Denuncian que una petrolera que opera en Malvinas fue beneficiada con el RIGI

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un detallado informe en el que denunció que la petrolera británica Harbour Energy plc forma parte del consorcio empresarial que accedió a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La controversia radica en que la firma cuenta con antecedentes de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino y arrastra una inhabilitación legal vigente dictada en 2013 por la Secretaría de Energía.

La acusación formal apunta a la aprobación del "Proyecto de Licuefacción de Gas Natural" en el Golfo de San Matías, provincia de Río Negro, gestionado por la firma Southern Energy S.A., en la cual Harbour Energy posee el 15% de la participación accionaria. A través de la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo le otorgó al emprendimiento la adhesión al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, lo que le garantiza exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias por décadas. Mientras tanto, el proyecto prevé un importante despliegue logístico en la Patagonia con la llegada mensual de buques para el traslado de unos 3.500 tubos de cañería.

El informe publicado por el legislador expone documentación del registro mercantil del Reino Unido (Companies House) para probar que Harbour Energy plc es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC (inscripta bajo el número de sociedad SC234781), habiendo realizado un mero cambio de denominación social el 31 de marzo de 2021. De acuerdo con el documento presentado por Ferraro, la situación administrativa y legal de la firma presenta los siguientes puntos clave:

• Inhabilitación administrativa firme: En septiembre de 2013, mediante la Resolución 481 de la Secretaría de Energía y amparándose en la Ley 26.659, el Estado argentino sancionó a Premier Oil PLC con una inhabilitación por el término de 15 años por desarrollar tareas de exploración en la plataforma continental cerca de Malvinas sin permiso oficial. Dicha sanción se encuentra vigente hasta 2028.
• Misma persona jurídica: La denuncia remarca que un cambio de nombre comercial no genera una entidad nueva ni extingue las sanciones vigentes. Por ende, la inhabilitación recae de forma directa sobre Harbour Energy.
• Incompatibilidad con el RIGI: La Ley 26.659 establece que las prohibiciones no solo alcanzan a las empresas operadoras, sino también a sus accionistas y controlantes, e impide expresamente al Estado nacional celebrar contratos o conceder beneficios a firmas alcanzadas por estas sanciones.

El pedido de explicaciones al Ministerio de Economía

Ante este escenario, Ferraro exigió que los ministros de Economía y de Finanzas brinden explicaciones públicas sobre los controles que fallaron al momento de dictaminar y aprobar la Resolución 559/2025. El diputado cuestionó la existencia de una "doble vara" por parte del Gobierno nacional, que mientras anuncia querellas y acciones administrativas contra empresas petroleras que actúan en el Atlántico Sur, de forma paralela convalida beneficios fiscales y cambiarios a un consorcio integrado por una compañía sancionada.

Asimismo, el informe de la Coalición Cívica advierte sobre la presencia de Harbour Energy en otras operaciones clave del país, como el control indirecto sobre el lote gasífero offshore Tauro-Sirius en la cuenca marina austral. El legislador solicitó que la Autoridad de Aplicación revise de forma inmediata la adhesión otorgada al proyecto gasífero en Río Negro y determine si corresponde revocar los incentivos otorgados o iniciar los sumarios correspondientes previstos en la normativa sobre soberanía hidrocarburífera.