La visita de Hernán Lorenzino al FMI no despejó las dudas de los acreedores

El resultado del viaje del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, generó dudas entre los acreedores, que se preguntaron si el Gobierno solamente habrá buscado ganar tiempo o si entendió que debe sellar sus peleas externas para recibir fondos.

El diálogo de Lorenzino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó cierta distensión en Washington en el contexto de la difícil relación entre ambas partes, pero también confusión sobre la fecha de lanzamiento del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) nacional, según publica el diario La Nación este jueves.

El ministro, antes y durante su paso de 48 horas por la capital de EE.UU., dio a entender que el Gobierno está preparado para lanzar el nuevo IPC cuanto antes.

Lorenzino, quien informó a la presidenta Cristina Kirchner sobre el resultado de su viaje, apostó a suavizar este reporte, que antes de fin de año será analizado por el directorio que conduce Christine Lagarde.

Esta promesa permitió que en el organismo hubiera ayer una sensación de cierto alivio, sobre todo respecto de febrero pasado, cuando se decidió "censurar" al Gobierno por la falta de credibilidad de sus cifras de inflación y crecimiento. Una fuente con acceso a las negociaciones indicó que la decisión de viajar haya sido "too little, too late" (muy poco y muy tarde), luego de más de dos años en los que el Fondo ofreció "muchas alternativas al Gobierno antes de empezar con el proceso de sanciones".

En particular, el Departamento de Estadísticas del FMI trató de llegar a un acuerdo con el Indec, pero, por decisión del Gobierno, no hubo avances hasta que no comenzó el castigo, inédito para un socio del organismo de crédito.

Por esta razón, en el Palacio de Hacienda había cierta confusión: ¿se lanzará el IPC nuevo el mes que viene para que el organismo no sea lapidario?

O, como dejó trascender el Indec, ¿comenzarán las pruebas piloto en enero próximo y recién en 2015 se medirá oficialmente con este indicador?

Más allá de los tiempos, lo que repite el FMI es que quiere que el nuevo IPC "esté alineado a los estándares internacionales", es decir, más cerca del resultado que arrojan las mediciones provinciales que el IPC metropolitano.

Al respecto, una fuente del Palacio de Hacienda indicó a La Nación que "a priori el objetivo es tener una senda de convergencia" del IPC metropolitano con la inflación real, cercana al 25 por ciento, "porque si no todo este esfuerzo de diálogo con el FMI no tiene ningún sentido".

Sin embargo, en Economía reconocen que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -que en los hechos maneja el Indec-, se resiste a este supuesto sinceramiento.

"Hay mucho enojo porque Moreno sigue siendo inflexible, pero, a diferencia del pasado, ya no es intocable porque no logra resultados para mostrar hacia dentro del Gobierno, ni con la inflación, ni con el blanqueo, ni con los planes de aliento al consumo, como la Supercard", indicó el funcionario.

Esto no significa que Moreno vaya a ser reemplazado, entre otros motivos, porque la Presidenta lo defenderá mientras todos lo cuestionan, una estrategia que resulta muy funcional a los planes de la oposición.

La deuda en defaultLas mismas dudas sobre el rumbo oficial existen sobre la deuda con los bonistas y con las empresas que ganaron juicios en el Ciadi.

La visión optimista del mercado -minoritaria- es que el Gobierno se anticipe a un posible revés en la Corte Suprema de EE.UU. y negocie con los fondos buitre a través de los grupos inversores que entrarán en el canje, como Gramercy y Fintech. Éstos podrían comprarles la deuda en default a los litigantes a cambio de alguna compensación por parte del Poder Ejecutivo. Pero la mayoría de los inversores creen que el Gobierno esperará a agotar todos los pasos procesales para que el costo de un fallo adverso lo pague el próximo gobierno.

En cuanto al Ciadi, se espera que ejecutivos de los fondos Blue Ridge y Azurix viajen a Buenos Aires en unos días más para ver si cierran un acuerdo económico para cobrarle al Gobierno luego de varios años de espera. Esta salida sería con una quita, mediante bonos públicos, que podrían ser Boden 15, Bonar o hasta los poco exitosos Baade del blanqueo, concluye el matutino.