Obama rechazó demanda buitre en La Haya y el juez Griesa amenazó con declarar al paí­s en "desacato"

Desde el Departamento de Estado dijeron que desconocen la jurisdicción de ese tribunal para tratar el recurso del Gobierno sobre los holdout
Obama rechazó demanda buitre en La Haya y el juez Griesa amenazó con declarar al paí­s en "desacato"

Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que la administración de Barack Obama desconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya para que sea el ámbito de discusión de la demanda que presentó el Gobierno argentino a propósito del litigio con los holdouts. 

Así lo informó un corresponsal de la agencia AP en Washington un día después de que la Argentina oficializara el pedido.

Tras la falta de un acuerdo con los fondos en la disputa que lleva adelante el juez Thomas Griesa, el Poder Ejecutivo sorprendió el jueves al hacer efectivas las advertencias de funcionarios del gabinete de llevar el tema a foros internacionales.

En la presentación que hizo ante la Corte Penal Internacional (CIJ), sostuvo que "los Estados Unidos realizaron violaciones de la soberanía argentina y otras ilegalidades como resultado de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales estadounidenses en relación a la reestructuración de la deuda pública".

La Corte Internacional giró entonces la presentación al gobierno de los Estados Unidos, cuya conformidad determinaría si la demanda prosperaba. Finalmente no ocurrió, según informó Infobae.

Un portavoz del Departamento de Estado de dicho pais estadounidense expresó que "no consideramos a la CIJ como el foro apropiado para tratar los temas de la deuda argentina" y que ese país debería negociar con sus acreedores. El punto central aquí es que si EE.UU. no acepta la jurisdicción de la CIJ, no hay posibilidad de juicio.

En el escrito enviado al tribunal, la Argentina consideró que "la responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones que menciona surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial". Y agregó que "dado que el Estado es responsable de la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados unidos", por lo que la somete a la Corte Internacional.

Atento a que los EE.UU. podían desestimar el recurso, el Gobierno señaló que "ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia", según la nota.

El jueves por la noche, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había evaluado como "razonable" que Washington aceptara la jurisdicción de La Haya para "discutir abiertamente el problema de parcialidad".

Especialistas consultados por Infobae habían definido la apuesta del Gobierno como poco probable. "La Argentina lo que está haciendo es tratar de montar presión política, para hacer un reclamo donde la batalla judicial está perdida, y no veo posibilidad alguna de que los EE.UU. acepten ese pedido", dijo Rodrigo Olivares-Caminal, professor in Banking and Finance at the Centre for Commercial Law Studies en la Queen Mary University of London.

¿Qué pasó en la audiencia?
Griesa calificó las informaciones que publicó la Argentina en diversos medios a modo de solicitada como "falsas y engañosas", al tiempo que instó nuevamente al país a llegar a un acuerdo con los holdouts.

En las primeras manifestaciones que hizo a las partes en la audiencia, Griesa dijo que la Argentina "omitió" decirle "al público" que tiene una sentencia que cumplir y destacó que solo son "legítimos" los pagos hechos con orden judicial y exigió "seguir negociando con el mediador".

Además, el magistrado sostuvo que el depósito de u$s539 millones realizado por la Argentina en el Bank of New York "no constituye un pago", según información que circula en medios internacionales.

Los abogados de la Argentina, se limitaron a aclarar ante el magistrado no ayudaron a preparar la notificación legal que hizo conocer la Argentina a través de los medios y molestó a Grisa.

Antes del cierre de la audiencia Jonathan Blackman, del Estudio Cleary Gottlieb -contratado por el Ejecutivo- explicó que "siendo mi cliente un Gobierno, tiene permitido hacer declaraciones públicas", mientras que el juez le señaló que se "alegraba" que no haya participado.

La solicitada de la polémica
Tras reiterar que el país cumplió en tiempo y forma el pago de los importes de los vencimientos de los títulos, en el escrito, publicado en medios influyentes de todo el mundo y que llevó la firma del Ministerio de Economía, se volvió a criticar la decisión del magistrado de Nueva York, al afirmar que "no tiene jurisdicción sobre los bonos reestructurados" y también cuestiona al mediador Daniel Pollack.

"Le recordamos a los bonistas que existen varios derechos- y sus consecuentes remedios judiciales- a su disposición para el caso que el Agente Fiduciario [BNY] incumpla con sus obligaciones, en particular transferir los importes por los pagos que la República Argentina ha realizado a su favor", se sostenía en el documento.

Además, el comunicado citaba como ejemplo la posibilidad de "remover al Agente Fiduciario del cargo en cualquier momento y designar un sucesor".

Asimismo indicaba que esas acciones no son en prejuicio de realizar otras acciones, entre ellas, la de apelar las órdenes judiciales de la Corte del Distrito de Nueva York para "hacer valer sus derechos toda vez que se le están reteniendo indebidamente fondos que son de su exclusiva propiedad".