Al encontrarse estas coberturas contractuales en su fase final de vigencia o vencidas, la transición hacia las pautas tarifarias generales de la Secretaría de Energía reduce en forma drástica los ingresos destinados al mantenimiento de dicha infraestructura.

El eje del reclamo de las principales operadoras

El foco del reclamo técnico radica en la naturaleza operativa particular de este parque generador. A diferencia de las usinas de base o de ciclo combinado que funcionan de manera continuada, estas plantas registran un bajo factor de utilización, debido a que su misión primordial consiste en entrar en servicio únicamente cuando la demanda de electricidad alcanza valores pico en días de extremo calor o frío intenso.

Bajo la pauta regulatoria fijada en la Resolución 400/2025, la remuneración por potencia disponible sufriría un recorte que la ubicaría en torno a un tercio de los montos percibidos en la actualidad.

Cifras de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) reflejan que las unidades cobraban un promedio de 21.000 dólares por megavatio al mes, cifra que permitía solventar los costos fijos y los frecuentes procesos de reacondicionamiento requeridos por turbinas de gas y motores de combustión interna con potencias inferiores a 150 MW, sometidos a continuos arranques y paradas.

A la exigencia técnica propia del ciclado constante se suma la carga financiera que representa el almacenamiento y la reserva de combustibles alternativos, indispensables para garantizar la disponibilidad del parque ante imprevistos técnicos o cuellos de botella operativos.

Estas instalaciones requieren disponer en sitio de volúmenes significativos de gasoil para funcionar cuando acontecen restricciones en el transporte de gas natural, el insumo primario del parque térmico en la Argentina. Mantener ese stock inmovilizado, junto con los seguros de cobertura y el personal capacitado listo para despachar en cuestión de minutos, demanda un flujo constante de capital que las tarifas base no logran remunerar.

La falta de un marco específico para usinas de bajo factor de despacho amenaza con paralizar plantas estratégicas distribuidas en nodos críticos del Gran Buenos Aires y el interior del país.

Un pedido de reunión con el gobierno

Frente a este escenario de incertidumbre, los generadores solicitaron una audiencia de carácter urgente con los funcionarios nacionales para readecuar las condiciones tarifarias de las máquinas de respaldo y extender los cronogramas de mantenimiento preventivo, tal como detalló El Post Energético.

Desde el sector privado remarcan que estas centrales representan la reserva tecnológica más moderna con la que cuenta el sistema eléctrico argentino, al acumular aproximadamente una década de antigüedad operativa e integrar tecnología de alta eficiencia en puntos neurálgicos de la red de transmisión.

La pérdida de disponibilidad de este bloque de potencia dejaría al sistema desprotegido frente a contingencias estacionales, incrementando de manera sustancial el riesgo de cortes masivos en el suministro eléctrico a usuarios residenciales e industriales en momentos de alta demanda.

La controversia pone de manifiesto las dificultades de la transición hacia un mercado eléctrico desregulado que aspire a prescindir de los subsidios estatales sin desarmar los mecanismos de incentivo a la potencia firme. La búsqueda oficial por unificar los criterios de remuneración chocó con la realidad de un parque térmico heterogéneo donde coexisten equipos basales y unidades de modulación rápida.

Sin una señal de precio adecuada que compense la simple disponibilidad de las usinas, el plan gubernamental corre el riesgo de resentir la confiabilidad global de la red, aseguró un anaista del episodio. En las próximas semanas, las autoridades deberán evaluar si otorgan una excepción reglamentaria o bien si reconfiguran el tratamiento para el segmento de reserva antes de que el retiro de oferta afecte el despacho del próximo período estacional.

Los argumentos de los generadores en la carta al Gobierno

En el documento remitido al subsecretario Damián Sanfilippo -con copia al gerente general de CAMMESA, Juan Luchilo-, las compañías agrupadas explicaron que representan "aproximadamente el 41% del total de la potencia térmica contractualizada, es decir 2.674 MW".

En ese texto, las generadoras aclararon que ven con buenos ojos la meta oficial de "normalizar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para hacerlo más competitivo y eficiente, descentralizar responsabilidades de CAMMESA, implementar tarifas y remuneraciones que reflejen los costos reales y fomentar la participación de la inversión privada tal como lo establece la Resolución SE 400/2025".

Sin embargo, advirtieron que los esquemas previstos ponen en jaque el sostenimiento técnico del parque de respaldo. Al analizar el impacto de la nueva normativa, las empresas remarcaron que "para el caso de las unidades con bajo factor de uso, tan necesarias como respaldo del sistema eléctrico sobre todo en el pico, la remuneración de potencia que se indica en la Resolución SE 400/2025 para el mercado spot y eventualmente su referencia para el MAT resulta insuficiente para garantizar el servicio de confiabilidad y la disponibilidad de potencia cuando el sistema lo requiera".

Según indicaron las firmas privadas, al finalizar los Contratos de Demanda Mayorista, el pago por capacidad "se reduciría drásticamente", lo que terminará "tornando muy difícil mantener el nivel actual de disponibilidad y confiabilidad" en los momentos críticos de consumo.

Equipos de reserva que implican alto costos

El escrito precisa que la mayor parte de este parque generador está compuesto por "turbogeneradores y motores de combustión interna", los cuales presentan características técnicas particulares que incrementan su costo de operación. En ese sentido, puntualizaron que, "dependiendo de la cantidad de ciclos y paradas, cumplen ciclos de mantenimientos cortos que implican intervenciones mayores con importantes erogaciones de costos".

A su vez, señalaron que al tratarse de "unidades de arranque rápido que se requieren como reserva", cuando operan por períodos breves registran "una eficiencia relativa más baja que las centrales que operan como generación base", dado que "no alcanzan el período de estabilización mínimo para lograr su eficiencia máxima, lo que implica menor competitividad y poca cantidad de energía producida".

Por estos motivos, la nota concluye que "el bajo factor de despacho hace inviable que su remuneración se base en cargos variables por energía generada, por lo que debe basarse en cargos fijos en función de la disponibilidad". Asimismo, recordaron a la autoridad regulatoria que estas unidades "no reciben Renta Marginal por su despacho dado que en mayor medida son despachadas por seguridad".

Ante este diagnóstico, las generadoras instaron al Poder Ejecutivo a "avanzar en una solución durante el presente año para poder hacer las previsiones correspondientes, la extensión de los planes y contratos de mantenimiento para que el MEM cuente con la mayor disponibilidad de reserva de pico posible".