El ministro Martín Guzmán afirmó que el Gobierno está dispuesto a considerar una propuesta de los acreedores siempre que contemple en forma combinada tanto reducciones de intereses o capital como extensiones de vencimientos y del período de gracia.

Luego del rechazo generalizado de la oferta inicial, el Gobierno sostuvo que está abierto a nuevas propuestas de sus acreedores para reestructurar $65.000 millones de deuda externa, lo que indica una mayor disposición a negociar enconversaciones para evitar otro incumplimiento caótico.

"Estamos dispuestos a considerar cualquier combinaciónde reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible", enfatizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones a Bloomberg News en una entrevista, a horas de que la ventana de aceptación de la oferta expire.

"Somos flexibles en términos de combinaciones de parámetros. La esencia es la sostenibilidad", acotó.

Grandes grupos de acreedores ya rechazaron la propuesta de Argentina, que incluye una reducción del 5,4% en el capital, un recorte del 62% en los pagos de intereses y un período de tres años de gracia antes de los primeros vencimientos. Si no se llega a un acuerdo antes del 22 de mayo y Argentina no paga, el país entrará en default.

Durante la entrevista, Guzmán reveló que el Gobierno ya hizo una concesión de su postura original sobre el período de gracia. "En los términos originales que presentamos, incluimos un período de gracia de cuatro años. Pero entendiendo cuán crítico fue esto para nuestros acreedores, hemos reducido el período de gracia a tres años", dijo.

Entre las opciones que el Gobierno está dispuesto a considerar para impulsar la aceptación de los acreedores se encuentra algún tipo de estímulo o "instrumento de recuperación de valor", "siempre que esté dentro de las pautas de deuda del país", agregó el ministro.

Argentina emitió los llamados warrants del PIB durante sus reestructuraciones de 2005 y 2010. Los instrumentos, que desencadenan pagos cuando la economía se expande más del 3% en un año, se pagaron en seis de sus primeros siete años.

Esta vez, el Gobierno es "flexible" con el tipo de instrumentos que podrían diseñarse e incluirse, dijo Guzmán. Si bien los funcionarios inicialmente plantearon la posibilidad, no obtuvieron buena recepción entre los acreedores, por lo que no se incluyeron en el plan oficial.

La administración nacional no es la única con una inminente fecha límite de deuda. La provincia de Buenos Aires, la que tiene el mayor número de habitantes, enfrenta una fecha límite para el 18 de mayo la cual podría desencadenar un incumplimiento. El ministro descartó la posibilidad de un rescate del Gobierno nacional para evitarlo.

"El Gobierno no da rescates para pagar deudas insostenibles", dijo Guzmán. "Cada provincia se enfrenta a una realidad diferente. Las que enfrentan problemas de insostenibilidad de la deuda liderarán sus propios procesos para restaurar la sostenibilidad".

El ministro anticipó que no retrasará la fecha límite del 8 de mayo a menos que haya "nuevos elementos", como una propuesta por escrito de los acreedores que justifique una extensión. Hasta ahora, solo recibió una de esas propuestas del administrador de activos BlackRock el 11 de abril, que el gobierno hizo público el martes pasado.

El ministro también descartó las versiones que indican que las negociaciones se archivarían hasta que la incertidumbre que rodea la pandemia decoronavirus desaparezca.

"No es nuestra intención retrasar la resolución del problema", dijo Guzmán. "Estamos en un entorno muy incierto y hacer algo que aleje el problema no será efectivo para reducir la incertidumbre", concluyó.