Las energías renovables finalmente logran su estabilidad fiscal hasta 2045
El beneficio quedó blindado dentro del paquete energético que modificó zonas frías y garantiza a los proyectos dos décadas sin nuevos impuestos ni regalías
Las energías renovables finalmente tienen su estabilidad fiscal hasta 2045. Tras un largo recorrido parlamentario y negociaciones cruzadas en el Congreso, el Senado de la Nación convirtió en ley la prórroga por dos décadas de las garantías tributarias para la generación limpia.
La medida se aprobó como parte del paquete regulatorio que tuvo como eje la readecuación de los subsidios al gas en provincias del sur, funcionando como el vehículo legislativo para ratificar la extensión del artículo 17 de la Ley 27.191, cuyo vencimiento se había dado el 31 de diciembre de 2025.
Con esta sanción, el texto asegura de manera definitiva que el acceso y la explotación de fuentes renovables no podrán ser gravados con nuevos tributos específicos, cánones ni regalías por parte de la Nación, las provincias o los municipios.
Desde las empresas generadoras y las cámaras del sector aclararon en todo momento que no se trata de subsidios ni de exenciones extraordinarias, sino de un cerrojo de inmunidad fiscal pensado para evitar que sobretasas locales o impuestos de emergencia distorsionen los números de los parques en operación y de los proyectos en carpeta.
El trayecto de esta norma comenzó a acelerarse hace un año, impulsado por planteos técnicos de la industria y la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA). Luego de obtener la media sanción en Diputados en mayo, la propuesta encontró su canal de concreción final al integrarse en el dictamen que abordó cambios al régimen de zonas frías y la regularización de deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista y la reestructuración gasífera.
Certidumbre para las inversiones y la cesión de contratos
Para la industria eólica y solar, la promulgación de este texto representa un paso indispensable ante la naturaleza intensiva en capital de la actividad. La construcción de parques demanda horizontes de amortización de entre 15 y 20 años, por lo que la certeza sobre la carga impositiva resulta decisiva al momento de conseguir financiamiento internacional o cerrar contratos de abastecimiento entre privados (MATBA/PPA).
A lo largo de la última década, el marco de la Ley 27.191 permitió volcar más de u$s8.000 millones en inversiones y elevar la participación de las fuentes renovables en la matriz eléctrica desde un 2% hasta rozar el 20% del consumo nacional.
Con el nuevo horizonte a 2045 ratificado por ley, el sector privado cuenta con el respaldo legal para proyectar nuevas ampliaciones de capacidad, indispensables para abastecer la demanda de grandes emprendimientos industriales y mineros en la Argentina.
En forma paralela, la ley sancionada incluye una herramienta operativa complementaria: faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a autorizar la cesión a terceros de contratos de abastecimiento firmados por el sector público, siempre que se acredite que la transferencia es vital para destrabar el financiamiento y la puesta en marcha de los proyectos. De esta manera, el esquema combina el blindaje impositivo de largo plazo con medidas para acelerar la llegada de más megavatios limpios al sistema.
Qué es lo que requiere la industria renovable
La cámara que nuclea a la cadena de valor de esta industria celebró que la iniciativa contempla que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estén alcanzados por tributos específicos, cánones o regalías en ninguna jurisdicción del país, asegurando que las reglas de juego permanezcan claras y estables en el tiempo.
Para la CEA, lo central de esta prórroga es que ofrece estabilidad fiscal y jurídica de largo plazo. Esto permite proteger las inversiones ya realizadas y dar viabilidad a nuevos proyectos de gran escala, en un contexto en el que el crecimiento económico del país indefectiblemente demandará mayor generación eléctrica.
"La industria renovable no necesita subsidios ni beneficios fiscales adicionales. Lo que requiere es previsibilidad, un marco jurídico confiable y reglas claras para seguir invirtiendo con financiamiento de largo plazo. La estabilidad es, en sí misma, la mejor política de fomento", destacó Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la CEA.
El sector de las energías renovables es intensivo en capital y demanda horizontes de planificación de entre 15 y 20 años. Por eso, la continuidad de la Ley 27.191 constituye un instrumento clave para atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y contribuir a una matriz energética más diversificada y competitiva.
La CEA considera que esta prórroga refuerza la confianza de los inversores y brinda señales concretas para que la Argentina pueda seguir ampliando su capacidad renovable, generando empleo y desarrollando la cadena de valor local.
El país cuenta con un potencial extraordinario en energía eólica, solar y otras fuentes renovables. En la última década, estos recursos han permitido diversificar la matriz eléctrica, generar miles de empleos y atraer inversiones millonarias en infraestructura.
"La prórroga de la Ley 27.191 representa una oportunidad para profundizar este camino, garantizando que las energías renovables continúen siendo un motor de desarrollo económico, social y ambiental para la Argentina", concluded Ruiz Moreno.