El derrumbe histórico que vivieron los mercados globales, arrastrados por la mayor caída del petróleo en 29 años en medio de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia además del temor de que la expansión del coronavirus lleve al mundo a una recesión, impactó de lleno en los activos argentinos.

Mientras Wall Street cayó casi 8%, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se hundieron hasta 28%, los bonos en dólares perdieron más de 8% en promedio y el riesgo país saltó 15,6% hasta los 2.791 puntos.

El colapso sumó nuevos problemas al ya complicado proceso de renegociación de la deuda, que entró en su recta final: con títulos a precio de remate, preocupa un ingreso masivo de los fondos buitres.

Las bajas paridades hacían que los acreedores pudieran prever mejoras en sus tenencias aún con escenarios de quitas altas y tender a acordar.

Pero con el desplome, todos las paridades de todos los títulos soberanos perforaron el piso del 40% e ingresaron a lo que en el mercado denominan "zona buitre".

Estos fondos, ligados a bufetes de abogados, no apuntan a obtener ganancias a través de la especulación financiera y, por ende, no son proclives a la negociación y menos aún a aceptar quitas. Su negocio es comprar papeles a precio de default y litigar en los tribunales neoyorkinos para intentar cobrar el 100% del valor original del título. El recuerdo de Paul Singer y el juez Thomas Griesa todavía está fresco en Argentina.

A diferencia de los canjes de 2005/2010, los bonos bajo ley que el Gobierno apunta a reestructurar cuentan hoy con cláusulas de acción colectiva (CAC), también conocidas como antibuitres, que limitan su capacidad de obstruir un acuerdo. Es que las CAC pautan que si el 66%, 75% o el 85% de los tenedores de cada títulos, según cada caso, aceptan la oferta que el Gobierno lanzará entre esta y la próxima semana el cambio de condiciones se hará extensivo al conjunto de los acreedores, incluidos los buitres.