Ambientalistas querían frenar obras para exportar GNL y la Justicia falló a favor de YPF

El Juzgado Federal de Viedma rechazó este viernes un pedido de entidades ambientalistas para suspender las obras que YPF realiza en el Golfo San Matías para exportar Gas Natural Licuado (GNL) que llega desde Vaca Muerta. El fallo consideró que frenar los trabajos afectaría compromisos en el marco del RIGI y "la mayor inversión privada de la historia argentina", impulsada por la petrolera estatal y sus socios internacionales.

La acción preventiva había sido promovida contra el consorcio Southern Energy S.A., integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG por la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Uno de los mayores compromisos económicos de inversión privada en la historia argentina

La medida cautelar buscaba prohibir todo movimiento de suelo, modificación del sector costero, obras marítimas, instalación de obradores y acopio de combustibles hasta que se dicte una sentencia definitiva y se realice una nueva Evaluación de Impacto Ambiental sobre la totalidad del plan.

Sin embargo, el juez federal subrogante Hugo Horacio Greca desestimó la suspensión al considerar que no se acreditó ni el "peligro en la demora ni la verosimilitud en el derecho".

En un tramo de su fallo, el magistrado advirtió sobre las consecuencias económicas e institucionales que tendría detener los trabajos en esta instancia: sostuvo que una medida de esa naturaleza golpearía directamente sobre "los mayores compromisos económicos de inversión privada en la historia argentina".

Además, remarcó que afectaría acuerdos político-administrativos entre la provincia de Río Negro e YPF; compromisos asumidos por los inversores con el Estado Nacional bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las autorizaciones de exportación otorgadas por el Ministerio de Economía.

La arquitectura del megaproyecto: tres etapas desde Vaca Muerta al mar

El fallo detalla la envergadura técnica del corredor industrial energético que busca extraer gas natural de Vaca Muerta, trasladarlo hacia el litoral marítimo rionegrino y someterlo a procesos criogénicos offshore para su exportación en buques metaneros.

El proyecto diseñado por Southern Energy se estructura en tres fases progresivas que incluyen instalación de unidades flotantes de licuefacción a 4,5 kilómetros de la costa, construcción de ductos submarinos y terrestres, y ampliación progresiva de la capacidad de procesamiento con nuevas unidades offshore.

Etapa I (Unidad Hilli Episeyo)

Contempla la instalación de una estación marítima a 4,5 kilómetros de la costa, dentro del Golfo San Matías, donde operará la primera unidad flotante de licuefacción (FLNG), denominada Hilli Episeyo. Para abastecerse desde el Gasoducto General San Martín, se construirá un ducto dividido en dos segmentos: un tramo terrestre de 14 kilómetros desde una cabecera —equipada con una planta compresora capaz de asegurar un caudal de 12 millones de metros cúbicos estándar por día— hasta una terminal costera, y un tramo submarino de 5 kilómetros hasta el dispositivo de amarre del buque. El esquema incluye líneas eléctricas y sistemas criogénicos.

Etapa II (Unidad Esperanza y gasoducto dedicado)

Prevé ampliar la capacidad de procesamiento mediante una segunda unidad flotante, identificada originalmente como FLNG MKII y rebautizada como buque Esperanza (actualmente puesta a punto en un astillero en China). Esta embarcación quedará fondeada a 3,5 kilómetros al norte de la primera unidad y también a 4,5 kilómetros de la costa. Su puesta en marcha demandará un nuevo tramo submarino, otro sistema de amarre, la ampliación de la planta compresora y la construcción de un gasoducto de 470 kilómetros que unirá Tratayén (Neuquén) con San Antonio (Río Negro). El 9 de noviembre, comenzaron las tareas de soldadura de los caños.

Etapa III

Según surge de las actuaciones, YPF anunció una tercera fase de crecimiento que sumará otras dos unidades flotantes de licuefacción, lo que exigirá nuevas ampliaciones en los ductos de transporte, terminales de atraque y redes de soporte logístico costero.

Los presuntos riesgos ambientales vs. el perjuicio económico, jurídico y energético

El expediente expone dos planos de afectación contrapuestos: por un lado, los riesgos ambientales y territoriales denunciados por las organizaciones; por otro, el perjuicio económico, jurídico y energético que sufrirían las empresas, los inversores y el Estado si se frena la obra.

Desde la perspectiva de las entidades ambientalistas, la ejecución del proyecto sin una evaluación integral pondría en riesgo una región compartida entre Río Negro y Chubut, cuya zona sur integra Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Según la demanda, el complejo y las rutas de los buques metaneros afectarían directamente el corredor biológico de especies clave como:

• La ballena franca austral
• El elefante marino del sur
• El lobo marino de un pelo
• El pingüino de Magallanes
• Orcas
• Delfines
• Aves playeras, tiburones y rayas

Asimismo, advirtieron sobre la ocupación del fondo marino sin autorizaciones portuarias y la falta de estudios suficientes sobre huella de carbono, emisiones de metano e impacto hídrico.

Al respecto, el juez Greca remarcó que la llegada de caños a la costa no configura por sí misma un daño ambiental fáctico inminente. Además, subrayó que los demandantes ni siquiera acompañaron al expediente las resoluciones provinciales (247/25 y 322/25) que aprobaron los estudios de impacto ambiental onshore y offshore y solo se limitaron a cuestionar criterios técnicos de la autoridad ambiental rionegrina.

Por otro lado, el magistrado puso el foco en los actores que resultarían gravemente perjudicados por una paralización cautelar sin sentencia de fondo.

En primer lugar, señaló a la propia Southern Energy S.A., a YPF y a los inversores privados, que ya asumieron enormes compromisos financieros y ejecutaron operaciones de logística internacional, como el traslado del Hilli Episeyo desde Camerún hasta Singapur para su acondicionamiento y el desembarco en San Antonio Oeste del buque Vigor, con 3.487 caños destinados al gasoducto San Matías.

En segundo término, apuntó al perjuicio que provocaría una medida cautelar de esta naturaleza al Estado Nacional y a la provincia de Río Negro, ya que una detención abrupta "vulneraría el marco de seguridad jurídica del RIGI y comprometería la estrategia de exportación energética de la Argentina".

Los fundamentos técnicos del rechazo

Para desestimar la cautelar, el magistrado también cuestionó la estrategia procesal de las asociaciones. Explicó que la acción preventiva del artículo 1711 del Código Civil y Comercial ya tiene una naturaleza anticipatoria, por lo que acoplarle una medida cautelar con idéntico objeto funcionaría en los hechos como una "sentencia anticipada" dictada sin escuchar previamente a la contraparte.

También descartó tratar en este fuero la situación de Harbour Energy —socia minoritaria del consorcio cuestionada por su antigua operación como Premier Oil en Malvinas— y recordó que esa denuncia ya tramita en la justicia penal federal porteña.

Finalmente, el juzgado intimó por cinco días a la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas para que explique por qué ocultó en su demanda que ya existe un expediente paralelo sobre la inconstitucionalidad de la ley rionegrina que habilitó la construcción de esta obra, el cual está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.