Si bien se creía que las presiones de los "fondos buitre" eran algo del pasado, más aún después de que el Gobierno solucionó la deuda que estaba en default con esta clase de inversores en 2016 (cuando se pagó cash u$s9.300 millones), un día volvieron.

En rigor, uno de esos fondos -considerado incluso el más "intransigente"- elevó este lunes una demanda contra el país. Ya no esta vez por algún bono que no se pagó, sino por la manipulación que el gobierno de Cristina Kirchner hizo con el Indec: disfrazar las estadísticas impactó negativamente en el cupón atado al PBI, un instrumento que emitió el país en el canje del 2005 y que básicamente actúa como un plus a los inversores si la economía crece. 

El fondo Aurelius, que junto a Elliott Management de Paul Singer lideraron la "lucha" en los tribunales de Nueva York por la deuda en default, comenzó el reclamo ante la Corte del Distrito Sur de esa ciudad donde se desempeñaba anteriormente el ahora fallecido Thomas Griesa. 

"Esta es una acción por incumplimiento de contrato publicada para recuperar montos impagos por valores emitidos por la República Argentina", dice el escrito de Aurelius, al que accedió iProfesional. 

El monto que están pidiendo ronda los u$s84 millones "más todos los interés" que surjan hasta que salga la sentencia y se produzca el pago. 

La causa que acaba de lanzar Aurelius no es por alguna acción reciente del Gobierno de Mauricio Macri. Se remonta al kirchenrismo y más específicamente al "dibujo" que se hizo en 2014 para no pagar los cupones por el crecimiento del 2013 (siempre se abona año vencido). 

Este instrumento funciona básicamente así: si el PBI crece más de un porcentaje estipulado -que en ese caso era del 3,2%-, el Gobierno tiene que pagarle a los tenedores de esos cupones por el excedente entre la tasa de crecimiento real y ese límite que dispara el pago.

A inicios de 2014, el por entonces ministro de Economía e intocable del kirchnerismo Axel Kicillof, informó que el Indec -intervenido por Guillermo Moreno- había calculado el crecimiento del 2013 en 3%.

Esa suba, muy inferior a lo que se creía e incluso 2 puntos menos a lo que había estimado el mismo kirchnerismo, hizo que el Gobierno pudiera esquivar ese "premio" a los inversores. Kicillof le hizo "ahorrar" al Estado alrededor de u$s3.500 millones. Ese mismo día, por tras conocerse el número del PBI más bajo de lo creía el mercado, los cupones se desplomaron 50%. 

Oficialmente la explicación de ese momento, que otorgó el mismo Kicillof junto a los cuestionados funcionario del Indec como Ana María Edwin y Norberto Itzcovich, fue que habían decidido revisar el cálculo del índice, tomando como año base ya no 1993 sino 2004. Así, el PBI creció menos de lo que habían dicho que iba suceder pudieron esquivar el pago del cupón a los inversores.   

"Para el año de referencia 2013, las condiciones para que el país tuviera que realizar los pagos fueron satisfechas", dice el paper de Aurelius presentado en los tribunales de Nueva York.

Como resultado, acotan, los cupones "requerían que Argentina pagara" a los inversores extranjeros alrededor de u$s1.321 millones. "Esa cantidad debería haber sido pagada en dciembre de 2014. La Argentina ha incumplido sus contractuales obligaciones por no realizar este pago", solicta Aureluis bajo la firma de abogados Firedman Kaplan Seiler & Adelman LLP. 

Caputo la vio venir

El entonces ministro de Finanzas y ex Banco Central, Luis Caputo, ya venía advirtiendo que se venían tiempos difíciles con estos cupones PBI. El otrora hombre fuerte del equipo económico de Cambiemos, antes de desembarcar en el Central, afirmaba que la solución para estos instrumentos era “complicada”.

Finanzas venía trabajando con el procurador del Tesoro sobre como lidiar con este tema ya que convivieron dos series estadísticas durante 8 o 9 años, y en el prospecto del cupón no está contemplado eso.

Caputo decía que el mercado estaba pidiendo que el Gobierno decidiera si el "empalme" de 2004 (o sea el que utilizó Kicillof) era el correcto o la serie del PBI se tenía que seguir tomando con la de 1993, como sucedía antes.  

El macrismo creía que se podía hacer algo intermedio para que no termine siendo una ola de juicios, algo que se empieza a ver ahora con la demanda de Aurelius. 

“Va a traer complicaciones, esperemos que no, pero podría ser. Estamos esperando una decisión legal”, había puntualizado el ex ministro de Finanzas en abril del 2018, última vez que desde esa cartera se hablaba de tomar alguna decisión sobre los cupones. Caputo ya había advertido que “si la ley dice que el empalme es el que favorece al mercado, se nos van a venir todos de punta a nosotros. Si nos favorece, probablemente nos van a hacer juicio afuera, pero es lo que hay, producto de esa alteración que hubo en las estadísticas y del consenso de que una de las series estaba manipulada”.

Hacia adelante, el temor es que si la justicia de EEUU avala este pedido, se venga una ola de demandas colectivas contra la Argentina por el no pago de los cupones ese año. Se desconoce a qué importe podría sumar pero lo cierto es que al Gobierno se le abre otro frente de litigios en Nueva York de manera impensada.