Por el efecto Vaca Muerta, La Pampa proyecta cobrar peaje en rutas nacionales y provinciales
Puntos importantes
El gobierno de La Pampa enviará este martes a la Legislatura local un proyecto de Ley de Administración del cobro de peaje en rutas provinciales, una normativa complementaria a la atribución para cobrar peaje que el régimen vigente le otorga a la Dirección Provincial de Vialidad. La iniciativa se da en paralelo a la decisión del Gobierno nacional de adjudicar corredores viales a operadores privados con peaje.
La administración a cargo del gobernador Sergio Ziliotto, informó que el Proyecto de Ley tiene principal fundamento en la Ley Provincial de Vialidad (Decreto-Ley N° 577/58), incorporando herramientas normativas para dar mayor operatividad y eficiencia al sistema. La propuesta pretende legislar sobre tres aspectos principales: el destino de los recursos, las excepciones al pago y el órgano de administración del cobro.
Esta medida se da a conocer en momentos en que la provincia venía discutiendo el impacto que tenía en su infraestrutura vial el paso de cientos de camiones diarios cargados con arena para la fractura de los pozos de Vaca Muerta, provenientes de la provincia de Entre Ríos, por lo que La Pampa era paso casi obligado generando un pasaje que se anticipa será más intenso a medida que se incremente la actividad.
Las proyecciones de la industria indican que la demanda de este insumo clave pasará de los 5,5 millones de toneladas consumidas en 2025 a unos 7 millones en 2026, para rozar los 8 millones de toneladas hacia 2027. Este salto representa un incremento cercano al 45% en apenas dos años, una aceleración que está empezando a saturar los corredores terrestres, tal como registran quienes transitan por los principales corredores hacia el sur.
Un informe que se menciona habitualmente en la industria indica que la operación petrolera mantiene en movimiento una flota de hasta 4.300 camiones. El origen del insumo explica gran parte de este desafío, ya que alrededor del 75% de la arena empleada en los pozos neuquinos proviene de Entre Ríos, principalmente de las canteras de Ibicuy y de extracciones fluviales. El 25% restante se abastece desde canteras más cercanas a la cuenca, como Río Negro.
Como será el cobro de peaje en las rutas de La Pampa
La recaudación del peaje, una vez deducidos los gastos operativos necesarios para su percepción, será destinada en un 90 % al Fondo Provincial Vial previsto en el artículo 21 del Decreto-Ley N° 577/58. Así, los recursos provenientes del derecho de peaje estarán directamente vinculados con la construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura vial provincial.
Asimismo, se propone destinar el 10 % restante a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, conforme a criterios relacionados con la extensión de la red de caminos vecinales de cada jurisdicción, estableciendo una afectación específica para el mantenimiento de la infraestructura rural. Esta previsión reconoce que el sistema vial provincial constituye una red integrada y que los caminos rurales y vecinales cumplen una función esencial para la producción agropecuaria, el traslado de personas y bienes y la integración territorial.
El Proyecto contempla un conjunto de excepciones como los vehículos radicados tributariamente en la Provincia, los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil, los vehículos oficiales afectados al cumplimiento de funciones públicas y aquellos destinados al servicio público de transporte interurbano de pasajeros.
Con relación al resto de los vehículos no radicados en La Pampa, la obligación o exención de pago estará determinada según el impacto que su peso genera en la vida útil de la infraestructura vial. La construcción, reparación y mantenimiento de las rutas y el control de cargas seguirá siendo responsabilidad exclusiva de la Dirección Provincial de Vialidad.
Para la administración del cobro de peaje, se propone la creación del "Fideicomiso Rutas Pampeanas", cuyo Consejo Directivo integrarán únicamente directores de la Dirección Provincial de Vialidad, que no percibirán remuneración adicional alguna por esta nueva función.
Qué provincias cobran peaje por el transito de Vaca Muerta
El avance de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta reconfiguró la logística del transporte terrestre en varias provincias patagónicas. El flujo incesante de carga pesada sobre corredores que no fueron diseñados para soportar semejante tonelaje generó un acelerado deterioro de los caminos.
Frente al repliegue del Gobierno nacional en materia de obra pública, la provincia de Neuquén tomó la iniciativa de impulsar el traspaso de la jurisdicción de rutas nacionales estratégicas a la órbita provincial, con el objetivo explícito de instalar un sistema de peajes que permita financiar las tareas de repavimentación y conservación necesarias para garantizar la fluidez del tránsito operativo.
Esta postura del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, busca dar respuesta a la creciente presión que el entramado productivo ejerce sobre la red vial, donde coinciden de manera simultánea múltiples obras en ejecución vinculadas al desarrollo del yacimiento.
Ante la imposibilidad de intervenir legal ni financieramente sobre trazados de dominio federal, la provincia plantea que la transferencia de los corredores clave resulta indispensable para aplicar un canon a la circulación pesada. De este modo, se pretende que los propios actores industriales que degradan la infraestructura contribuyan directamente al sostenimiento del asfaltado, mitigando el impacto en el erario provincial.
El reclamo neuquino encuentra un antecedente inmediato a partir del reciente acuerdo alcanzado por la provincia de Río Negro con el Estado Nacional. A través de un convenio histórico, el Gobierno federal transfirió a la administración rionegrina la gestión operativa de las rutas nacionales 22 y 151 por un plazo de 20 años.
Ambos trazados constituyen ejes neurálgicos para la conectividad de la cuenca no convencional y venían registrando graves deficiencias estructurales por el desgaste masivo de los camiones de gran porte, lo que afectaba tanto al sector energético como a la producción frutícola del Alto Valle.