El Gobierno afirma que son inconstitucionales los cupos de empleo local en provincias mineras

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, advirtió que los esquemas de empleo local implementados por distintas provincias argentinas resultan inconstitucionales, al contravenir principios fundamentales fijados por la Constitución Nacional sobre el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la regulación del comercio federal.

La postura oficial irrumpe en momentos en que las principales jurisdicciones con potencial minero vienen endureciendo sus normativas provinciales para garantizar que las empresas operadoras y contratistas contraten mano de obra local.

Estas regulaciones establecen cupos que obligan a las compañías a cubrir hasta el 90% de su nómina de trabajadores con residentes de cada provincia, una medida que genera fricciones entre el Gobierno central y los ejecutivos provinciales en medio del boom del litio y el cobre.

"Ninguna ley provincial ni nacional puede pasar por arriba de los principios constitucionales de igualdad y libertad de contratación", sostuvo Lucero al participar de un evento de Forbes, y al fijar la posición firme del Gobierno frente a los condicionamientos normativos que enfrentan los inversores.

En ese sentido, el funcionario remarcó que las exigencias territoriales terminan por distorsionar la competitividad del sector extractivo y atentan contra el desarrollo integral del país. "Si bien entendemos la necesidad de las provincias de generar valor y desarrollo socioeconómico en sus comunidades, imponer cupos rígidos de contratación genera una fragmentación del mercado laboral que no es admisible en un país federal", agregó.

Lucero también advirtió sobre el impacto directo que estas normativas tienen en la atracción de inversiones internacionales de escala. "El inversor busca reglas claras, previsibilidad y, sobre todo, acceso al mejor talento disponible sin discriminación geográfica". 

"Restringir la contratación por lugar de residencia no solo complica la operatividad diaria de los yacimientos, sino que coloca un freno innecesario a proyectos de escala global que la Argentina necesita poner en marcha con urgencia", agregó el secretario sobre el tema.

El mapa del cupo laboral en las provincias mineras

En la provincia de Salta, el marco regulatorio vigente establece que las empresas mineras radicadas en su territorio deben garantizar un mínimo del 80% de mano de obra local en sus plantillas directas e indirectas. La provincia, que concentra proyectos de litio de envergadura internacional en la Puna, busca con esta medida priorizar la contratación de residentes salteños y proveedores inscriptos en el registro provincial.

Por su parte, Jujuy aplica un esquema similar bajo la premisa de fomentar el desarrollo territorial en las comunidades originarias y departamentos donde se emplazan las minas. La normativa provincial exige que hasta el 85% del personal contratado pertenezca a la nómina de trabajadores con domicilio en la jurisdicción, obligando a las compañías operadoras a implementar programas acelerados de capacitación técnica para cubrir puestos calificados.

En Catamarca, la legislación local impone que el cupo de mano de obra provincia alcance hasta un 70% como piso, aunque en acuerdos específicos e iniciativas de impacto directo se promueven porcentajes de hasta el 90% para la fase de construcción de los yacimientos. Esta exigencia ha generado debates recurrentes con las empresas contratistas debido a la escasez de perfiles profesionales especializados en áreas operativas complejas.

En tanto, la provincia de Santa Cruz sostiene históricamente la vigencia de la denominada ley de "70/30", un régimen sancionado para la actividad metalífera que obliga a los emprendimientos mineros a incorporar no menos del 70% de personal con residencia legal en el territorio provincial. El esquema santacruceño ha servido de antecedente directo para la proliferación de normativas análogas en el resto de los distritos mineros del país.

El llamado a la seguridad jurídica y la capacitación

"No se trata de oponerse a que los habitantes de las provincias mineras trabajen en los proyectos de sus regiones, algo que resulta natural y deseable, sino de evitar que la pertenencia geográfica sea una barrera legal para el ejercicio del trabajo", profundizó el secretario de Minería respecto a la controversia jurídica.

El titular de la cartera sectorial puso el foco en la necesidad de reemplazar las imposiciones normativas por esquemas de formación profesional. "La verdadera solución para garantizar el empleo de las comunidades locales es la capacitación técnica continua y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, no la imposición de cupos por decreto o por ley provincial", remarcó.

Lucero enfatizó además que el marco legal que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones exige coherencia institucional en todos los niveles del Estado. "Para que el RIGI despliegue todo su potencial y capte los miles de millones de dólares que están pendientes en cobre y litio, las provincias deben alinearse con la legislación nacional y no generar aduanas internas ni restricciones al libre tránsito de profesionales", sostuvo.

A su vez, el funcionario instó a las autoridades provinciales a entablar un diálogo pragmático que evite un escenario de judicialización en el sector. "Debemos sentarnos a una mesa de trabajo junto a las provincias y el sector privado para unificar criterios. La judicialización de estos cupos laborales solo aportaría incertidumbre a un sector que requiere certezas de largo plazo", advirtió.

Finalmente, Lucero ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el estricto respeto al texto constitucional como garantía de desarrollo. "La República Argentina es un único mercado unificado. Respetar la Constitución Nacional no es una opción ideológica, es la única garantía real para consolidar la seguridad jurídica que nos transformará en un actor clave de la transición energética global", cerró.