El eslabón sorpresa del Gobierno para empujar el blanqueo se llama "Fondo Común Cerrado" y recién podría estar disponible a partir de octubre. Si bien su naturaleza financiera resultará familiar para cualquiera con algún conocimiento del mercado de capitales, los planes que el ministro Prat- Gay tiene reservados para este instrumento no lo son tanto.

Mientras en los fondos abiertos la cantidad de cuotapartes en circulación puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida del fondo (dependiendo de la cantidad de cuotapartes que se emitan), los fondos cerrados se constituyen con una cantidad fija máxima que se emiten en la etapa de colocación y que luego no puede aumentarse o disminuirse.

En estos últimos, el inversor también puede salir de la inversión, aunque solamente vendiendo sus cuotapartes a otro inversor en un mercado de valores, o esperando hasta la finalización del plan de inversión.

Con el blanqueo vigente, las alternativas que están disponibles en la actualidad no son todas las que se han pensado en el Palacio de Hacienda. El menú de bonos para cualquiera que pretenda ingresar sus recursos no declarados al país podría no ser suficientemente tentador y en el despacho de la calle Balcarce no sólo lo saben; también actúan en consecuencia.

Por esa razón, el secretario de Finanzas Luis Caputo mantuvo numerosas reuniones en las últimas semanas con los principales actores del sector. Los u$s 50.000 millones que el Gobierno estima, en silencio, que podría arrojar toda la iniciativa necesita, en el caso de los fondos cerrados, de varios cambios que aún no han sido llevados a cabo.

Uno de ellos, que ahora prepara el oficialismo en el Congreso, es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.

El dato es que la ley que rige en la actualidad obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) cerrados a pagar una cantidad de impuestos que anularían los niveles de rentabilidad que lo harían atractivo.

"Con la legislación actual estos fondos son ineficientes porque pagan IVA; ingresos brutos; débitos y créditos; ganancia mínima presunta e impuesto a las ganancias", señala Jackie Maubré, directora de Grupo Cohen, una de las firmas tradicionales en el desarrollo de fondos comunes de inversión.

Por esa razón, la iniciativa del oficialismo en el parlamento contendrá un capítulo específico dedicado a los FCI cerrados con exenciones en materia impositiva. Si la modificación termina saliendo en el mes de septiembre, es probable que recién en octubre pueda optarse por esta nueva herramienta financiera.

Como se sabe, la Ley de Sinceramiento Fiscal exceptúa del pago del impuesto especial a quienes inviertan en los títulos públicos que emitirá el Estado a tres y a siete años de plazo y a los fondos comunes de inversión. En este caso, el objeto de los fondos deben ser la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI), desarrollo de economías regionales "y demás objetos vinculados con la economía real".

¿Cuáles son los sectores con mayor potencial? Desde el Grupo Cohen señalan tres en especial: uno de ellos es energías renovables, donde el Gobierno nacional tiene un plan que se extiende hasta el 2025, en el que fija que para esa fecha que el 25% de la generación eléctrica debe provenir de este tipo de energías. El otro sector, es el ganadero, cuyo principal objetivo es recomponer el stock que se perdió en los últimos años en la Argentina.

Otro de los sectores donde habrá más "jugadores", es el sector inmobiliario. Según señalan en Cohen, existe también la posibilidad de que estos fondos de inversión incluyan a inversores internacionales pero con la posibilidad de que el dinero que no esté asociado con el blanqueo, que tenga libre disponibilidad.

Según trascendió, la tasa de retorno de estos fondos podría trepar en algunos casos al 15% en dólares, aunque el requisito para no pagar el "impuesto especial" del blanqueo es que el capital deberá permanecer estacionado por un plazo de, como mínimo, 5 años, según informa El Cronista.

Según la ley, cada uno de estos fondos debe tener al menos tres proyectos en el que ninguno puede tener participación mayor del 50% sobre el total; un mínimo 10 inversores y el tamaño del fondo mínimo debe ser de u$s 10 millones. A la vez, la reglamentación fue muy cuidadosa en no permitir que en estos fondos se utilice el stock existente.

Tienen que ser todos desarrollos de cero y por eso serán el conector natural entre el dinero y el desarrollo de la economía.