La agroindustria urgió al Senado a votar la ley de biocombustibles

Un conjunto de 20 instituciones y cámaras del sector agroindustrial envió este martes una carta a los integrantes de la Cámara de Senadores para pedir el "urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria" del proyecto sobre el nuevo marco regulatorio de biocombustibles. La iniciativa cuenta con el dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda. 

Las entidades expresaron que "este texto constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina". A través del tratamiento del expediente S-809/26 y sus propuestas vinculadas, las organizaciones buscan establecer previsibilidad normativa y consolidar la agregación de valor a la producción agropecuaria en origen. 

La nota dirigida a la Cámara alta lleva la firma de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), el Consejo Agroindustrial Argentino, Barbechando, la Cámara de Bioetanol de Maíz, el Centro Azucarero Argentino, Coninagro, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras entidades del sector agroindustrial.

Entre los puntos centrales del documento, las cámaras exigieron fijar un "incremento en los cortes obligatorios" de biodiesel y bioetanol en las mezclas con gasoil y naftas. Según expresaron en el escrito, esta medida progresiva resulta determinante para "maximizar el uso de insumos de origen agroindustrial sustentables" dentro de la matriz energética nacional. 

En relación con el cuidado ambiental, los firmantes señalaron que la iniciativa permite "consolidar el rol de los biocombustibles como una herramienta efectiva para la descarbonización del transporte". En esa línea, destacaron que el avance de la norma posiciona al país en sintonía con "los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética". 

Proyección de inversiones y mercado competitivo

Al analizar el horizonte de negocios, la misiva subrayó que el texto "otorga 15 años de previsibilidad de inversiones para impulsar proyectos productivos". Esta estabilidad "posibilitará el surgimiento de nuevos productos en el mercado como el SAF o el biocombustible marítimo", ampliando las oportunidades de expansión industrial. 

Asimismo, las entidades remarcaron que "el proyecto ofrece asimismo perspectivas de crecimiento con un mercado libre mediante la incorporación de autos flex, kits específicos y estaciones de servicio con surtidores de etanol". Desde el sector empresarial sostuvieron que "la industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer". 

En el aspecto económico local, las instituciones sostuvieron que la ley impulsa "un esquema competitivo en la oferta de combustibles que cuida el bolsillo del consumidor final". A su vez, aseguraron que el desarrollo del sector generará un "impacto favorable en precios y economía regional", al tiempo que fomentará "el empleo federal y la agregación de valor". 

El proyecto, luego de más de un año de debate político, logró dictamen de mayoría el jueves pasado y todo indicaba que sería posible su tratamiento en el recinto del Senado este jueves 10, aunque no se descartaba que se sumaran cambios al articulado.

Las claves técnicas del nuevo marco regulatorio

El proyecto de ley que analiza el Senado busca reemplazar de forma integral el régimen fijado por la Ley 27.640. Para ello, unifica iniciativas impulsadas por bloques opositores y oficialistas junto con los reclamos de las provincias productoras agrupadas en la Liga Bioenergética. El objetivo central radica en sustituir las asignaciones discrecionales por mecanismos de libre competencia entre las firmas elaboradoras.

Uno de los pilares del texto es la modificación de las cuotas obligatorias de mezcla en los combustibles fósiles. Para el caso del bioetanol en las naftas, se establece una suba del 12% actual al 15% en un plazo de 12 meses, repartido en partes iguales entre el sector cañero y las plantas maiceras. A su vez, la norma contempla que el Poder Ejecutivo pueda elevar dicho porcentaje hasta un tope del 27% a medida que el parque automotor adopte la tecnología flex fuel.

En el segmento del biodiésel con el gasoil, la propuesta establece que el corte obligatorio parta del 7,5% actual y se eleve al 10% a los 12 meses de sancionada la ley, fijando un sendero progresivo de incremento a futuro.

El nuevo esquema habilita de manera gradual la participación de las grandes empresas aceiteras y exportadoras en la provisión del mercado interno, buscando dar fin a la histórica división entre pymes dedicadas al cupo local y multinacionales enfocadas en el comercio exterior.

Para asegurar la transparencia en la fijación de valores, la iniciativa elimina la facultad del Gobierno de fijar precios por resolución administrativa. En su lugar, el texto dispone la creación de licitaciones y subastas periódicas supervisadas dentro del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA) o plataformas afines. El propósito de este mecanismo es que la oferta y la demanda determinen los precios de referencia para cada tipo de insumo.

Autonomía provincial e incentivos impositivos 

El articulado también otorga mayores facultades a las provincias para fijar porcentajes de corte superiores dentro de sus jurisdicciones. Esta autonomía técnica facilitará el despliegue de programas locales para el transporte público y las flotas oficiales de carga, incentivando la instalación de surtidores dedicados e insumos puros (E100 y B100) en estaciones de servicio regionales.

En materia de incentivos tributarios, la propuesta legislativa diferencia el tratamiento de los insumos renovables frente a los derivados del petróleo. Los volúmenes utilizados para el corte obligatorio quedarán exentos de la carga correspondiente al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). Esta diferenciación busca compensar los costos productivos y sostener precios competitivos en los surtidores.

Por otra parte, la normativa contempla una ventana de adaptación para las refinerías de petróleo, autorizándolas a participar del mercado interno mediante procesos de co-procesamiento con materias primas orgánicas. Este reconocimiento técnico permitirá a las plantas refinadoras procesar aceites vegetales en sus instalaciones bajo un esquema gradual, promoviendo la reconversión tecnológica de la infraestructura nacional.

Finalmente, el proyecto fija garantías de seguridad jurídica y estabilidad fiscal por un período mínimo de 15 años para todas las inversiones productivas en el rubro. Con este amparo normativo, las empresas del sector proyectan el desarrollo de biocombustibles de segunda generación, como el combustible sostenible de aviación (SAF) y los derivados de uso marítimo, posicionando a la Argentina en el mercado global de insumos de baja huella de carbono.